El estudio, elaborado por una consultora especializada en inteligencia política, mide mensualmente el llamado Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA), una metodología que cuantifica menciones y clasifica su tono —positivo, negativo o mixto— para obtener un «saldo efectivo» por partido. Se trata de una medición privada, no de un ejercicio oficial del INE ni de otra autoridad electoral, pero ofrece un termómetro sobre cómo se proyectaron las principales fuerzas políticas del país en la antesala de los comicios de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y diversas gubernaturas.
Morena, partido en el gobierno desde 2018 y con mayoría en San Lázaro durante la LXVI Legislatura, concentró 38% de la cobertura total registrada, el porcentaje más alto entre las seis fuerzas analizadas. El balance de tono, sin embargo, fue el más desfavorable del ciclo monitoreado: solo 24% de las menciones se catalogaron como positivas frente a 56% negativas, de acuerdo con la consultora.
Entre los factores que explican ese deterioro figura la filtración de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que habría exhibido diferencias internas dentro de la coalición gobernante. A ello se sumaron las tensiones con Washington derivadas del caso de Zambada García, capo histórico del Cártel de Sinaloa detenido en 2024 en territorio estadounidense, cuya causa judicial ha mantenido bajo escrutinio la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad. También pesaron los cuestionamientos al proceso de selección de candidatos rumbo a 2027 y la polémica por la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El caso Zambada ha reactivado señalamientos sobre presuntos vínculos entre estructuras políticas de Sinaloa y organizaciones criminales, un tema con antecedentes que en México se remontan a los años noventa, cuando la agenda de seguridad comenzó a entrelazarse de forma recurrente con la contienda electoral y legislativa. El gobernador Rocha Moya, de extracción morenista, ha negado en distintas ocasiones cualquier vínculo con actividades ilícitas. En el haber del oficialismo, el estudio computa que el INE ordenó al PRI retirar publicidad que vinculaba a Morena con el narcotráfico y que el partido mantuvo su ventaja en las encuestas de Nayarit.
La resolución del INE se dictó en aplicación de la normativa electoral que prohíbe la propaganda calumniosa entre partidos. El instituto, órgano constitucional autónomo encargado de organizar elecciones federales y vigilar la contienda, resolvió el asunto por la vía de sus procedimientos sancionadores ordinarios, un mecanismo que permite ordenar el retiro de mensajes mientras se sustancia la queja.
La paradoja priista y el flanco panista
El PRI, fundado en 1929 y que gobernó México de forma ininterrumpida durante más de siete décadas hasta la alternancia de 2000, convirtió esa misma resolución en un activo narrativo. Con 321 puntos de cobertura total y un saldo efectivo negativo de 64 puntos —de menor magnitud que el de otros partidos—, el tricolor capitalizó la orden de retirar sus publicaciones como evidencia de lo que su dirigencia calificó de censura institucional. El tema representó, según el estudio, la mitad de toda la cobertura recibida por el partido en julio, con una mezcla de tonos.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, conocido como «Alito Moreno», presentó la resolución del INE como un intento de silenciar críticas hacia el partido en el poder. Desde Morena se defendió que la actuación del instituto se ciñó a la normativa electoral vigente y que no existió motivación política en la sanción. Ambas posiciones no han sido reconciliadas por las partes.
El PAN registró el peor balance proporcional del mes: 67% de sus 536 puntos de cobertura fueron de tono negativo, con un saldo efectivo de -305 puntos, el más adverso del estudio. El detonante fue la detención de Ernesto Ruffo Appel —primer gobernador de oposición electo en México, en Baja California en 1989— por presunto huachicol fiscal, término con el que se identifica en el país el robo y contrabando de combustibles.
La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero Herrera, denunció lo que calificó de «cacería de brujas» contra cuadros históricos de oposición y amplió sus críticas hacia la gobernadora de Baja California y hacia la relación comercial con Estados Unidos en el marco del T-MEC. Desde el oficialismo se defendió la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del ejercicio ordinario de la autonomía del sistema de justicia. El estudio consigna que, pese al frente abierto por Romero, la narrativa dominante del mes la impuso el gobierno federal.
Aliados y opositores con saldos dispares
El Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena desde 2018, registró un saldo efectivo de -20 puntos sobre 64 puntos de cobertura total, con el caso Bonilla-Marina del Pilar y la revocación de una visa estadounidense a la diputada Montserrat Caballero como principales focos negativos. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en contraste, obtuvo el mejor desempeño porcentual del estudio: 78% de tono favorable sobre 27 puntos de cobertura total y un saldo positivo de 16 puntos, apoyado en su exhibición de capacidad negociadora en Chihuahua —donde exigió la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar— y en el posicionamiento de sus legisladores en agenda social vinculada a fiscalías especializadas en delitos de género.
Movimiento Ciudadano (MC) fue la única fuerza de oposición con saldo efectivo positivo en julio, sostenido por una agenda legislativa activa en feminicidio, derechos de audiencias y bienestar animal, así como por críticas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por la organización de la sede capitalina durante el Mundial. El partido enfrentó, no obstante, un atentado contra uno de sus candidatos en Teotihuacán y el señalamiento a un alcalde emecista en Veracruz por su presunta vinculación con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, caso que permanece bajo investigación.
La comparación entre las seis fuerzas dibuja un mes en el que el oficialismo pagó en cobertura negativa el precio de gobernar en medio de crisis simultáneas, mientras la oposición se repartió saldos desiguales: el PAN concentró el peor balance por la detención de Ruffo, el PRI capitalizó una derrota formal ante el INE y solo el PVEM y MC lograron cerrar en positivo. El caso Zambada-Rocha operó como telón de fondo transversal a todas las bancadas.
El estudio, de circulación mensual, no sustituye a las mediciones oficiales del INE sobre gasto y tiempos en medios, pero se ha vuelto un insumo habitual para los equipos de comunicación partidista de cara a 2027.