El cálculo que maneja COAG parte de una proporción laboral: cada hectárea dedicada al cultivo de tomate genera, según la organización, unos seis puestos de trabajo. Al multiplicar esa ratio por las 4.000 hectáreas que se habrían dejado de cultivar en la península en cinco años, Góngora llega a la cifra de 24.000 empleos perdidos. «Hay que tener en cuenta que cada hectárea de tomate genera seis puestos de trabajo, y al perderse 4.000 hectáreas, pues estamos hablando de unos 24.000 empleos menos por culpa del tomate marroquí», declaró el dirigente agrario. Se trata de una estimación del propio sector, no de un dato certificado por un organismo estadístico oficial.
La reducción de superficie es el punto de partida de esa proyección. Según Góngora, España ha pasado de contar con unas 12.000 hectáreas dedicadas al tomate de invierno en la península a las 8.000 actuales, lo que supone una caída de aproximadamente el 33% en cinco años. «Son cultivos que por culpa de la competencia se van abandonando», sostuvo. Este tipo de producción, concentrada sobre todo en Almería, Murcia y Canarias, compite de forma directa con la marroquí, que se recolecta en fechas similares y se destina a los mismos mercados de exportación europeos.
La brecha de precios y el marco del acuerdo
El argumento central de los productores españoles es la diferencia de precios en origen. Según Góngora, la Unión Europea autoriza la entrada de tomate marroquí a un precio de referencia de 46 céntimos el kilo, mientras que el precio medio del tomate español ronda el euro el kilo. «Para los agricultores españoles es imposible competir», aseguró. Esa disparidad, sostiene el sector, resulta especialmente lesiva en los meses de invierno, cuando ambas producciones coinciden en el calendario de comercialización.
El marco que regula estas condiciones es el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, en vigor desde el año 2000 y ampliado en sucesivas revisiones agrícolas y pesqueras. Ese acuerdo establece contingentes arancelarios preferenciales para determinados productos marroquíes, entre ellos el tomate, sujetos a precios de entrada mínimos. Las organizaciones agrarias españolas denuncian que esos umbrales no siempre se respetan y reclaman controles aduaneros más estrictos, aunque el mecanismo formal contempla cláusulas de salvaguarda que permiten a Bruselas intervenir si se acredita una distorsión del mercado.
El contexto se complicó con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligó a revisar el alcance territorial del acuerdo. El TJUE consideró que los productos originarios del Sáhara Occidental no podían beneficiarse automáticamente de las preferencias pactadas con Marruecos sin el consentimiento de la población saharaui. Como respuesta, la Comisión Europea y Rabat negociaron una modificación del acuerdo, concluida en octubre de 2025, que extiende expresamente esas preferencias arancelarias a los productos procedentes del territorio saharaui.
Ese ajuste se aplica de forma provisional desde su conclusión, a la espera de que se complete el procedimiento de ratificación formal. El paso decisivo llegará en otoño de 2026, cuando la Eurocámara deberá votar si da su visto bueno definitivo a la modificación del régimen comercial para los productos del Sáhara Occidental. Un rechazo parlamentario obligaría a renegociar los términos o a mantener la situación de provisionalidad; una aprobación consolidaría el marco actual.
La perspectiva de esa votación ha reactivado las demandas de las organizaciones agrarias españolas, que reclaman a la Comisión Europea controles más estrictos sobre el cumplimiento de los precios de entrada y las cláusulas de salvaguarda previstas en el propio acuerdo. COAG ha pedido en distintas ocasiones que se activen mecanismos de vigilancia aduanera más exhaustivos para evitar que el tomate marroquí entre por debajo del precio pactado.
La Comisión Europea ha defendido con anterioridad que el acuerdo con Marruecos forma parte de una política de vecindad más amplia, con implicaciones diplomáticas y migratorias que trascienden el ámbito estrictamente comercial. Marruecos, por su parte, considera el acceso preferencial al mercado agrícola europeo una de las contrapartidas económicas más relevantes de su relación bilateral con Bruselas. Ambas partes disponen así del mismo margen para exponer sus posiciones ante la votación pendiente.
El recorrido del propio acuerdo constituye el antecedente más inmediato. La ampliación de contingentes acordada en 2012 ya generó tensiones y protestas entre los productores de Almería y Murcia, que reclamaron entonces mecanismos de vigilancia sobre los precios de entrada. Aquella controversia anticipó buena parte del conflicto que hoy vuelve a plantearse en torno a la ratificación de otoño.
La dimensión geopolítica del acuerdo no es menor. Marruecos es uno de los socios comerciales prioritarios de la Unión Europea en el norte de África, con vínculos reforzados en materia energética, migratoria y de seguridad, en particular en el control de flujos hacia España a través de Ceuta y Melilla. La cuestión se inserta además en el conflicto no resuelto sobre la soberanía del Sáhara Occidental, cuyo estatuto sigue pendiente ante Naciones Unidas.
Para España, el tomate marroquí compite de forma directa con una producción que ha sido tradicionalmente motor económico de comarcas del sureste peninsular, donde el empleo depende en gran medida de los ciclos de siembra y recolección. La pérdida de hectáreas de cultivo, de confirmarse en la magnitud que apunta COAG, tendría un impacto que afecta a la vertebración económica de zonas rurales con pocas alternativas productivas.
El calendario que queda por delante está marcado por la votación de otoño en el Parlamento Europeo, que decidirá si la modificación del acuerdo sigue adelante de forma definitiva. En paralelo, las organizaciones agrarias españolas confían en trasladar a Bruselas su preocupación por la reciprocidad en los controles fitosanitarios y laborales entre ambas orillas del Mediterráneo, un asunto que previsiblemente ganará peso en la agenda comunitaria conforme se acerque la fecha del voto.
