La petición sitúa en primer plano el mecanismo constitucional del refrendo. El artículo 56.3 de la Constitución establece que los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno o, en su caso, por los ministros competentes, careciendo de validez sin ese refrendo. Esta figura, propia de las monarquías parlamentarias europeas y consolidada en España desde la Transición, otorga al Ejecutivo la capacidad de autorizar, condicionar o posponer los desplazamientos oficiales de la Casa Real, incluidos los de carácter simbólico a territorios sensibles como Ceuta y Melilla.
Feijóo vinculó su reclamación a los incidentes recientes en la frontera ceutí, donde en las últimas semanas se han registrado intentos de entrada de menores no acompañados. El fenómeno evoca la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando cerca de diez mil personas —entre ellas numerosos menores— cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras la relajación de los controles marroquíes. Aquel episodio, que el Gobierno calificó entonces de «invasión» y que motivó el despliegue del Ejército en la ciudad, coincidió con la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, un gesto que Rabat interpretó como respaldo español a la causa saharaui.
El dirigente del PP trasladó ahora una acusación similar a la de hace cinco años, al sostener que Marruecos «consiente o alienta» los movimientos migratorios hacia Ceuta como instrumento de presión diplomática. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores no han confirmado si existe un patrón comparable al de 2021, y el Gobierno marroquí no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones del líder popular.
El PSOE, por su parte, rechazó llevar ante las instituciones europeas una condena formal a Marruecos por el presunto uso de menores como palanca migratoria, una decisión que contrasta con la posición que el propio Ejecutivo adoptó en 2021, cuando sí elevó el asalto a la frontera ceutí a los foros comunitarios y solicitó solidaridad europea ante lo que entonces describió como una crisis inducida por Rabat.
La relación bilateral entre España y Marruecos ha alternado fases de tensión y acercamiento en las últimas dos décadas. Tras la crisis del islote de Perejil en 2002 y el episodio de 2021, el Gobierno de Sánchez pactó en marzo de 2022 un giro en la posición española sobre el Sáhara Occidental, al respaldar el plan marroquí de autonomía, lo que permitió una normalización diplomática y la reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, cerradas desde 2018.
Ceuta, con una población en torno a 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, constituye junto a Melilla la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Ese carácter la convierte en un punto estratégico para el control de flujos migratorios hacia Europa y en un termómetro permanente de las relaciones hispano-marroquíes.
Las visitas reales a las ciudades autónomas han sido siempre gestos de alto voltaje simbólico. Felipe VI viajó a ambas en noviembre de 2018 y en febrero de 2020, en desplazamientos que Rabat observó con recelo al interpretarlos como una reafirmación de la soberanía española sobre unos territorios que Marruecos reclama históricamente como propios, en paralelo a la disputa sobre las islas Chafarinas y el peñón de Vélez de la Gomera.
El PP insistió en que la Casa del Rey habría trasladado su disposición a viajar a la ciudad autónoma, aunque el Palacio de la Zarzuela no ha realizado declaraciones públicas al respecto, en línea con la discreción institucional que caracteriza la comunicación de la Jefatura del Estado sobre su agenda antes de que esta sea confirmada oficialmente por el Gobierno.
Desde Moncloa no ha trascendido una respuesta formal a la petición de Feijóo. Fuentes del Ejecutivo han recordado en ocasiones anteriores que las visitas reales a las ciudades autónomas se planifican atendiendo a criterios de oportunidad diplomática y seguridad, especialmente en periodos de tensión migratoria o fronteriza.
La reclamación del líder del PP se enmarca en la crítica sostenida de su partido a la gestión migratoria del Gobierno, que en los últimos meses ha llevado a Feijóo a reclamar en varias ocasiones una política de Estado compartida entre PSOE y PP en materia de fronteras y relaciones con Marruecos, sin que hasta ahora se haya materializado un acuerdo de ese calibre.
La Oficina de Extranjería y las autoridades locales de Ceuta no han facilitado cifras oficiales actualizadas sobre el número de menores llegados en las últimas semanas, por lo que la magnitud real del fenómeno al que alude Feijóo permanece sin cuantificar con datos verificables de fuente oficial.
Cualquier decisión sobre una visita real a Ceuta dependerá de la valoración que haga el Gobierno sobre la evolución de la situación fronteriza y del estado de la relación con Rabat. El escenario se produce en un momento en que ambos países mantienen una densa agenda de cooperación —pesquera, comercial y migratoria— sustentada sobre el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, marco de referencia de la relación bilateral cuya aplicación práctica se renueva de forma periódica.
