Entre las 10 víctimas localizadas figuran dos funcionarios municipales de Fresnillo y seis empresarios de la región. Camacho Osnaya explicó que las diligencias periciales y las entrevistas con familiares y testigos han permitido reconstruir el momento en que las víctimas salieron de sus domicilios, entre el 16 y el 18 de julio, previo al hallazgo de los cuerpos. El fiscal señaló que la investigación no busca fincar responsabilidad política al alcalde, sino recabar información, en tanto uno de los servidores públicos asesinados formaba parte de su administración.
Uno de los funcionarios asesinados es Fidel Álvaro de la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Fresnillo. Según el fiscal, De la Torre tenía capacidad de decisión sobre la gestión de obra pública, el otorgamiento de permisos y recursos municipales, así como en la organización de la Feria Nacional de Fresnillo. La Fiscalía estableció, con los datos recabados hasta ahora, que todos los empresarios asesinados mantenían algún tipo de relación con él.
"Su testimonio va a ser parte fundamental y esencial para poder esclarecer este hecho tan lamentable. La persona que estaba bajo su cargo hoy está sin vida y él debe tener conocimiento de los alcances de su función como servidor público", expresó Camacho Osnaya al dirigirse al alcalde. El fiscal precisó que el emplazamiento se debió a que personal de la institución no pudo entrevistar al edil el miércoles "debido a cuestiones de salud", según la explicación oficial.
Bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, quien es citado a declarar puede comparecer como testigo sin que ello implique una imputación, figura distinta a la de indiciado.
La vertiente financiera y la participación de las víctimas
La investigación derivó también en una pesquisa de carácter patrimonial. El fiscal reveló que se analizan 14 cuentas bancarias de personas físicas y morales, de las cuales nueve ya fueron congeladas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. Camacho Osnaya se reservó la identidad de los titulares, al argumentar que hacerlo comprometería el sigilo de las diligencias. El congelamiento de cuentas es una medida cautelar que la UIF puede aplicar mediante el bloqueo de operaciones cuando existen indicios de recursos de procedencia ilícita.
Uno de los elementos más delicados de la indagatoria es la posible participación de las propias víctimas en el esquema delictivo. El fiscal precisó que existen datos que apuntan a que al menos dos de los empresarios asesinados tuvieron intervención dentro del círculo de extorsión, aunque aclaró que esa participación "pudo haber ocurrido de manera voluntaria o bajo coacción". Subrayó que mencionar esos datos no busca revictimizar a las personas fallecidas, sino que forman parte de la línea de investigación, dado que no existen denuncias por esos hechos.
Camacho Osnaya insistió en que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por extorsión, lo que dificulta precisar los alcances de la presunta red antes de los homicidios. La única excepción documentada es la del expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón, también empresario, quien de acuerdo con las evidencias sí fue privado de la libertad, a diferencia del resto de las víctimas, que habrían salido de sus domicilios por voluntad propia. La indagatoria también contempla la desaparición de un empresario originario de Jiménez del Teul.
Zacatecas ha figurado de manera recurrente entre las entidades con mayores tasas de homicidio doloso en los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un contexto de disputas territoriales entre grupos criminales. La extorsión a empresarios y comerciantes ha sido reportada como una de las expresiones de esa violencia en el norte del país.
El caso se inscribe en una serie de agresiones contra servidores públicos municipales en México, un fenómeno que se agudizó durante el sexenio 2012-2018 con el asesinato de decenas de alcaldes, precandidatos y funcionarios locales, y que ha mantenido a los ayuntamientos como uno de los eslabones más vulnerables frente a la delincuencia organizada. La muerte de un secretario municipal en funciones, como en el presente caso, se suma a esa casuística.
La Fiscalía Especializada de Alto Impacto deberá determinar en las próximas semanas si la comparecencia del alcalde aporta elementos para vincular a otras personas a proceso, además de dar seguimiento a la vertiente financiera abierta con el congelamiento de cuentas. La institución no ha señalado plazos definidos para el desahogo completo de las diligencias ni ha adelantado si se solicitarán órdenes de aprehensión adicionales; el caso permanece bajo reserva en varios de sus componentes, en particular la identidad de los titulares de las cuentas bloqueadas.