El caso fue reconstruido por Radio Francia Internacional (RFI) junto a otros medios, con testimonios de familiares que describen meses de gestiones infructuosas ante distintas instancias para obtener información oficial. Ninguna autoridad salvadoreña ha confirmado públicamente una lista completa de nombres, las causas penales abiertas —si las hay— o el régimen jurídico bajo el que permanecen recluidos.
El CECOT, la megacárcel inaugurada en 2023, fue concebido inicialmente para recluir a pandilleros procesados por agrupaciones ilícitas y delitos conexos bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. La llegada de migrantes venezolanos deportados desde territorio estadounidense, y de un grupo de salvadoreños que habrían sido detenidos en el mismo operativo, introdujo una capa adicional de opacidad: no existe, hasta donde se ha podido establecer, un registro público que precise cuántos salvadoreños fueron trasladados, bajo qué imputación o si enfrentan proceso penal alguno ante los juzgados de paz o de instrucción.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado en informes previos irregularidades vinculadas al régimen de excepción, entre ellas capturas sin orden judicial y dificultades de las familias para acceder a información sobre personas detenidas. El régimen, prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa desde su decreto inicial, faculta a las autoridades a suspender garantías constitucionales como el derecho de defensa y el plazo de detención administrativa, lo que ha derivado en miles de capturas masivas documentadas por organizaciones de derechos humanos desde 2022.
La opacidad en torno al paradero de personas detenidas no es inédita en la historia reciente del país. A 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, la organización Mecies ha denunciado que persiste la impunidad en decenas de casos de desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado, según recoge una investigación sobre la falta de justicia en esos casos. Defensores de derechos humanos han señalado el paralelismo entre ambos episodios —distantes en el tiempo, similares en la falta de respuesta institucional a las familias— como un patrón recurrente.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido en el pasado recursos de exhibición personal —el equivalente constitucional al habeas corpus— presentados por familiares de personas capturadas bajo el régimen de excepción, aunque el resultado de esos procesos no siempre ha derivado en información pública sobre el estado procesal de los detenidos. No consta, en la información disponible, que se haya resuelto un recurso específico vinculado a los salvadoreños enviados al CECOT en los vuelos de marzo y abril de 2025.
Un acuerdo bilateral sin marco público
El traslado de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador se enmarcó en un convenio bilateral anunciado por Casa Presidencial y la administración de Donald Trump, mediante el cual el Órgano Ejecutivo salvadoreño aceptó recluir en el CECOT a personas señaladas por Washington de pertenecer a estructuras criminales como el Tren de Aragua. El texto íntegro del acuerdo, su fundamento jurídico y las garantías procesales aplicables a los trasladados no han sido divulgados en su totalidad por ninguna de las dos partes, lo que ha generado cuestionamientos de organismos internacionales de derechos humanos sobre el debido proceso de quienes fueron enviados sin haber sido juzgados en El Salvador.
La inclusión de salvadoreños en ese mismo grupo de deportados —personas que, a diferencia de los venezolanos, poseen DUI y ciudadanía salvadoreña— añade una dimensión distinta al caso. Se trataría de connacionales devueltos o trasladados bajo circunstancias que, según los testimonios recogidos, sus familias no han logrado esclarecer ante las autoridades competentes, sin que se haya identificado con precisión si fueron detenidos en territorio estadounidense, salvadoreño o en tránsito.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de señalamientos sobre falta de transparencia en la gestión pública salvadoreña. Otras investigaciones recientes han documentado el traslado de recursos de instituciones financieras estatales hacia operadores vinculados al oficialismo, como los $1.13 millones que Bandesal entregó a un operador político, o el uso de aeronaves de la Fuerza Aérea ofrecidas como transporte a particulares, episodios que, aunque de naturaleza distinta, refuerzan el señalamiento de organizaciones civiles sobre la dificultad de fiscalizar decisiones del Órgano Ejecutivo en áreas sensibles.
La Corte de Cuentas de la República, ente fiscalizador del gasto público, no tiene competencia directa sobre la situación jurídica de personas privadas de libertad, ámbito que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y al sistema de tribunales de sentencia. Organizaciones de derechos humanos han insistido en que la falta de información sobre el paradero de los salvadoreños trasladados al CECOT constituye un vacío que ninguna institución del Estado ha asumido públicamente resolver, ni la FGR mediante una investigación abierta ni la PDDH mediante un pronunciamiento específico sobre este grupo de casos.
Las familias que buscan respuestas continúan recurriendo a canales informales y a la exposición pública de sus casos como principal vía para presionar por información oficial, en un contexto donde el régimen de excepción sigue vigente y prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa desde marzo de 2022, sin que se haya fijado, hasta donde consta, una fecha de finalización ni un mecanismo específico de revisión judicial para los casos de los salvadoreños trasladados al CECOT en los vuelos de 2025.
