De acuerdo con la versión de la FGE, la emboscada se registró sobre la vía que conduce a Los Naranjos, en la salida hacia Pinotepa Nacional, cuando personal de la AEI realizaba labores enfocadas en desarticular las operaciones de Los Rusos, organización con presencia en los límites entre Oaxaca y Guerrero. La dependencia estatal sostuvo que los agentes actuaron en respuesta a un ataque directo y que la confrontación derivó en la muerte de cuatro presuntos agresores en el sitio.
La Fiscalía enmarcó lo ocurrido como una respuesta defensiva ante la agresión: "al verse bajo fuego directo, las fuerzas de seguridad repelieron el ataque para salvaguardar la integridad de los agentes y de la población civil", señaló en su comunicado, en el que precisó que las cuatro personas abatidas permanecen, hasta el momento, en calidad de no identificadas. La dependencia no reportó agentes heridos ni fallecidos en el operativo.
Tras el enfrentamiento, la FGE solicitó el despliegue de refuerzos integrados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con el objetivo declarado de blindar el perímetro y reforzar la presencia disuasiva en la zona. Peritos y agentes del Ministerio Público quedaron a cargo del levantamiento de indicios, las pruebas forenses para la identificación de los cuerpos y el aseguramiento del armamento, un procedimiento que en México se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales para preservar la cadena de custodia.
Al tratarse de un enfrentamiento con resultado de muerte de civiles a manos de agentes estatales, el caso deberá ser revisado también por los mecanismos de control interno de la propia Fiscalía y, en su caso, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o su similar estatal, instancias facultadas para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos correspondientes. Hasta el momento no se ha reportado la apertura de una carpeta de investigación autónoma sobre la actuación de los agentes, ni pronunciamiento de organismos de derechos humanos sobre este episodio.
El grupo señalado y su historial de crímenes políticos
Los Rusos es identificado por la FGE de Oaxaca como un grupo criminal con control territorial en ocho municipios de esa entidad y 15 de Guerrero, dedicado presuntamente a la distribución de drogas —principalmente cristal y cocaína—, así como a la ejecución de vendedores vinculados a organizaciones rivales, secuestros, narcomenudeo y portación ilegal de armas de fuego. La FGE atribuye a esta célula, entre otros hechos, dos crímenes con componente político ocurridos en el mismo municipio de San Juan Cacahuatepec.
El primero fue el asesinato de Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Jardines y Panteones del ayuntamiento local, ejecutada el 6 de noviembre de 2025 por dos hombres armados que la interceptaron en motocicleta al salir de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán. El segundo fue el homicidio de Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, asesinado a balazos el 15 de julio de 2026 dentro de una ferretería. Ninguno de estos dos casos registra, según la información disponible, una vinculación a proceso formal contra responsables identificados.
La región Costa de Oaxaca, particularmente el corredor que conecta con Guerrero, ha sido señalada en años recientes por autoridades estatales y federales como una zona de disputa territorial entre grupos dedicados al narcomenudeo y al control de rutas hacia el Pacífico, un patrón que se replica en otras franjas fronterizas interestatales del país. La violencia contra figuras del poder local no es exclusiva de esta entidad: desde la alternancia federal de 2000, el homicidio de presidentes municipales, regidores y aspirantes se ha convertido en un fenómeno recurrente en estados como Guerrero, Michoacán y Veracruz, donde grupos criminales han buscado incidir en la administración pública mediante la coacción o la eliminación de autoridades.
En términos procesales, el episodio no constituye en sí mismo una imputación ni una vinculación a proceso: se trata de un enfrentamiento armado cuyo resultado —la muerte de cuatro personas señaladas como integrantes de un grupo delictivo— deberá esclarecerse mediante la investigación ministerial en curso. La identificación plena de los cuerpos, pendiente de las pruebas forenses anunciadas por la FGE, será un primer paso para determinar si existían carpetas de investigación previas contra ellos y, en su caso, esclarecer su presunta pertenencia a Los Rusos.
La Fiscalía no ha informado si derivado de este operativo se realizaron detenciones adicionales, aseguramientos de vehículos o cateos en domicilios vinculados al grupo. Tampoco ha trascendido si la dependencia estatal solicitará a un juez de control alguna orden de aprehensión contra otros presuntos integrantes de la célula como resultado de los indicios recabados en la escena. El propio derecho de réplica de los señalados como agresores queda supeditado a su identificación, que las autoridades no han concretado.
El caso se suma a una serie de hechos violentos atribuidos a esta organización en la región Costa, sin que hasta ahora conste una sentencia firme contra alguna persona por los homicidios de la regidora Urban Ceballos o del expresidente municipal Martínez Barroso, lo que mantiene abiertas ambas carpetas de investigación en la Fiscalía oaxaqueña.
El despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona, anunciado tras el enfrentamiento, apunta a una fase de contención inmediata más que a una intervención de mediano plazo contra el grupo, cuya presencia en 23 municipios entre Oaxaca y Guerrero —según la propia caracterización de la FGE— excede los alcances de un solo operativo policial. Las autoridades no han anunciado plazos ni una estrategia específica para la región, ni la SEMAR, la Defensa Nacional o la Guardia Nacional han emitido un pronunciamiento propio sobre el episodio.