Las dos iniciativas, de contenido idéntico, están destinadas a ser debatidas en dos comisiones distintas: la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, donde PP y Vox suman mayoría absoluta, y la Comisión de Interior. La duplicidad busca garantizar que el asunto se aborde en ambos foros parlamentarios, en un contexto en el que el Gobierno ha descartado acudir al Senado a tratar la situación de Ceuta. Gamarra señaló que las medidas plantean una actuación «inmediata y urgente» para conseguir «la vuelta a la normalidad mediante los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la ciudad autónoma, la integridad territorial de España y los derechos y libertades de los ceutíes».
Gamarra pidió que se reconozca oficialmente la situación que atraviesa la ciudad como una «crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial», calificación que constituye el presupuesto jurídico para activar los mecanismos previstos en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional. Esa norma, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, habilita al Ejecutivo a declarar una «situación de interés para la Seguridad Nacional» cuando concurren circunstancias que no alcanzan la gravedad de un estado de alarma, excepción o sitio, pero exigen una coordinación reforzada entre administraciones. Su activación corresponde en última instancia al Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe del Ejecutivo.
La dirigente popular defendió que el mando único permitiría, «de la mano del Estado», recuperar la normalidad en la vida cotidiana de los ceutíes. «No es mucho pedir», afirmó, e instó a ponerse «en la piel» de los vecinos de la ciudad autónoma para poner fin a lo que describió como una «sensación de abandono».
El plan de choque: efectivos, UCRIF y Extranjería
Entre las medidas concretas, la proposición contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización y la incorporación de 50 nuevos funcionarios a las oficinas de Extranjería, que según planteó Gamarra deberían proceder «desde todas las comisarías de España si es necesario». El PP reclamó asimismo el despliegue de especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), dependiente de la Policía Nacional, así como el incremento de efectivos de las unidades de intervención policial y de la Guardia Civil para combatir a las redes de trata de personas. «Es necesario blindar la seguridad en la ciudad», subrayó Gamarra durante su comparecencia.
Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, una circunstancia geográfica que ha convertido a ambas ciudades autónomas en puntos históricos de presión migratoria. La valla fronteriza con Marruecos, reforzada en sucesivas ocasiones desde los años noventa, y los episodios de entradas masivas —como el registrado en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una crisis diplomática entre Madrid y Rabat— han marcado la relación entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma y el Ejecutivo marroquí.
El retorno de menores, el punto más delicado
El extremo más sensible de la propuesta afecta a los menores extranjeros no acompañados. Gamarra defendió el «retorno inmediato» tanto de adultos como de menores que entraron de forma irregular, y sostuvo que se trata de «el único camino», sin que exista, a su juicio, «otra vía». Argumentó que estos menores han sido reclamados por sus países de origen, que «no están desamparados» y que España cuenta con convenios bilaterales con Marruecos que permitirían articular jurídica y diplomáticamente su regreso con sus familias o bajo los mecanismos de protección de su país.
Las proposiciones precisan que el retorno de los menores debería producirse con sus familias o, cuando ello no sea posible, con los servicios de protección del país de origen, siempre que concurran las condiciones legales, se respete el interés superior del menor y de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes, entre ellos la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990, que exige que cualquier decisión sobre repatriación se adopte tras una evaluación individualizada.
La normativa española en materia de extranjería, recogida en la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo, establece un procedimiento específico para el retorno de menores no acompañados que exige la intervención de los servicios de protección de la comunidad autónoma correspondiente, informe previo del Ministerio Fiscal y garantías de que en el país de origen existen condiciones adecuadas de acogida.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado en los últimos días a las advertencias sobre la situación en la ciudad, al alertar de que Ceuta se encuentra «al borde del colapso» y señalar la existencia de «problemas sanitarios» derivados de la presión migratoria, en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado la instalación de carpas para acoger a alrededor de 1.500 inmigrantes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha respondido de forma detallada a las proposiciones registradas este lunes, aunque en pronunciamientos anteriores sobre la situación en Ceuta ha descartado trasladar el debate al Senado y ha instado al PP a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, en un cruce de reproches entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición.
El debate sobre la gestión migratoria en Ceuta y Melilla no es nuevo: desde la crisis de 2021 y los episodios de entradas masivas de los últimos años, sucesivos gobiernos han recurrido a fórmulas de coordinación reforzada entre el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y las autoridades autonómicas, sin que hasta ahora se haya activado formalmente el mecanismo previsto en la Ley de Seguridad Nacional para una crisis migratoria de este tipo.
El calendario parlamentario determinará ahora los plazos de tramitación de las dos iniciativas. Al carecer de valor vinculante, su eventual aprobación en comisión —donde PP y Vox suman mayoría en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional— tendría un efecto de presión política sobre el Ejecutivo, pero no le obligaría jurídicamente a activar la ley invocada.
