«Al ministro de Asuntos Exteriores español no le respondo yo, sino los números», escribió Tajani en su cuenta oficial, en un mensaje redactado en italiano que acompañó de una batería de cifras sobre la evolución de la inmigración irregular en su país. Según el vice primer ministro italiano, los migrantes irregulares en Italia han descendido un 60% en términos interanuales desde 2023.
El ministro añadió que, de enero a julio de 2026, los desembarcos cayeron un 80% respecto al mismo periodo de 2023. Las llegadas irregulares por mar hasta el 15 de julio de 2026 se situaron en 15.323, lo que representa, según los datos citados por el propio Tajani, un descenso del 54% frente a 2025 y del 50% frente a 2024. El ministro atribuyó estas cifras a fuentes de su departamento, sin especificar el organismo estadístico de origen.
Tajani vinculó estos resultados a «un duro trabajo y a acuerdos bilaterales con ocho países de origen y tránsito que promueven flujos migratorios regulares y seguros y combaten el tráfico de seres humanos». Subrayó además que el nuevo Pacto de la UE sobre asilo y migración lleva «una marcada impronta italiana», que asoció a la línea de Silvio Berlusconi y de los gobiernos que este presidió. El ministro insistió, asimismo, en que entre los migrantes llegados a Ceuta hay más de 5.000 personas procedentes del África subsahariana que, a su juicio, no pueden ser repatriadas ni reenviadas a Marruecos por la falta de acuerdos de readmisión. «¿Qué fin tendrán? ¿Adónde irán?», se preguntó.
La crisis de Ceuta y los términos de la suspensión
El origen de la disputa diplomática se remonta al jueves 30 de julio, cuando se produjo una llegada masiva de inmigrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. El Ejecutivo italiano respondió anunciando la suspensión temporal del régimen de libre circulación previsto por el Tratado de Schengen en las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo controles fronterizos desde el 1 de agosto, con una duración inicialmente prevista de un mes.
Según las explicaciones ofrecidas por el propio Gobierno italiano, la medida consiste en controles selectivos y aleatorios dirigidos principalmente a ciudadanos de terceros países que lleguen procedentes de España, con el objetivo declarado de verificar la regularidad de su entrada en el espacio europeo. Los ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea quedan expresamente excluidos y pueden seguir viajando entre ambos países sin trámites adicionales.
Tajani había vinculado previamente las imágenes de Ceuta a la política de regularización migratoria del Gobierno español, que calificó de errónea y de incentivo indirecto al tráfico de personas. Albares respondió calificando esas declaraciones de «impropias» de un ministro de un país socio y amigo, del que España espera solidaridad europea y no demagogia partidista, y convocó al embajador italiano en Madrid para expresar su malestar.
La posición del Gobierno español
El jefe de la diplomacia española vinculó los sucesos de Ceuta a una sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en caliente, el mecanismo de rechazo en frontera que regula la expulsión inmediata en Ceuta y Melilla y que ha sido objeto de sucesivos pronunciamientos judiciales desde su incorporación a la Ley de Extranjería mediante la reforma de 2015. Albares aseguró posteriormente que la integridad del espacio Schengen está «absolutamente garantizada» por parte de España.
Según defendió el ministro español, la práctica totalidad de las personas que entraron en Ceuta habían regresado ya a Marruecos, y remarcó que no existe posibilidad de trasladarse desde Ceuta o Melilla hacia la península sin pasar por controles policiales, dado el estatuto singular de ambas ciudades autónomas dentro del espacio europeo de libre circulación.
El marco jurídico y los precedentes europeos
El Tratado de Schengen, firmado en 1985 y plenamente incorporado al ordenamiento comunitario tras el Tratado de Ámsterdam de 1997, contempla en el Código de fronteras Schengen la posibilidad de que un Estado miembro reintroduzca controles temporales en sus fronteras interiores en casos de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. La norma exige que la medida sea notificada a la Comisión Europea, limitada en el tiempo y prorrogable solo si persiste la amenaza alegada.
No es la primera vez que un socio invoca esta cláusula. Francia mantiene controles en su frontera con España y otros países desde los atentados de París de 2015, y Alemania los reforzó en su frontera con Austria durante la crisis migratoria de 2015-2016. La aplicación de la cláusula entre dos socios fundadores de la Unión como Italia y España, sin una amenaza terrorista explícita, constituye un precedente inusual en la historia reciente del espacio de libre circulación.
Tajani sostuvo que la decisión de suspender Schengen cuenta con el respaldo de 21 países europeos y que «está en línea con los Tratados y es la correcta». Francia, sin embargo, descartó «absolutamente» seguir el ejemplo italiano y suspender el acuerdo con España, según su posición pública, lo que evidencia la falta de un frente común entre los socios europeos sobre la gestión de los flujos migratorios en el sur del continente.
El plazo inicial de un mes fijado por el Gobierno de Meloni vence a finales de agosto de 2026, momento en el que Roma deberá decidir si prorroga la medida, la retira o la modifica en función de la evolución de los flujos migratorios y de las conversaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
