La imputación se produce en el contexto de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama urdida en torno a la exmilitante socialista Leire Díez, señalada como supuesta intermediaria de una red dedicada a intentar obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. El sumario, instruido por Pedraz, investiga también al exdirigente socialista Santos Cerdán como presunto coordinador de esa trama.
El motivo concreto que ha llevado al instructor a citar a Marcos como investigado es su presunta implicación en una reunión revelada por un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) en su declaración testifical ante la propia unidad. Según el atestado incorporado a la causa, ese encuentro se produjo el mismo día en que el juez de la Audiencia Nacional ordenó a la UCO entrar en la sede del PSOE, y coincidió con una serie de interrogatorios internos que después se trasladaron al procedimiento judicial.
De acuerdo con el relato del agente recogido en el atestado, la reunión se produjo «a consecuencia de una solicitud realizada por la unidad para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida contra David Sánchez», hermano del presidente del Gobierno, causa ya concluida. Marcos, según ese testimonio, reprochó a sus subordinados una petición que calificó de «totalmente prospectiva y malintencionada».
El mismo testigo relató que Marcos advirtió de que «la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil» estaba «por los suelos» y pidió que el informe que debía elaborar la unidad estuviera «analizado y que no haya nada», una expresión que la Fiscalía Anticorrupción y el propio instructor interpretan como un indicio de presión para condicionar el contenido de las pesquisas.
La tesis que manejan la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Pedraz apunta a que tanto Marcos como Mercedes González y el general Manuel Llamas, jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), habrían colaborado con la presunta red de Leire Díez en su propósito de desestabilizar causas judiciales incómodas para el partido, el Ejecutivo y el círculo familiar de Sánchez. En el caso de Llamas, el instructor le imputa por un encuentro que la propia UCO interpretó como un intento de paralizar la investigación contra David Sánchez, en una línea similar a la que ahora se atribuye a Marcos. La imputación de los tres altos mandos sitúa bajo sospecha judicial, en un mismo procedimiento, a buena parte de la cúpula de la Guardia Civil durante el mandato de Sánchez.
Citaciones a la Fiscalía y reclamación de expedientes
La providencia no se limita a citar a Marcos. El magistrado ha acordado también tomar declaración como testigo, el mismo 10 de septiembre, al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca. Este se había comunicado con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado para tratar sobre una denuncia presentada en Badajoz contra Leire Díez, lo que ha despertado el interés del instructor por conocer el circuito de comunicaciones internas del Ministerio Público en torno a ese expediente.
En el mismo escrito, el juez ha reclamado que tanto la Fiscalía de Badajoz como la Fiscalía General del Estado remitan «copia completa del expediente» relativo a esa denuncia, así como de «todas las comunicaciones» mantenidas en relación con ella. La petición busca esclarecer si hubo algún tipo de coordinación o instrucción desde la cúpula del Ministerio Público sobre el tratamiento de esa denuncia concreta.
El caso se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5, órgano de la Audiencia Nacional competente para investigar delitos de especial trascendencia. Todos los citados mantienen la condición de investigados, el estatus procesal que sustituyó a la antigua figura del imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Esa condición no implica culpabilidad ni anticipa el resultado de la instrucción: corresponde al juez determinar, tras recabar las pruebas, si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento o si procede el sobreseimiento.
La defensa de Marcos no había realizado declaraciones públicas tras conocerse la providencia. El PP, promotor de la petición que ha derivado en la imputación, defiende que la investigación debe alcanzar a toda la cadena de mando que presuntamente participó en las presiones a la UCO. El PSOE, por su parte, ha rechazado en ocasiones anteriores cualquier vinculación orgánica del partido con la trama investigada y ha expresado su respeto a la actuación de la justicia.
El escrutinio judicial sobre mandos policiales por presunta injerencia en investigaciones tiene precedentes en la etapa reciente. Los episodios agrupados bajo la denominación de «policía patriótica», durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior (2011-2016), derivaron en distintos procesos por presunta utilización de recursos policiales con fines políticos, algunos todavía con trámites pendientes en instancias superiores. La singularidad del caso actual es que apunta a la dirección de la Guardia Civil, y no del Cuerpo Nacional de Policía.
La citación de Marcos para el 10 de septiembre marca el próximo hito procesal relevante en una causa que ha ido sumando investigados a medida que avanza la instrucción. Antes de esa fecha, el juzgado deberá recibir la documentación reclamada a las fiscalías de Badajoz y General del Estado, cuyo contenido podría resultar determinante para valorar si existió coordinación entre la denuncia contra Leire Díez y las gestiones atribuidas a la cúpula de la Guardia Civil.
