El calendario de 2027 concentrará en una sola jornada la renovación de los tres niveles de representación popular del sistema salvadoreño: la Presidencia de la República, las 60 curules de la Asamblea Legislativa y los concejos municipales del país. Será la primera cita electoral general tras la reforma que redujo el número de diputados de 84 a 60 y modificó el mapa de circunscripciones, un cambio que alteró la aritmética legislativa en la elección de 2024.
El planteamiento del artículo se inscribe en una discusión sobre el funcionamiento de los contrapesos institucionales salvadoreños en los últimos años. Esa discusión ha estado marcada por la reelección presidencial habilitada por una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2021, entonces con magistrados de reciente nombramiento por la Asamblea Legislativa, y por la vigencia continuada del régimen de excepción, que cumple más de cuatro años activo con suspensión de garantías constitucionales.
El país cuenta con un antecedente de disputa sobre la legitimidad de un proceso electoral: los comicios presidenciales de 1972, en los que la oposición liderada por José Napoleón Duarte denunció fraude tras un resultado adverso, episodio que décadas después se citó como uno de los detonantes del conflicto armado que se extendió entre 1980 y 1992. Sectores académicos han invocado esa comparación, salvando las diferencias de contexto, para advertir sobre los riesgos de erosión en la confianza institucional.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el organismo encargado de organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales, según establece el Código Electoral vigente. Su composición, al igual que la de la CSJ, depende de mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa, cámara que desde 2021 está controlada de forma mayoritaria por la fracción legislativa oficialista de Nuevas Ideas.
La Asamblea Legislativa ha mantenido en las últimas semanas una agenda centrada en asuntos presupuestarios y económicos, como la reasignación de $97 millones a instituciones públicas aprobada por una comisión, o la reforma a la Ley Mype que crea tres subcategorías de microempresa, sin que se haya discutido en el pleno una reforma específica al marco normativo de las elecciones de 2027.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es la institución constitucionalmente encargada de velar por el respeto a las garantías fundamentales durante figuras como el régimen de excepción, cuyas sucesivas prórrogas ha aprobado la Asamblea Legislativa con el respaldo mayoritario de la bancada oficialista desde marzo de 2022. La Corte de Cuentas de la República, por su parte, mantiene la competencia de fiscalizar el uso de fondos públicos destinados al proceso electoral, incluidos los que administre el TSE.
El texto de Fajardo Cuéllar es de carácter opinativo y no constituye una denuncia formal ante ninguna instancia jurisdiccional ni administrativa salvadoreña. El artículo se publicó bajo el título "El Salvador en la ruta del 2027: elecciones sin democracia y en dictadura".
