Hablamos de bono demográfico, de nearshoring, de inteligencia artificial, pero no hemos hecho la aritmética elemental de nuestra propia vejez. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documenta que la tasa de fecundidad mexicana cayó de siete hijos por mujer en 1960 a dos en la actualidad, un descenso más acentuado entre mujeres urbanas y con mayor escolaridad. Es el mismo patrón de los países de la OCDE, donde la tasa total de fecundidad bajó de 3.3 hijos por mujer en 1960 a 1.5 en 2022. México no inventa el fenómeno: llega tarde a una transición demográfica que Europa y parte de Asia ya atraviesan, con la diferencia de que aquí todavía no se ha montado ni el sistema de cuidados ni el debate público correspondiente.
El diagnóstico del CEEY, en su Informe de movilidad social y cuidados: un vínculo inseparable, es de una precisión brutal: por cada hora de trabajo remunerado que alguien destina a llevar ingresos al hogar, se requiere estrictamente otra hora de trabajo doméstico y de cuidados dentro de esa misma familia. Esa hora no aparece por generación espontánea ni la resuelven del todo las lavadoras o la comida a domicilio. Alguien la produce. Y ese alguien, en la inmensa mayoría de los casos, ha sido una mujer —madre, hija, sobrina, abuela— que la aporta gratis, como un impuesto de género implícito que nunca se legisló pero que todos cobran sin firmar recibo.
Las 2.4 millones de trabajadoras del hogar remuneradas que hoy existen en el país, según el CEEY, son la versión monetizada —a medias— de ese mismo trabajo. Se trata, sostiene el centro de estudios, de una fuerza «indispensable para promover la movilidad social»: sin ellas, millones de mujeres con empleo formal no podrían salir de casa a trabajar o estudiar. Y sin embargo, apenas 2.3% de los 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar cuenta con seguridad social. La paradoja es que el gremio que habilita la movilidad social ajena tiene la propia bloqueada por la precariedad laboral en la que opera.
Una demanda que ya empezó a correr
Masse lo resume con una frase que debería incomodar más de lo que incomoda: «Es muy importante y casi no lo estamos hablando en México: el desarrollo de una economía de cuidados más formal». Lo que describe no es una demanda futurista de robots cuidadores, sino la constatación de que el modelo actual —cuidar gratis en familia, o pagar poco y sin derechos a alguien más— tiene fecha de caducidad. Las proyecciones de Conapo no dejan margen para la dilación: si hoy los adultos mayores representan 12.8% de la población, para 2030 serán 14.96% y para 2070, 34.2%; es decir, en cuatro décadas y media uno de cada tres mexicanos tendrá esa condición etaria. «En la medida en la que hay menos gente joven, menos familias que se conviertan en redes de apoyo, se tiene que desarrollar una economía que dé mucho mayor soporte a las personas que hacen este tipo de tareas», explica la especialista.
Conviene no caer en la ingenuidad de creer que se trata de un problema recién descubierto. México reformó la Ley Federal del Trabajo en 2019 para reconocer derechos laborales a las personas trabajadoras del hogar —seguridad social, contrato escrito, aguinaldo— tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había abierto el camino al declarar cuestionable su exclusión histórica del régimen obligatorio del IMSS, que en 2019 puso en marcha un programa piloto de incorporación. Siete años después, el resultado medido en cobertura real es la cifra ya conocida: 2.3% con seguridad social. La ley existe; lo que falta es el aparato —fiscal, administrativo y cultural— que la haga cumplir.
El precedente demográfico también tiene raíces conocidas. El descenso de la fecundidad que hoy inquieta arrancó con la política de población de los años setenta, cuando el Estado mexicano —tras décadas de fomentar el crecimiento poblacional— viró hacia el control de la natalidad con la creación del propio Conapo en 1974 y campañas masivas de planificación familiar. Aquel cambio, celebrado entonces como éxito de política pública, es el que ahora entrega la factura: una pirámide poblacional que se estrecha por abajo y se ensancha por arriba, sin que el diseño institucional del cuidado haya acompañado la transición.
El costo de la omisión no queda confinado a las estadísticas del Inegi: se paga en la vida cotidiana de millones de mujeres que sostienen a la vez un empleo formal y el cuidado de padres, hijos o ambos, sin una infraestructura pública de guarderías, centros de día o residencias asistidas que alivie esa doble jornada. La encrucijada entre cuidar y trabajar no es una anécdota individual: es la política pública que no se ha escrito, disfrazada de decisión privada de cada familia. Y ese vacío colisiona con otros debates abiertos —la sostenibilidad de las pensiones del IMSS y del ISSSTE, el sistema de salud— sin que se conecte con el hecho elemental de que alguien tiene que bañar, alimentar y acompañar a esos pensionados cuando ya no puedan hacerlo solos.
Masse plantea la pregunta que más debería doler: «Idealmente quisiéramos ver una mayor igualdad de género en estas ocupaciones porque ahorita ya nos podemos imaginar a quiénes les van a quedar esos trabajos». No hace falta demasiada imaginación: seguirán siendo mujeres, probablemente de menores ingresos, quienes carguen con la economía de cuidados que el resto del país prefiere no ver hasta que la necesita con urgencia, generalmente de madrugada, con un familiar enfermo y sin nadie más a quien llamar.
La pregunta de fondo no es si México necesitará una economía de cuidados formal —eso ya lo determinó la demografía— sino si la LXVI Legislatura y los gobiernos estatales asumirán el costo político y fiscal de construirla antes de que la crisis obligue a improvisarla con menos recursos y peores condiciones para quienes ya trabajan en el sector. El 22 de julio seguirá llegando cada año; la incógnita es cuántos más pasarán antes de que deje de ser solamente una fecha en el calendario y se convierta en una política pública con presupuesto, supervisión y seguridad social real para las 2.4 millones de mujeres que hoy hacen posible que el resto salga de casa cada mañana.