El mecanismo que expira este jueves es el arancel «recíproco» que la Casa Blanca había impuesto de forma generalizada y que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenó eliminar, tras lo cual la administración de Donald Trump lo sustituyó por una tasa temporal con caducidad fijada para el 23 de julio de 2026, según explicó el experto en comercio exterior Jorge Molina. El nuevo gravamen del 10% que se perfila para México operaría, de acuerdo con los especialistas, como un régimen distinto: ya no un impuesto recíproco general, sino uno específico vinculado a estándares laborales y aplicado presuntamente de forma regional antes que empresa por empresa.
El socio de la firma Von Wobeser y Sierra, Adrián Castillo, señaló que la práctica habitual de las autoridades comerciales estadounidenses ha sido bloquear productos de compañías individuales cuando se detectan indicios de trabajo forzoso o infantil, pero advirtió que en esta ocasión el temor es que la sanción se extienda a sectores completos. «Si un agregado laboral estadounidense realiza una inspección en Uruapan, por ejemplo, y entre todos los aguacateros resulta que uno tiene sospechas de trabajo infantil o forzoso, bloquearían a toda la región, no a aguacates Ramírez o aguacates Rodríguez», expuso.
El artículo 23.6 del T-MEC como fundamento
El marco jurídico que sustentaría la medida es el artículo 23.6 del T-MEC, que prohíbe la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, infantil u obligatorio. Ese capítulo laboral fue una de las novedades que distinguieron al T-MEC de su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente entre 1994 y 2020, e incorporó también el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, un instrumento que permite solicitar inspecciones en instalaciones mexicanas concretas ante denuncias de violaciones laborales. Castillo apuntó que endurecer las reglas del tratado en materia de trabajo forzoso exigiría modificar precisamente ese mecanismo.
Desde octubre de 2025, el gobierno mexicano modificó sus mecanismos de verificación y abrió ventanillas de certificación para que empresas y agronegocios acrediten estar libres de trabajo forzoso, en un intento de anticiparse a exigencias como las que ahora se perfilan. Sin embargo, Castillo advirtió que la existencia de ese certificado no garantiza la exención del arancel: «Se pensaría que el certificado es lo que va a impedir tener ese arancel, pero todo dependerá de las negociaciones de México y Estados Unidos», sostuvo.
El exnegociador del capítulo ambiental del TLCAN, Jorge Molina, detalló que la lógica del arancel del 10% combinaría dos preocupaciones de Washington: la aplicación insuficiente de las leyes laborales mexicanas y el uso de insumos de origen chino en manufacturas destinadas a la exportación. Molina recordó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que «nos pondrán aranceles, cuotas o cualquier otra medida», descartando un retorno al libre comercio mientras persista el déficit comercial estadounidense.
La consecuencia para México, según Molina, sería una desventaja competitiva frente a países que no enfrentarían el mismo gravamen por trabajo forzoso, lo que alteraría el mapa de competitividad regional en sectores intensivos en mano de obra, como la agroindustria y ciertas manufacturas ligeras. Se estima que los bienes que cumplan con las reglas de origen del T-MEC —en torno al 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, según cálculos preliminares de los consultados— quedarían exentos del nuevo arancel, aunque los detalles definitivos se conocerían apenas el viernes.
La economista en jefe de México ¿Cómo vamos?, Adriana García, consideró probable que el arancel por trabajo forzoso comience a aplicarse ese mismo viernes y enmarcó la medida dentro del patrón de política comercial de la administración Trump, que ha recurrido de forma sistemática a los aranceles como instrumento de presión negociadora. García subrayó que el T-MEC ya contempla salvaguardas específicas para el sector automotriz: entre el 40% y el 45% del valor de un vehículo debe provenir de piezas fabricadas por trabajadores con salarios de al menos 16 dólares por hora, una regla de contenido regional pensada para evitar el desplazamiento de empleo hacia mano de obra más barata fuera de Norteamérica.
El antecedente más cercano en la historia comercial mexicana reciente es la disputa arancelaria de 2019, cuando la primera administración Trump amenazó con imponer aranceles crecientes a todas las exportaciones mexicanas si el gobierno de México no reforzaba el control migratorio en su frontera sur, crisis que se resolvió mediante negociación bilateral y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Aquel episodio consolidó el uso del arancel como palanca de política no estrictamente comercial, un patrón que los analistas ven repetirse ahora bajo el argumento del trabajo forzoso.
El comercio con Estados Unidos concentra la mayor parte de las exportaciones totales de México, principal destino de las ventas externas del país según los reportes de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Un arancel sectorial o regional del 10% tendría, por tanto, un efecto de traslado directo hacia cadenas productivas como la agroindustrial, la automotriz y la manufacturera ligera, con potencial impacto en el tipo de cambio del peso frente al dólar y en las decisiones de inversión de las empresas exportadoras.
El Banco de México (Banxico) no ha emitido hasta la fecha una valoración oficial sobre el impacto macroeconómico de este arancel específico, aunque en sus informes trimestrales de política monetaria ha señalado de forma reiterada la incertidumbre comercial derivada de la revisión del T-MEC como uno de los principales riesgos a la baja para el crecimiento en 2026. La revisión conjunta del tratado, prevista por el propio texto del acuerdo, constituye el marco institucional en el que se inscriben estas negociaciones: la tercera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos se desarrolló recientemente en la Ciudad de México, con Washington incluyendo el trabajo forzoso entre los temas prioritarios de la agenda.
La Secretaría de Economía, a cargo de Ebrard, no ha confirmado públicamente los términos exactos del arancel ni el calendario de su entrada en vigor. La postura oficial estadounidense, por su parte, se ha limitado hasta ahora a las declaraciones generales de Greer sobre el fin del libre comercio irrestricto, sin que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) haya publicado el texto definitivo de la medida.
A partir del viernes 24 de julio, cuando se conozcan los detalles del nuevo esquema, quedará claro si el gravamen se aplicará de forma generalizada a todas las exportaciones mexicanas no certificadas o si, como sugieren los abogados consultados, se concentrará en los sectores de mayor riesgo detectado, como la agroindustria. De la negociación bilateral que encabeza la Secretaría de Economía dependerá el alcance final de las exenciones que México logre para la parte de sus ventas amparadas por las reglas de origen del tratado.