El Ministerio para la Transición Ecológica debe decidir antes de fin de mes cuánto sube la TUR, tal y como marca la legislación, que obliga a revisar esta tarifa cada trimestre según la evolución del gas en los mercados mayoristas. El coste de la materia prima se ha elevado más de un 2% respecto a la revisión de junio, umbral que activa el reajuste. Las fuentes del sector anticipan un alza superior a la de otras ocasiones, aunque limitada por el propio mecanismo regulado.
La subida llega en un contexto de inflación ya elevada: el Índice de Precios de Consumo se ha incrementado un 4,3% hasta agosto, con los combustibles subiendo un 30% durante el verano y el gas de calefacción un 46%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El otoño energético se presenta así como un nuevo golpe para unas economías domésticas que ya venían acusando el impacto de los precios en carburantes y electricidad.
La tarifa regulada de gas, conocida técnicamente como TUR, ha ido ganando peso entre los consumidores españoles desde la crisis energética del otoño de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios del gas hasta máximos históricos. Desde entonces, el número de suministros acogidos a esta modalidad ha crecido hasta superar los tres millones, prácticamente el doble que hace cuatro años, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este colectivo representa ya un 40% de los clientes con gas natural contratado, frente a poco más del 20% de hace cuatro años, cuando las tarifas del mercado libre eran mayoritarias. El fenómeno refleja una búsqueda de estabilidad frente a la volatilidad: aunque la TUR también sube cuando lo hace el gas, lo hace de forma más amortiguada que cualquier oferta del mercado libre, protegida por un mecanismo de cálculo regulado.
La diferencia de coste entre ambas modalidades resulta significativa. Según el comparador de la CNMC, un hogar con un consumo anual de 6.000 kWh pagó el año pasado 447 euros en la TUR, frente a los 472 euros de la tarifa libre más barata disponible y los más de 900 euros anuales de algunas de las comercializadoras más caras. Las empresas del mercado libre ya han comenzado a trasladar la escalada internacional a sus tarifas, lo que anticipa contratos más caros para quienes no estén acogidos a la modalidad regulada.
El sistema de cálculo cuestionado por la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha reclamado una revisión del método empleado para fijar el precio de la TUR, al considerar que el sistema actual emplea referencias distintas a las que utiliza el mercado mayorista de gas. El organismo sostiene que esa discrepancia genera una tarifa cuyo precio resulta difícilmente comparable con el resto de modalidades del mercado libre. Competencia ha exigido reformar el cálculo, en sus palabras,
«para incluir todos los costes de la actividad», según ha reclamado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Un informe elaborado por la consultora KPMG respalda esta tesis y aboga por incorporar al cálculo costes regulados —como los de transporte— que hasta ahora quedan fuera de la fórmula, con el objetivo de evitar distorsiones. El análisis de la firma cuantifica la magnitud del desajuste: la diferencia entre el índice Mibgas, una de las referencias habituales para el gas natural, y el coste reconocido en la TUR llegó a situarse en torno a los 43 euros por megavatio/hora.
La actual escalada, aun siendo la más severa en más de tres años, todavía se mantiene lejos de los picos alcanzados durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, cuando el gas natural llegó a cotizar a 230 euros por megavatio/hora en los mercados europeos. Aquel episodio de 2022 obligó a los gobiernos comunitarios a activar mecanismos de emergencia para garantizar el suministro y contener el impacto en los hogares más vulnerables.
El origen de la tensión actual se sitúa esta vez en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita una parte sustancial del gas y el petróleo que llegan a los mercados internacionales desde Oriente Próximo. La inestabilidad en ese corredor estratégico ha vuelto a introducir una prima de riesgo en la cotización del gas natural, en un mercado que sigue muy expuesto a los cuellos de botella logísticos y a la geopolítica energética global.
El encarecimiento se suma a otras tensiones que atraviesan la economía española, en un momento en que el coste de las cotizaciones sociales para las empresas ha subido un 34% desde 2018, lo que evidencia una presión de costes que golpea tanto a hogares como a negocios en distintos frentes. Para los hogares que permanecen en el mercado libre, el escenario obliga a vigilar las condiciones contractuales ante el riesgo de que las subidas internacionales se trasladen de forma más directa que en la tarifa regulada.
La decisión del Gobierno sobre la magnitud del incremento de la TUR debe adoptarse antes del 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor la nueva revisión trimestral prevista por la normativa. Quienes se acojan a la tarifa regulada también verán encarecerse el recibo, con una subida que reflejará solo de forma parcial la escalada gasista mundial.
