El Sistema de Alertas funciona como un semáforo de tres colores: verde para endeudamiento sostenible, amarillo para observación y rojo para nivel elevado. La calificación se construye a partir de tres indicadores que se revisan trimestralmente: la deuda total sobre los ingresos de libre disposición, el servicio anual de esa deuda sobre los mismos ingresos, y las obligaciones a corto plazo sobre los ingresos totales. Cada uno se clasifica en rango bajo, medio o alto.
El resultado no es un mero ejercicio de transparencia: define cuánto puede endeudarse cada entidad en el ejercicio siguiente. Ese candado deriva de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobada en 2016 tras la crisis de sobreendeudamiento subnacional que a inicios de la década de 2010 golpeó a estados como Coahuila y Veracruz, cuando varias administraciones acumularon pasivos sin controles homogéneos de registro y fiscalización.
En el segundo trimestre de 2026, el segundo indicador —el que mide el servicio de la deuda respecto a los ingresos disponibles— fue el único donde se registraron colores distintos al verde. Coahuila, Chihuahua y Nuevo León obtuvieron calificación amarilla, lo que en términos de la SHCP significa que destinan entre 7.5% y 15% de sus ingresos de libre disposición al pago de intereses y amortizaciones, un nivel que la dependencia considera de atención, aunque no de riesgo inmediato. Las 28 entidades restantes se mantuvieron en verde en este indicador, el único en el que la totalidad no alcanzó ese color.
Coahuila reportó un pasivo de 36,314.8 mdp, con un servicio anual de deuda de 3,131.6 mdp, equivalente a 7.7% de sus ingresos de libre disposición, que ascienden a 40,819.9 mdp. En términos llanos, de cada 100 pesos que la entidad puede disponer libremente, 7.70 pesos se van directamente al pago de compromisos financieros.
Chihuahua acumuló una deuda de 53,721.8 mdp, cifra que representa 87.9% de sus ingresos disponibles bajo el primer indicador del semáforo. El estado destina 8.5% de esos ingresos al pago anual de intereses y amortizaciones, por un monto de 5,188.9 mdp. Nuevo León, por su parte, cerró el semestre con un endeudamiento de 78,109.9 mdp y un servicio de deuda anual de 7,019.7 mdp, equivalente a 8.2% de sus ingresos de libre disposición, que totalizan 85,878.1 mdp.
El comparativo entre el primer y el segundo trimestre de 2026 muestra una tendencia descendente entre las entidades con mayores saldos. La Ciudad de México redujo su deuda de 106,391 mdp a 104,772 mdp; Nuevo León pasó de 80,085 mdp a 78,110 mdp; el Estado de México bajó de 56,730 mdp a 54,881 mdp; Chihuahua disminuyó de 54,870 mdp a 53,722 mdp, y Veracruz cerró en 39,000 mdp frente a los 40,106 mdp del trimestre anterior.
En total, 27 de las 31 entidades con deuda contratada redujeron el monto de sus pasivos en el periodo, según los registros de la SHCP. Tlaxcala continúa como la única entidad del país sin compromisos financieros vigentes, condición que la distingue del resto del mapa fiscal subnacional.
El esquema vigente exige que toda contratación de deuda por parte de estados y municipios se inscriba en el Registro Público Único de la SHCP y cuente con la aprobación de las legislaturas locales por mayoría calificada cuando se trate de deuda de largo plazo, con el fin de evitar que administraciones salientes comprometan las finanzas de las siguientes sin control legislativo. El endurecimiento de los esquemas de reporte por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia SHCP respondió a los episodios de sobreendeudamiento de la década pasada, cuando algunos gobiernos estatales contrataron pasivos sin registro adecuado ante el Congreso local o sin garantías suficientes.
Concentración de la deuda municipal
El panorama municipal presenta una dinámica distinta a la estatal. Nuevo León, Sonora, Jalisco y el Estado de México concentraron 54% del total de la deuda del sector público municipal del país al cierre del segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la SHCP, sobre un monto nacional de 30,083 mdp. Nuevo León encabezó ese conjunto con una deuda conjunta de municipios y entes públicos de 4,755 mdp, equivalente a 15.8% del total nacional; le siguieron Sonora, con 4,260 mdp y 14.1%; Jalisco, con 3,923 mdp y 13%, y el Estado de México, con 3,349 mdp y 11%. Baja California, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato completan el grupo de entidades con mayor peso en este rubro.
En el extremo opuesto, Querétaro y Tlaxcala son las únicas entidades del país sin ayuntamientos que registren compromisos crediticios vigentes, lo que refuerza el patrón de bajo endeudamiento que ambos estados muestran también a nivel estatal.
La SHCP revisará nuevamente el semáforo del Sistema de Alertas con la publicación de los datos del tercer trimestre de 2026, ejercicio que definirá si Coahuila, Chihuahua y Nuevo León logran reducir el peso del servicio de su deuda por debajo del umbral de atención o si permanecen en observación, un factor que incidirá directamente en el margen de financiamiento neto autorizado para cada entidad en el ejercicio fiscal de 2027.