La sentencia pone fin, al menos en esta instancia, a un litigio que se prolonga desde hace 15 años. El origen se remonta a la protesta del 15 de junio de 2011, cuando miles de personas rodearon la sede del Parlament en Barcelona coincidiendo con el pleno en el que se debía aprobar un paquete de recortes presupuestarios de la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas. Varios diputados tuvieron que acceder al hemiciclo en helicóptero o custodiados por la policía ante la imposibilidad de atravesar el cordón de manifestantes por las vías de acceso habituales.
Años después de aquellos hechos, la justicia española procesó y condenó a un grupo de manifestantes a penas que en algunos casos alcanzaron los tres años de prisión. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que avaló las condenas, lo que abrió la puerta a que los afectados recurrieran ante el TEDH invocando una vulneración de su derecho a la libertad de reunión y manifestación, recogido en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo conocido este jueves da la razón, en lo sustancial, a los demandantes. El TEDH sostiene que ninguno de los cuatro condenados participó en actos de violencia durante el cerco a la cámara catalana, un extremo que considera determinante a la hora de valorar la proporcionalidad de las penas. Según el razonamiento del tribunal con sede en Estrasburgo, las condenas de prisión "no eran proporcionadas en relación con los objetivos legítimos de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás, ni de prevenir el desorden".
El tribunal europeo no exculpa por completo la actuación de los manifestantes ni cuestiona que hubiera un interés legítimo del Estado en intervenir. Los jueces admiten que hubo episodios de intimidación hacia los diputados que trataban de acceder a la sede parlamentaria, lo que en su opinión sí podría haber justificado algún tipo de sanción. El reproche de Estrasburgo se centra, por tanto, no en la existencia de una respuesta penal, sino en su intensidad: tres años de cárcel, concluye la sentencia, excedían lo necesario en una sociedad democrática para proteger esos bienes jurídicos.
Un dato subrayado por el propio tribunal es que ninguno de los cuatro condenados llegó a ingresar en prisión pese a la firmeza de las penas. La ejecución quedó en suspenso mientras se sustanciaban los sucesivos recursos, primero ante el Tribunal Constitucional y después ante el TEDH, un itinerario que se dilató durante años y que ilustra la lentitud con la que este tipo de causas recorre las distintas instancias hasta agotar la vía interna y abrir el recurso europeo.
Qué obliga a hacer el fallo a España
El pronunciamiento del TEDH obliga ahora al Estado español a indemnizar a los demandantes, según el mecanismo habitual en este tipo de sentencias condenatorias, aunque no implica de forma automática la anulación de las condenas en el orden interno. Corresponde a los tribunales españoles, y en última instancia al Tribunal Constitucional, valorar si procede algún tipo de revisión conforme al cauce previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar las resoluciones internas a los criterios fijados por Estrasburgo cuando se declara una vulneración de derechos fundamentales.
El caso se inscribe en una línea de pronunciamientos del TEDH sobre libertad de reunión que exige a los Estados reservar las respuestas penales más severas para los episodios de violencia efectiva. En la doctrina consolidada del tribunal europeo, la proporcionalidad de la pena debe medirse en función del daño real causado y no únicamente de la gravedad formal del tipo penal aplicado, un principio que Estrasburgo ha aplicado repetidamente al enjuiciar sanciones vinculadas al ejercicio del derecho de protesta.
El margen de apreciación que el Convenio Europeo concede a los Estados en materia de orden público es amplio, pero no ilimitado. Ese equilibrio se remonta a la propia jurisprudencia del tribunal desde las primeras décadas de la España democrática, cuando el Convenio —ratificado por España en 1979, dos años después de su ingreso en el Consejo de Europa— pasó a ser parámetro de control sobre las respuestas estatales a la contestación social.
El fallo llega en un momento en el que el debate sobre los límites penales a la protesta social sigue vivo en España, con reformas legislativas —entre ellas la ley de seguridad ciudadana y sucesivas modificaciones del Código Penal— que han ido perfilando qué conductas de perturbación del orden público en manifestaciones pueden ser objeto de sanción penal y cuáles deben quedar circunscritas al ámbito administrativo.
La sentencia no es firme de manera inmediata: como es habitual en este tipo de resoluciones, las partes disponen de un plazo de tres meses para solicitar que el caso sea remitido a la Gran Sala del TEDH, la instancia superior del tribunal, si consideran que plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o aplicación del Convenio. Solo si ese recurso no se presenta, o si la Gran Sala lo rechaza, la resolución adquirirá carácter definitivo.
A partir de entonces, el Comité de Ministros del Consejo de Europa será el encargado de supervisar la ejecución de la sentencia por parte de España, incluido el pago de la indemnización fijada y la adopción de eventuales medidas generales para evitar que se repitan vulneraciones similares en futuros casos relacionados con el derecho de manifestación.
