El acto de Cotobade, cita tradicional del PP para marcar el rumbo político de cara al nuevo curso, sirvió a Feijóo para presentar 2026 como «el año del Gobierno del cambio», en una apelación al electorado ante el ciclo electoral que el dirigente considera próximo. El líder gallego, que preside el partido desde abril de 2022, situó su intervención en un tono marcadamente electoral, combinando la crítica a la acción del Ejecutivo con un llamamiento a la movilización.
La crisis de Ceuta, que en los últimos días ha concentrado buena parte de la agenda política nacional, ocupó una parte sustancial del discurso. Feijóo calificó de «descontrolada» la situación en la ciudad autónoma y acusó al Gobierno de inoperancia en la gestión de la llegada de migrantes, en línea con las críticas que el PP viene formulando desde finales de agosto. El primer compromiso anunciado por el dirigente fue su presencia en la concentración convocada para el próximo 2 de septiembre en las plazas de los municipios españoles, movilización que, según señaló, cuenta con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Feijóo confirmó que él mismo acudirá a la concentración prevista en Ceuta esa tarde, a las ocho, para remarcar que «Ceuta no está sola» y que la ciudad autónoma «es tan España» como cualquier otro territorio.
El segundo anuncio afecta al funcionamiento institucional: el PP convocará a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para que comparezca en el Senado «para contar la verdad», en palabras del propio líder popular. El partido dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta desde las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, lo que le permite fijar unilateralmente el calendario de sesiones, una facultad que ya había ejercido al citar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien declinó acudir hasta el inicio del periodo de sesiones, previsto para septiembre.
El tercer compromiso es de naturaleza judicial: el PP se personará como parte en la causa abierta en la Audiencia Nacional en relación con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo declarado de que «los responsables del abandono de Ceuta tengan que rendir cuentas ante la justicia». La personación de un partido en causas penales de relevancia pública no es inédita en la vida institucional española; formaciones de distinto signo han recurrido a esta vía en asuntos de gran repercusión, si bien su efecto procesal depende en última instancia de que el tribunal admita la acusación popular o la condición de parte que se invoque.
Ceuta, ciudad autónoma de algo más de 84.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025, ha sido en las últimas dos décadas uno de los puntos de mayor tensión migratoria de la frontera sur de la Unión Europea, junto con Melilla. La valla fronteriza con Marruecos y su proximidad al estrecho de Gibraltar la convierten en un enclave donde convergen la política migratoria española, las relaciones bilaterales con Rabat y los compromisos derivados del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en fase de aplicación progresiva por los Estados miembros.
El Gobierno no había respondido públicamente con el mismo nivel de detalle a las acusaciones de Feijóo en la jornada de este sábado. En intervenciones previas relacionadas con la crisis fronteriza, el Ejecutivo ha defendido la gestión del Ministerio del Interior y ha atribuido parte de la presión migratoria a factores externos, como la situación en el norte de África y la cooperación variable de Marruecos en el control de sus costas.
La exigencia de elecciones anticipadas, que el PP ha elevado en los últimos días como parte de su ofensiva por Ceuta, se enmarca en un contexto de legislatura fragmentada, en el que el Ejecutivo de Sánchez depende de mayorías parlamentarias variables desde su formación tras las elecciones generales de julio de 2023. La Constitución española, en su artículo 115, otorga al presidente del Gobierno —y no a la oposición— la facultad de disolver las Cámaras y convocar elecciones, salvo en los supuestos de investidura fallida contemplados en el artículo 99.
El precedente más directo de una crisis migratoria con impacto político comparable se remonta a mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas en el marco de una crisis diplomática con Marruecos, episodio que entonces también derivó en comparecencias parlamentarias y en un intenso debate sobre la gestión fronteriza del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
El Senado ha sido escenario recurrente de la tensión institucional entre el Ejecutivo y la Cámara Alta durante esta legislatura. La facultad de fijar el calendario de comisiones y comparecencias corresponde a la Mesa de cada comisión, de mayoría popular, lo que explica que el Gobierno haya optado en ocasiones anteriores por posponer comparecencias hasta el inicio formal del periodo de sesiones, como ocurrió con la ministra Robles.
De cara a las próximas semanas, la agenda política española quedará marcada por la concentración del 2 de septiembre convocada en los municipios y respaldada por la FEMP, por el inicio del periodo de sesiones en las Cortes Generales, que reactivará la actividad parlamentaria tras el receso de agosto, y por el desarrollo de la causa en la Audiencia Nacional, cuyo instructor deberá resolver en primer lugar sobre la admisión de las partes personadas antes de fijar cualquier calendario de diligencias.
