Los 1.200 mensajes a los que se refieren las diligencias judiciales fueron recuperados de dos dispositivos diferentes: un teléfono iPhone 14 Pro intervenido a Santos Cerdán en una operación paralela del caso Koldo —cuya cadena de custodia fue validada por la UCO en enero de 2026— y un portátil MacBook Pro incautado en el registro del domicilio de Javier Pérez Dolset, el empresario audiovisual que, según los investigadores, proporcionó la infraestructura técnica del Grupo Iris. Los mensajes estaban cifrados mediante el protocolo Signal y, según fuentes conocedoras del expediente, fueron descifrados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) utilizando una vulnerabilidad en el sistema de copias de seguridad de iCloud que permitió reconstruir las claves de sesión.
En las conversaciones entre Cerdán y el interlocutor identificado como 'L.D.' —que los investigadores asocian a Leire Díez—, se mencionan no solo los tres jueces ya conocidos (Peinado, Biedma y Marchena) sino también a dos guardias civiles de la UCO que estaban investigando las cuentas del hermano del presidente, David Sánchez. En uno de los mensajes, fechado el 26 de abril de 2024 —el tercer día del periodo de reflexión—, Cerdán escribe: 'Los dos guardias del equipo de David son los más peligrosos. Si encontramos algo sobre ellos, todo el atestado se cae'. La frase sugiere una estrategia de desacreditación no solo contra magistrados sino contra agentes de la autoridad.
La vertiente financiera del caso es, si cabe, más reveladora. Los pagos a la periodista contratada —los 4.000 euros mensuales ya documentados en la edición anterior de El Hemiciclo— no se realizaron mediante transferencia bancaria convencional, como se creía inicialmente, sino a través de una cadena de transacciones en criptomonedas. Los investigadores han rastreado el flujo del dinero y han identificado tres wallets de Ethereum que funcionaban como intermediarias. La primera wallet, creada el 22 de abril de 2024, recibió un total de 18.400 euros en tres depósitos desde un exchange centralizado radicado en Estonia. La segunda wallet transfirió el equivalente a 16.000 euros —los cuatro meses de pago— a una tercera wallet vinculada a una cuenta bancaria a nombre de la periodista en un banco digital con sede en Lituania.
Lo que ha despertado la alarma de los investigadores es la procedencia de los fondos que alimentaron la primera wallet. Según el análisis de trazabilidad blockchain realizado por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, los 18.400 euros proceden de una wallet madre que, durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 y septiembre de 2024, movió un total de 2,3 millones de euros en Ethereum y USDT. Esa wallet madre está vinculada, según los investigadores, a una sociedad mercantil con sede en Palma de Mallorca cuyo administrador único es un testaferro ya identificado en el caso Koldo como intermediario de Víctor de Aldama en operaciones de compraventa de material sanitario durante la pandemia.
La conexión Koldo-Iris, que hasta esta semana era una línea de investigación teórica, tiene ahora un soporte documental que los investigadores consideran 'sólido aunque no definitivo'. El vínculo no implica necesariamente que Aldama financiara directamente el Grupo Iris ni que conociera su existencia, pero sí que el dinero utilizado para pagar a la periodista transitó por una infraestructura financiera que Aldama utilizaba para otras operaciones. Los investigadores barajan dos hipótesis: que Pérez Dolset, el empresario audiovisual, recurriera a la red financiera de Aldama por conveniencia —porque era la que tenía a mano— o que Aldama tuviera un papel más activo del que se conoce hasta ahora en la operación de desprestigio contra jueces.
Santos Cerdán, a través de su abogado Gonzalo Boye, ha emitido un nuevo comunicado esta tarde en el que niega 'de forma categórica' la existencia de los mensajes y califica las informaciones de 'una fabricación judicial destinada a criminalizar la comunicación interna de un partido político'. Boye añade que impugnará la validez de los mensajes descifrados por el CCN alegando que 'la intervención de comunicaciones cifradas mediante la explotación de vulnerabilidades de software constituye una violación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones'. La cuestión jurídica no es trivial: en la jurisprudencia española, los mensajes de Signal intervenidos mediante exploits técnicos tienen un precedente controvertido en el caso Tsunami Democràtic de 2019.
La periodista contratada, por su parte, ha ampliado su declaración ante el juzgado central número 6 esta misma semana. Según fuentes de la instrucción, la profesional ha admitido que recibió los pagos a través de una cuenta en un banco digital pero ha insistido en que 'desconocía el origen de los fondos' y que creía que procedían de 'una consultora de comunicación política'. Ha identificado a Pérez Dolset como su interlocutor directo y ha negado haber tenido contacto alguno con Santos Cerdán ni con Leire Díez. Su testimonio, no obstante, presenta una inconsistencia que los investigadores han señalado: en un mensaje recuperado del portátil de Pérez Dolset, la periodista utiliza el nombre de pila de Cerdán —'Santos'— en un contexto que sugiere familiaridad, lo que contradice su afirmación de que no lo conocía.
El juzgado central número 6 tiene ahora sobre la mesa un caso que ha crecido exponencialmente en las últimas dos semanas. Lo que empezó como una investigación sobre un dispositivo de desprestigio de alcance limitado —tres jueces, una periodista, 16.000 euros— se ha convertido en un expediente que conecta la cúpula del PSOE con la trama financiera del caso Koldo a través de un puente de criptomonedas que los investigadores aún no han terminado de cartografiar. La próxima declaración de Cerdán, prevista antes del 15 de mayo, será un punto de inflexión: o el exnúmero dos del PSOE ofrece una explicación convincente sobre los mensajes y los pagos, o la instrucción dará un salto cualitativo que podría acabar afectando a la estabilidad del Gobierno.
El Hemiciclo publicará en las próximas horas un análisis técnico sobre la trazabilidad blockchain de las wallets identificadas en el caso, elaborado con la colaboración de un experto independiente en criptoforense. Lo que ya se puede afirmar es que la utilización de criptomonedas para pagar operaciones de inteligencia política interna es un fenómeno nuevo en España —aunque no en otros países europeos— y que plantea desafíos regulatorios y judiciales que el sistema legal español no está preparado para afrontar. La pregunta no es solo quién pagó a quién, sino cómo un partido gobernante pudo articular una operación de esta naturaleza sin que ninguno de los mecanismos de control —internos ni externos— la detectara en dos años.
Hay un dato final que merece atención: la wallet madre que los investigadores vinculan al entorno de Aldama sigue activa. En las últimas 72 horas ha realizado tres transacciones por un total de 47.000 euros en USDT que han sido transferidos a un exchange descentralizado con sede en las Islas Seychelles. Los investigadores han solicitado al juez una orden de bloqueo cautelar, pero la jurisdicción sobre exchanges descentralizados es, en el mejor de los casos, una ficción legal. La trama del Grupo Iris no solo es más grande de lo que se creía: también está más viva de lo que se esperaba.
