Según el relato de Mancuso, el encuentro en Valledupar había sido pactado un año antes con el propio presidente Petro en Montería, para cerrar el proceso derivado del Pacto de Ralito, el acuerdo que selló en 2003 la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El exjefe paramilitar sostuvo que ese objetivo se desvirtuó cuando, ya en la capital del Cesar, delegados gubernamentales plantearon una condición distinta a la acordada.
"Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería, para una sola cosa: cerrar el proceso de Ralito", contó Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC.
"A Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras", relató Mancuso sobre los nombres que, según su versión, le pidieron señalar quienes representaban al Gobierno en esa mesa. El excomandante identificó a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y al exasesor presidencial Víctor de Currea-Lugo como las personas que habrían formulado la solicitud. Afirmó que ninguno de los presentes aceptó la propuesta.
"Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos, no hubo entrevistas ni declaraciones. Esa mesa no volvió a convocarse", aseguró Salvatore Mancuso.
Mancuso separó la responsabilidad directa del presidente de la de sus delegados: sostuvo que Petro nunca le planteó personalmente la incriminación de los tres dirigentes, aunque confirmó que los funcionarios que lo representaban en esa mesa sí se lo expresaron de manera explícita.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, fue uno de los primeros congresistas en reaccionar y anunciar que adelantaría recursos ante el ente investigador.
"A la Fiscalía General de la Nación le solicitamos la mayor diligencia a la hora de investigar los recientes hechos conocidos en voz del propio Salvatore Mancuso quien expresó que funcionarios del gobierno Petro, con nombre propio, Angie Rodríguez y el señor Currea-Lugo hubiesen invitado a tener testimonios en contra de figuras como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras o Abelardo De La Espriella", aseguró el senador Hernán Cadavid.
Familiares y voceros cercanos al expresidente Uribe y al exvicepresidente Vargas Lleras adelantarían trámites similares ante la Fiscalía para pedir que se investigue a Petro, al exministro Armando Benedetti y al periodista y exembajador Hollman Morris por los hechos narrados. El Centro Democrático y Cambio Radical, las colectividades a las que pertenecen los dirigentes mencionados en el presunto pacto, han mantenido una posición crítica frente al Gobierno desde el inicio de la actual legislatura.
El episodio remite al acto público de Montería en que Petro entregó un sombrero vueltiao a Mancuso, gesto interpretado entonces como cierre simbólico del proceso de desmovilización de las AUC iniciado hace más de dos décadas. El Pacto de Ralito, suscrito en 2003 entre el Gobierno y jefes paramilitares, dio paso a la Ley de Justicia y Paz de 2005, marco bajo el cual se rigieron la desmovilización y las penas de los excomandantes de las autodefensas. Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y la oposición que ya ha protagonizado cruces en otros frentes, como el que mantiene De La Espriella con la gobernadora de San Andrés y la congresista Jay-Pang por asuntos territoriales del archipiélago.
El propio Mancuso insistió en que su versión debe contrastarse con los hechos verificables antes de darle crédito. "No me crean a mí, miren los hechos", repitió el excomandante, al subrayar que tras el fallido encuentro en Valledupar la mesa con el Gobierno no volvió a reunirse.
