El marco legal que ampara estas decisiones es amplio: bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EU, el Departamento de Estado puede revocar visas de manera discrecional y sin obligación de explicar públicamente los motivos. Esa atribución se ha ejercido históricamente contra funcionarios extranjeros vinculados con investigaciones por corrupción o crimen organizado, aunque en la mayoría de los casos mexicanos documentados las autoridades estadounidenses no han hecho pública causa alguna.
Entre los casos más citados figura el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora morenista de Baja California, quien confirmó en mayo de 2025 la cancelación de su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal. Ambos señalaron desconocer los motivos específicos y negaron estar sujetos a investigación alguna.
Un patrón similar se repitió con Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, quien recibió en julio de 2025 una notificación por correo electrónico sobre la cancelación de su documento. El exmandatario estatal afirmó, al igual que Ávila Olmeda, desconocer las causas de la decisión.
En el ámbito municipal, el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó en agosto de 2025 que también le fue retirado el documento. Según versiones extraoficiales, habría sido retenido mientras intentaba cruzar la frontera, aunque el propio edil aseguró que la medida no interfirió con sus actividades ni con sus deberes al frente del municipio.
Los casos más recientes involucran a dos gobernadores morenistas: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, cuyas presuntas revocaciones fueron difundidas en junio de este año por el diario Los Angeles Times. Durazo afirmó que la publicación carece de fuentes y pruebas que respalden sus afirmaciones, y atribuyó los señalamientos a intentos por desacreditar proyectos políticos. Villarreal, por su parte, negó la medida en conferencia de prensa en Tamaulipas, donde aseguró que cuenta con su visa y que no recibió ninguna notificación por parte de las autoridades estadounidenses.
El caso de López Beltrán se distingue de los anteriores por tratarse del hijo de un expresidente sin cargo público formal, lo que ha ampliado la discusión sobre los criterios que aplica el gobierno estadounidense para este tipo de decisiones. Hasta el momento no consta un pronunciamiento oficial del Departamento de Estado sobre su situación particular ni sobre el conjunto de revocaciones.
El fenómeno no carece de precedentes en la relación bilateral. En 2013, durante una administración demócrata, Estados Unidos revocó la visa al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, señalado entonces en investigaciones ligadas a movimientos de recursos. La diferencia con los episodios recientes radica en la escala y en la ausencia de justificación pública en la mayoría de los casos difundidos desde 2025.
La discrecionalidad estadounidense en materia de visados ha sido fuente de fricción diplomática recurrente entre ambos países, particularmente en periodos de tensión por temas migratorios, de seguridad o comerciales. Al tratarse de una facultad soberana del Estado emisor, el gobierno mexicano dispone de márgenes limitados para revertir estas decisiones por la vía legal, lo que suele acotar la respuesta al terreno diplomático y político.
De cara a los próximos meses, la evolución del caso López Beltrán dependerá de que las autoridades estadounidenses hagan pública —o no— alguna causa, algo que la ley de EU no las obliga a hacer. En el plano interno, el asunto queda a la espera de que la Cancillería mexicana o la vocería presidencial fijen, en su caso, una postura institucional sobre el conjunto de revocaciones documentadas.