El incremento se produce en un contexto de escrutinio recurrente sobre el costo del sistema electoral mexicano, uno de los más onerosos de América Latina en financiamiento público a partidos. La fórmula vigente, contenida en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos, calcula el monto a partir del padrón electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un mecanismo que crece de forma casi automática cada año comicial sin que el Congreso de la Unión haya modificado los criterios de origen.
La incorporación de Somos y PAZ obliga al Instituto Nacional Electoral a distribuir el financiamiento público entre ocho fuerzas en lugar de seis, lo que diluye el monto por partido pero no reduce la bolsa total, que sigue creciendo por la fórmula legal. Ambos institutos obtuvieron su registro tras cumplir los requisitos de afiliación y asambleas estatales que marca la legislación electoral, proceso que la autoridad valida antes de cada elección.
El reclamo de fondo, planteado por columnistas y organizaciones de la sociedad civil desde hace años, es que ninguna de las bancadas representadas en la LXVI Legislatura ha impulsado una reforma constitucional que reduzca de manera sustantiva los subsidios a los partidos, pese a que el tema ha aparecido en iniciativas de distintos grupos parlamentarios en periodos ordinarios previos. «El Congreso, integrado por los mismos partidos, no ha querido modificar la Constitución para reducir los subsidios», sostuvo el columnista Enrique Galván Ochoa, quien advirtió que el aumento del gasto «podría significar más puertas abiertas al despilfarro y la corrupción».
El debate no es nuevo. En 2018 y 2019 se presentaron iniciativas para recortar el financiamiento a partidos que no prosperaron en el Congreso, y en 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma electoral orientada a reducir las prerrogativas partidistas, sin éxito en su versión más ambiciosa ante la falta de votos en San Lázaro y el Senado. La discusión de 2026 se inscribe en esa misma tensión entre el diseño constitucional de financiamiento y las presiones por austeridad.
El financiamiento público fue diseñado tras las reformas electorales de 1996 y 2007-2008 para blindar los comicios frente al dinero privado o de origen ilícito y equilibrar la competencia entre partidos, argumento que sus defensores mantienen como garantía contra la captura por intereses opacos. Los críticos responden que el monto ha crecido por encima de la inflación y del gasto en rubros sociales, y que el esquema no ha impedido desvíos ni vínculos entre políticos electos y estructuras de delincuencia organizada, un fenómeno que la Fiscalía General de la República ha perseguido en distintas entidades a lo largo de los últimos sexenios.
La discusión reabre también el debate sobre la fórmula de distribución entre partidos, que en México se rige por un criterio mixto: 30% igualitario y 70% proporcional a la votación obtenida en la elección anterior. Ese esquema beneficia a las fuerzas con mayor arraigo electoral y ha sido defendido por el INE como garantía de pluralismo, aunque es cuestionado por quienes proponen topes más estrictos o financiamiento exclusivamente privado con límites de aportación.
El proceso legislativo del PEF 2027 incluirá el análisis de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que tiene la facultad exclusiva de aprobar el gasto público federal conforme al artículo 74 constitucional. El Senado no interviene en esta etapa, salvo en la revisión posterior de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto —incluido el electoral— una vez concluido el año fiscal.
El Instituto Nacional Electoral no ha fijado postura pública sobre el monto específico difundido por columnistas. Su presupuesto operativo forma parte de un capítulo distinto al financiamiento directo a partidos, aunque ambos se negocian en el mismo paquete económico que la Cámara debe aprobar antes del 15 de noviembre, plazo constitucional para el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En los próximos días se espera que la Comisión de Presupuesto reciba el proyecto completo enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que las bancadas de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y los partidos de reciente registro fijen postura sobre el monto electoral durante el proceso de análisis y eventual modificación del dictamen. La votación en el pleno de San Lázaro deberá producirse antes de que concluya el periodo ordinario de otoño, con el 15 de noviembre como fecha límite para la aprobación del gasto federal.