La marcha, convocada como cada mes desde la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, concluyó con un mitin frente al Hemiciclo a Juárez. Ahí, Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de las familias, confirmó la cita con la mandataria federal en el marco de la proximidad del aniversario número 12 del caso, que se cumplirá el próximo mes.
"Se sostendrá una reunión con la señora presidenta de la República que esperemos puedan dar avance en las investigaciones, avances del paradero de los 43 normalistas. Como lo han dicho, ha sido un camino largo y el próximo mes lamentablemente se cumplirán 12 años", señaló Vicario Aguilar durante el mitin.
El abogado pidió a la presidenta "por lo menos una pizca de información" respecto del paradero de los jóvenes, en una investigación que se ha extendido a lo largo de dos sexenios y que continúa bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República. Vicario Aguilar recordó que varias madres y padres de los normalistas han fallecido sin obtener respuesta sobre el destino de sus hijos.
"Para el día de mañana se está citando a los padres a las 11 de la mañana y esperamos contar con alguna información y que no salgamos decepcionados", indicó el representante legal, quien planteó el encuentro como una nueva oportunidad para que el gobierno federal reporte resultados concretos.
Durante el mitin, los familiares destacaron como avance reciente la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, señalado en las pesquisas sobre la cadena de mando en el ataque contra los estudiantes en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, consideraron que esa detención resulta insuficiente mientras el exmandatario estatal no aporte información sobre el paradero de los 43 jóvenes.
De la "verdad histórica" a la reapertura del caso
El caso Ayotzinapa se ha convertido en uno de los episodios más señalados en la historia reciente de derechos humanos en México, comparable por su impacto a otros casos de desaparición forzada documentados desde la llamada guerra sucia de los años setenta. La instalación en 2018 de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa marcó la revisión oficial de la "verdad histórica" construida durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuestionada por organismos de derechos humanos y por las propias familias.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió en 2018 a esclarecer el caso como una de sus prioridades, y durante su sexenio se giraron órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, militares y policías municipales y estatales. Al concluir esa administración en 2024, las familias mantenían el reclamo de que el paradero de los jóvenes seguía sin esclarecerse plenamente, un reclamo que se trasladó a la administración de Sheinbaum Pardo, quien asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024.
La búsqueda ha contado con acompañamiento internacional: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2016, cuestionó la versión oficial inicial sobre el destino de los estudiantes. La localización de restos que permitan cerrar el proceso de búsqueda sigue siendo el reclamo central de las familias, cuyos integrantes fundadores envejecen sin respuesta.
La reunión de este jueves en Palacio Nacional se suma a encuentros previos que las familias han sostenido con autoridades federales, en los que han solicitado reportes periódicos de la fiscalía especializada dependiente de la FGR. Las familias han insistido en que el mecanismo de seguimiento debe mantenerse activo independientemente del cambio de administración.
El gobierno federal ha reiterado en la conferencia matutina su disposición a mantener abierto el caso y a colaborar con las investigaciones en curso. Hasta el momento del encuentro, la Presidencia no había difundido un adelanto de los avances que compartiría con las familias.
De cara al próximo aniversario, el 26 de septiembre, los colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos anticipan nuevas movilizaciones en la Ciudad de México y en Guerrero. El encuentro de este jueves en Palacio Nacional será un primer indicador de si la administración de Sheinbaum aporta elementos nuevos antes de que se cumplan doce años de la desaparición de los 43 estudiantes.