La prórroga afecta a dos de los siete reactores que componen el parque nuclear español, repartidos en cinco centrales: Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). Según datos del Miteco, la potencia eléctrica instalada conjunta de las siete unidades asciende a 7.398,77 megavatios (MW), una cifra que sitúa a España, junto con Bélgica, como el segundo país de la Unión Europea con más reactores en activo, muy por detrás de Francia, que opera 56 centrales y prevé construir entre seis y ocho reactores adicionales en las próximas décadas, según los planes anunciados por el Gobierno francés.
Almaraz ocupa un lugar central en ese mapa. Sus dos unidades, en marcha desde 1983 y 1984 respectivamente, han aportado históricamente cerca de un tercio de toda la energía nuclear generada en España. Según datos de Red Eléctrica Española, en la primera mitad de 2024 la energía nuclear supuso el 19% de los más de 125.000 gigavatios hora producidos en el país (24.476 gigavatios hora); de ese volumen nuclear, un 30% —7.430 gigavatios hora— se generó en Extremadura, en buena medida gracias a esta central.
La titularidad de Almaraz corresponde a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), sociedad participada por Iberdrola Generación Nuclear (52,7%), Endesa Generación (36%) y Naturgy Energy Group (11,3%). Estas tres compañías son también, en distintas proporciones, propietarias del resto del parque nuclear español, un modelo de participación cruzada que se repite en Ascó, Vandellós II y Trillo, esta última con EDP HC Energía como accionista minoritario (15,5%).
Un calendario de cierre escalonado que va de 2030 a 2035
El calendario que ahora se modifica para Almaraz forma parte de un plan de cierre escalonado de toda la flota nuclear española que las eléctricas y Enresa diseñaron previendo el fin de la vida útil de cada reactor entre 2027 y 2035. Según ese calendario, aún vigente para el resto de instalaciones, Vandellós II dejaría de operar en julio de 2030, Ascó I y Cofrentes en octubre y noviembre de 2030 respectivamente, Ascó II en octubre de 2031 y Trillo, la más moderna —en explotación comercial desde 1988—, en mayo de 2035.
La decisión sobre Almaraz no lleva aparejado, de momento, ningún cambio formal en los plazos del resto de centrales, según lo publicado por el Miteco. El precedente más claro de cese en España es el de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, cuyo desmantelamiento se inició en 2023 y está previsto que finalice en 2033, un proceso que ilustra la duración y complejidad técnica que implica desmontar una instalación nuclear una vez cesa su actividad. Con la prórroga, Almaraz no seguirá por ahora ese camino.
El procedimiento para prorrogar la vida de un reactor está regulado por la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear y su normativa de desarrollo, que exige un informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear —organismo regulador independiente creado en 1980— antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica pueda conceder o renovar la autorización de explotación. El CSN evalúa el estado de los sistemas de seguridad, los programas de mantenimiento y el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, un examen que en el caso de Almaraz ha resultado favorable, según recoge el propio BOE.
El debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética española enfrenta posiciones distintas entre el Gobierno, las eléctricas y las organizaciones ecologistas. El sector eléctrico ha reclamado en los últimos años revisar el calendario de cierres alegando el papel de la energía nuclear como fuente de generación estable y de bajas emisiones. Distintas plataformas antinucleares, en cambio, han defendido mantener el calendario original de cierre progresivo, argumentando los costes de gestión de residuos y los riesgos asociados a prolongar la vida útil de reactores con más de cuatro décadas de funcionamiento.
El Gobierno ha sostenido que el calendario de cierre nuclear responde a un consenso alcanzado entre la Administración, Enresa y las compañías propietarias, y que cualquier modificación debe basarse en criterios técnicos de seguridad avalados por el CSN. La prórroga de Almaraz se enmarcaría así en el cumplimiento de esos requisitos, más que en un cambio de rumbo respecto al objetivo de ir sustituyendo la generación nuclear por fuentes renovables.
La Unión Europea no tiene una política energética común en materia nuclear: cada Estado miembro decide su propio mix, aunque Bruselas regula aspectos de seguridad y gestión de residuos a través de directivas del marco Euratom. Esa disparidad explica por qué países como Francia han optado por ampliar su parque nuclear mientras Alemania completó en 2023 el cierre de sus últimos tres reactores, poniendo fin a una política de abandono nuclear que se aceleró tras el accidente de Fukushima en 2011.
La renovación de Almaraz llega en un contexto en el que España ha ido incrementando el peso de las energías renovables en su matriz eléctrica, con la eólica y la solar fotovoltaica ganando protagonismo frente a las fuentes convencionales, según los balances periódicos de Red Eléctrica Española. La convivencia entre ese despliegue renovable y el mantenimiento de la generación nuclear seguirá siendo previsiblemente uno de los ejes del debate energético español, especialmente de cara a la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El foco se traslada ahora a las cuatro centrales restantes —Ascó I y II, Cofrentes y Vandellós II—, cuyas fechas de cierre previstas entre 2030 y 2031 podrían ser objeto de solicitudes de prórroga similares por parte de sus propietarios. Cualquier decisión en ese sentido requerirá, como en el caso de Almaraz, un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y su posterior publicación en el BOE, el trámite que marcará el rumbo del parque nuclear español durante la próxima década.
