El cuestionamiento se centra en el uso de aeronaves de la FAE, presuntamente bajo esquemas de fondos especiales, para trasladar a personas particulares en operaciones que, según el análisis difundido, se asemejarían a un servicio privado de transporte aéreo aplicado a helicópteros militares. El autor del texto sostuvo que la práctica implicaría una mercantilización de la defensa incompatible con la naturaleza de la institución castrense.
Los fondos de actividades especiales son mecanismos financieros que, en distintas dependencias del Órgano Ejecutivo salvadoreño, permiten gestionar recursos con mayor flexibilidad administrativa que el resto del Presupuesto General de la Nación. Su existencia no es ilegal en sí misma, pero su alcance ha sido objeto de señalamientos por organizaciones de la sociedad civil, que advierten que estas partidas escapan al mismo nivel de detalle presupuestario que las asignaciones ordinarias que la Asamblea Legislativa aprueba y fiscaliza cada ejercicio.
La Constitución de la República, en su artículo 212, establece que la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, y que colaborará en obras de beneficio público que le encomiende el Órgano Ejecutivo, además de participar en programas de emergencia nacional. El uso de sus recursos, incluidas aeronaves, para fines distintos a los previstos constitucionalmente exigiría un marco normativo específico que lo autorice y transparente.
La Ley Orgánica de la Fuerza Armada y su reglamento no contemplan de manera expresa la prestación de servicios de transporte aéreo a particulares como una función ordinaria de la institución. Cualquier actividad de esa naturaleza requeriría, en principio, un convenio o acto administrativo que la respalde y que debería quedar documentado ante las instancias de control correspondientes, incluida la Corte de Cuentas de la República en su rol fiscalizador del gasto público.
Antecedentes del uso de medios militares en tareas civiles
No es la primera vez que el empleo de bienes y recursos militares para fines no estrictamente castrenses genera controversia en El Salvador. Durante distintas administraciones, helicópteros, vehículos e instalaciones de la Fuerza Armada han sido utilizados en apoyo logístico a eventos gubernamentales, traslado de funcionarios o labores humanitarias tras desastres naturales, como los terremotos de enero y febrero de 2001 o las tormentas tropicales que han golpeado al país en las últimas dos décadas. La diferencia, según el señalamiento difundido, radicaría en que aquí se trataría de un servicio con características comerciales y no de una función de auxilio o representación institucional.
El debate se inscribe en un contexto en el que la fiscalización de fondos públicos con reserva de información ha sido tema recurrente en el país. La Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2011, establece principios de transparencia y máxima publicidad para el manejo de recursos del Estado, aunque contempla excepciones para información clasificada como reservada por motivos de seguridad nacional, categoría bajo la cual suelen ampararse gastos de instituciones de seguridad y defensa.
La versión del Órgano Ejecutivo queda, por tanto, pendiente de conocerse.
Vías de control disponibles
La eventual comprobación de que aeronaves militares hayan sido utilizadas con fines ajenos a su misión constitucional podría derivar en procesos de fiscalización por parte de la Corte de Cuentas de la República, así como en solicitudes de información dirigidas al Ministerio de la Defensa Nacional por diputados de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de su función de control político sobre el Órgano Ejecutivo.
De confirmarse un uso irregular de fondos o bienes militares, el caso podría ser también objeto de conocimiento por parte de la Fiscalía General de la República, si se determinara la existencia de un posible perjuicio patrimonial al Estado o una infracción a la normativa que regula el uso de bienes públicos. Hasta el momento no se ha reportado ninguna denuncia formal presentada ante esa institución.
El asunto se suma a debates recurrentes sobre la transparencia en el manejo de fondos discrecionales dentro de distintas instituciones del Estado salvadoreño, un tema seguido en los últimos años por organismos de control interno y de cooperación internacional que monitorean la gestión de las finanzas públicas en Centroamérica.
Las próximas semanas definirán si el señalamiento deriva en solicitudes formales de información por parte de legisladores, en un pronunciamiento oficial del Ministerio de la Defensa Nacional o en una eventual auditoría de la Corte de Cuentas de la República sobre el manejo del Fondo de Actividades Especiales dentro de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
