Botero sostuvo ante el auditorio que los problemas que históricamente han afectado el ejercicio del periodismo en América Latina ya no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un fenómeno más amplio de erosión democrática. «Lo que ha pasado a partir del 2010 es que esas tres cosas, elecciones libres y competitivas, un gobierno destinado a proteger la mayor cantidad de derechos de la mayor cantidad de personas, con frenos y contrapesos para proteger derechos básicos de las minorías, ha venido en un declive brutal», afirmó.
La exrelatora explicó que, a su juicio, los dos síntomas iniciales de cualquier proyecto autoritario son la estigmatización y los ataques contra los medios de comunicación y periodistas, junto con el intento de capturar el poder judicial. «Son los dos síntomas clásicos», dijo. A diferencia de los golpes de Estado tradicionales, apuntó, la degradación democrática contemporánea suele producirse mediante gobiernos elegidos en las urnas y respaldados inicialmente por amplios sectores de la población.
«No son golpes de Estado de una minoría o de un grupo armado que va y se toma por asalto el poder. Son personas electas, aplaudidas por la mayoría de la población, que empiezan a tomar medidas que conducen necesariamente a dos fenómenos: el autoritarismo y la corrupción», sostuvo. Para la especialista, cuando un gobierno logra controlar las instituciones encargadas de ejercer contrapesos —entre ellas el poder judicial— y silenciar a la prensa, la democracia deja de funcionar como tal, aun cuando se mantengan formalmente los procesos electorales.
Botero mencionó a Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador como países que, bajo su definición, pueden considerarse actualmente dictaduras debido al control ejercido sobre las distintas ramas del poder público, la falta de independencia judicial y las restricciones impuestas a libertades como la prensa, la asociación, la reunión y la protesta.
El acoso judicial como mecanismo de censura
Uno de los ejes centrales de su exposición fue el uso de demandas y procesos judiciales para intimidar a periodistas que investigan casos de corrupción, una práctica conocida en el derecho comparado como litigio estratégico contra la participación pública. Según explicó, una organización pública o privada interesada en frenar una investigación puede recurrir a abogados para presentar demandas que, aunque carezcan de sustento, terminan generando un elevado costo económico y emocional para el reportero señalado. «Defenderse de un litigio estratégico que tiene la vocación de asustar, cuando además hay temor sobre la independencia del poder judicial, tiene un costo anímico altísimo [para un periodista] y por supuesto que eso genera autocensura», afirmó.
Como ejemplo, Botero citó el caso del periodista peruano Gustavo Gorriti, sometido a procesos judiciales vinculados a sus investigaciones sobre el caso Odebrecht. El pasado 12 de junio, el Congreso de Perú aprobó un informe que recomendó presentar denuncias penales contra Gorriti, fiscales y otros funcionarios vinculados al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la constructora brasileña. El documento le atribuye al periodista presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
La exrelatora también cuestionó que en algunos países se llegue a calificar como lavado de activos el hecho de que un medio independiente reciba financiamiento internacional para ejercer su labor, o como cohecho la cooperación entre periodistas y sus fuentes, en lo que describió como una instrumentalización del sistema penal contra el periodismo. A esas amenazas sumó la competencia desleal, el chantaje por la vía de la publicidad, la estigmatización de reporteros y la desinformación impulsada principalmente desde las redes sociales.
El planteamiento se inscribe en la historia reciente de la relación entre el Estado panameño y la prensa. La memoria del país conserva el episodio del cierre y la intervención de medios durante la dictadura militar que gobernó entre 1968 y 1989, cuando diarios como La Prensa fueron clausurados por el régimen antes de la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y la posterior restauración democrática. Ese antecedente marca el punto de partida de la reconstrucción del ecosistema de prensa independiente en Panamá.
En el plano regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión —cargo que Botero ocupó— han advertido en informes previos sobre el incremento de demandas judiciales, las campañas de desprestigio en redes sociales y las restricciones al acceso a la información pública como herramientas para desincentivar el periodismo de investigación en América Latina.
El Consejo Nacional de Periodismo, coorganizador del encuentro junto con el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información, no fijó una posición institucional adicional a lo expuesto durante el conversatorio, más allá de la convocatoria pública del foro. Ambas organizaciones mantienen agendas de monitoreo sobre agresiones a periodistas y condiciones de la libertad de prensa en Panamá y la región, aunque no anunciaron nuevas actividades como continuidad del encuentro celebrado en la Usma.