El instituto que preside Graciela Márquez Colín documentó que el avance no fue uniforme en el territorio. Guerrero encabezó la lista con 57% de sus hogares beneficiados, seguido de Oaxaca con 56.9% y Chiapas con 53 de cada 100 viviendas. En el extremo opuesto, Quintana Roo registró la menor cobertura, con 25.8%, por debajo de Nuevo León (28.3%) y Baja California (28.4%).
"En el 2025, las mayores proporciones de hogares donde al menos una persona integrante recibió este tipo de apoyos se registraron en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados en los que más de la mitad de los hogares reportó beneficiarse de algún programa gubernamental", destacó el Inegi.
La coincidencia entre las tres entidades con mayor recepción de apoyos y los históricos índices de pobreza del sur del país refleja un patrón conocido: Guerrero, Oaxaca y Chiapas han encabezado durante décadas las mediciones de carencias sociales. El propio Inegi subrayó que en la mayoría de las entidades federativas se registró un incremento respecto de 2020, lo que atribuyó a una mayor presencia de estos apoyos en los hogares del país durante el periodo analizado.
El crecimiento de los programas sociales no ocurre de forma aislada, sino en paralelo a una transición demográfica que el mismo Inegi documenta: la edad media de los 130.9 millones de habitantes del país aumentó de 29 a 32 años en cinco años. Ese envejecimiento se refleja en otro indicador de la encuesta: los hogares con ingresos por jubilación o pensión pasaron de 13% en 2020 a 16.6% en 2025, un fenómeno que combina pensiones contributivas —producto de años de cotización en la seguridad social— con las no contributivas otorgadas por la vía de los programas sociales.
En sentido contrario se movieron dos fuentes de ingreso que históricamente sostuvieron a los hogares mexicanos. Las transferencias de personas que viven en otra vivienda del país cayeron de 6.1% a 5.2%, mientras que los hogares con ingresos por remesas de connacionales en el extranjero bajaron de 5.1% a 4.7%. El dato contrasta con años recientes en que las remesas alcanzaron máximos históricos como motor de la economía familiar, y sugiere un desplazamiento parcial hacia las transferencias gubernamentales como red de protección primaria.
El peso fiscal de la protección social
La expansión de los programas sociales tiene una contraparte presupuestal medible. De acuerdo con la organización Fundar, el gasto en la función de protección social —que agrupa pensiones contributivas y no contributivas junto con las transferencias monetarias de programas sociales— creció 72% en términos reales desde 2019. La cifra coincide con el arranque del sexenio anterior, cuando se diseñó la arquitectura de los programas prioritarios que hoy sostienen buena parte del ingreso de los hogares en el sur del país.
Ese crecimiento no ha sido solo presupuestal, sino también jurídico. Desde 2020, el Congreso de la Unión ha aprobado reformas para elevar a rango constitucional programas prioritarios del gobierno, con lo cual se blinda su existencia y se obliga a su incremento conforme a la inflación, independientemente de los cambios de administración o de las prioridades de cada paquete económico anual.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, enviado por el gobierno federal a San Lázaro, propone un gasto de 2 billones 550,813 mdp en protección social, un crecimiento de 3.3% frente a lo aprobado para este año. De aprobarse ese monto en la LXVI Legislatura, por cada 100 pesos del gasto público el siguiente año, 25 se destinarán a esta función, frente al 18.8% que representaba en 2020.
Focalización y márgenes fiscales estrechos
El crecimiento sostenido del gasto social no está exento de cuestionamientos técnicos. Entre las críticas documentadas destaca la falta de focalización de los subsidios, un señalamiento que trasciende la etiqueta de clientelares con la que algunos sectores han calificado a ciertos programas. La ausencia de mecanismos de filtro por nivel de ingreso puede afectar la progresividad de las transferencias, es decir, su capacidad de llegar proporcionalmente más a quienes menos tienen.
Esa falta de focalización coincide con un escenario de finanzas públicas con márgenes de maniobra reducidos, según el planteamiento recogido por el Inegi y Fundar. El incremento de 72% real en el gasto de protección social desde 2019 se produce en un contexto en que el gobierno federal enfrenta demandas simultáneas de inversión en infraestructura, seguridad y salud, todas compitiendo por los mismos recursos dentro de un paquete económico con espacio fiscal limitado.
El fenómeno guarda relación con otras discusiones sobre el acceso a servicios financieros y de bienestar entre la población no asalariada. La expansión de esquemas como los que analiza la IA como vía de financiamiento automotriz para trabajadores independientes refleja un patrón similar: la búsqueda de mecanismos que lleguen a sectores tradicionalmente excluidos de la formalidad económica.
La combinación de mayor cobertura social con menor peso relativo de remesas y transferencias interpersonales plantea una pregunta sobre la sostenibilidad de largo plazo del modelo. El propio Inegi documentó que el fenómeno es generalizado en el territorio nacional, aunque con intensidades marcadamente distintas entre el sur y el norte del país.
La discusión del PPEF 2027 en la Cámara de Diputados, dentro del periodo ordinario, definirá si el ritmo de crecimiento del gasto en protección social, que ya representa una cuarta parte del presupuesto federal proyectado, se mantiene en los términos propuestos por el Ejecutivo o sufre ajustes durante el proceso legislativo.