Del séptimo mejor al cuarto peor puesto europeo
El diagnóstico sitúa a España en una posición hoy relativamente cómoda que se agotará con rapidez. El país cuenta actualmente con 36 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, la séptima mejor ratio de la UE, según las cifras de la Comisión. Pero esas mismas proyecciones anticipan un aumento de 29 puntos en esa tasa de dependencia hasta 2050 —prácticamente el doble que el nivel actual—, un vuelco que llevaría a España a ocupar la cuarta peor posición entre los Veintisiete.
La Comisión prevé, según el material, un envejecimiento sin precedentes, superior al de cualquier otro Estado miembro durante el mismo periodo. No es que España envejezca antes que sus socios, sino que lo hará más deprisa y en un plazo más corto, comprimiendo en apenas 25 años una transformación que otros países han diluido en más tiempo.
El baby boom se jubila en bloque
El principal factor del cambio es de calendario. La generación más numerosa de la historia reciente de España, nacida durante el baby boom, se aproxima en bloque a la edad de jubilación y saldrá masivamente del mercado laboral en las próximas dos décadas. El origen último, según los datos citados, es el desplome histórico de la natalidad, que redujo a la mitad el número anual de nacimientos entre mediados de la década de 1970 y los años noventa, adelgazando las cohortes que hoy deberían sostener a los mayores.
Ese patrón no es nuevo para los demógrafos: las proyecciones de población a largo plazo del Instituto Nacional de Estadística vienen describiéndolo desde hace años. La novedad que aporta la Comisión es la comparación europea, que revela un ritmo de envejecimiento español más acelerado que el de cualquier otro socio comunitario en el horizonte de 2050.
Diez provincias por encima del umbral crítico
Las diferencias territoriales dentro de España serán, según la proyección, mucho más severas que la media nacional. Diez provincias —Zamora, León, Orense, Asturias, Salamanca, Lugo, Cáceres, Ávila, Palencia y Pontevedra— aparecen entre las cincuenta regiones europeas con peor tasa de dependencia prevista, por encima de 80 mayores de 65 años por cada 100 personas en edad laboral.
Zamora y León representan los casos más extremos: ambas superarían en 2050 el umbral en el que hay más personas en edad de jubilación que trabajadores potenciales, una inversión demográfica sin precedente reciente. En León, la tasa de dependencia aumentaría alrededor de 50 puntos en apenas 25 años, uno de los mayores incrementos registrados en toda Europa, según el material consultado.
A la lista de las diez provincias con peor situación absoluta se suman otras quince donde el incremento relativo entre 2025 y 2050 será de los mayores del continente: además de León, Zamora y Cáceres, aparecen Asturias, Pontevedra, Ciudad Real, Salamanca, Jaén, Ávila, Valladolid, Albacete, Badajoz, Cantabria, Córdoba y Segovia. El mapa dibuja una España interior y del noroeste especialmente expuesta, frente a un litoral y unas grandes áreas metropolitanas con dinámicas algo más moderadas.
Una reforma de pensiones bajo tensión demográfica
El deterioro de la dependencia tiene una traducción directa en la ecuación de la Seguridad Social: cuantos menos cotizantes haya por cada pensionista, mayor es la presión sobre el sistema de reparto que sostiene las pensiones contributivas. El propio Confidencial recuerda, citando el caso de Asturias, que la región cuenta ya con apenas 130.000 trabajadores más que pensiones, un margen mínimo que anticipa lo que podría ocurrir en el resto del país si se confirma la tendencia.
La reforma de pensiones aprobada en la legislatura pasada, pactada entre el Gobierno, sindicatos y patronal dentro del Plan de Recuperación acordado con Bruselas, optó por elevar ingresos —vía mecanismos como la cotización de solidaridad y la ampliación de bases máximas— en lugar de recortar prestaciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España han advertido en sus informes de sostenibilidad de que el envejecimiento presiona al alza el gasto en pensiones, sanidad y dependencia, y han cuestionado si el enfoque de ingresos bastará si el deterioro demográfico se acelera.
El precedente de la España vaciada
España no ha atravesado desde la Transición un reto demográfico de esta magnitud territorial. La despoblación del interior no es un fenómeno inédito —el éxodo rural hacia las ciudades y el extranjero marcó ya las décadas de los cincuenta y sesenta—, pero la proyección de la Comisión apunta ahora a una fase distinta: no solo pérdida de población, sino una estructura de edades invertida en la que los mayores superan a los potenciales trabajadores.
Los ayuntamientos y diputaciones de las provincias más afectadas, agrupados en buena medida en la denominada España vaciada, llevan años reclamando al Gobierno central medidas de discriminación positiva fiscal y de refuerzo de servicios públicos —sanidad rural, transporte, conectividad— para frenar el éxodo de población joven, argumento que consideran clave para amortiguar, aunque sea parcialmente, la espiral de envejecimiento.
La Comisión Europea integra estas proyecciones en sus informes periódicos de envejecimiento (Ageing Report), que sirven de base para las recomendaciones por país dentro del Semestre Europeo y para valorar la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros. Como receptora de fondos del Plan de Recuperación y sujeta a la supervisión presupuestaria de Bruselas, España deberá justificar en próximos ejercicios cómo su reforma de pensiones resiste ante un escenario de envejecimiento más severo que el previsto en su diseño original.
Próximos hitos
El calendario inmediato pasa por sucesivas actualizaciones del informe de envejecimiento comunitario, que podrían precisar aún más el impacto provincial en España. A escala nacional, la AIReF mantiene sus informes de seguimiento de la reforma de pensiones, mientras el Gobierno deberá remitir a Bruselas, dentro de los plazos del Semestre Europeo, su valoración sobre la sostenibilidad del sistema a la luz de estas proyecciones. En paralelo, las comunidades más afectadas —Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia, principalmente— previsiblemente reclamarán una revisión de los criterios de reparto de fondos que pondere despoblación y envejecimiento, un debate ya presente en anteriores negociaciones de financiación autonómica.
