La carta, divulgada por medios haitianos, no la firma un alcalde incómodo ni un diputado disidente: la firma el jefe de una estructura criminal que opera con armamento de guerra en la periferia de Puerto Príncipe y que, según el Gobierno de EUA, mantuvo secuestrados durante 61 días a 17 misioneros cristianos en octubre de 2021 para cobrar rescate. Que ese hombre se presente ahora como garante de "reconciliación" no es un giro inocente: es una jugada de relato.
El texto data su buena voluntad desde agosto pasado, cuando Joseph dice haber ofrecido ya "una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo". La fórmula equipara, en la misma frase, a un contingente desplegado por mandato de Naciones Unidas —la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año— con el grupo armado que lo atacó. Es el truco retórico más viejo: el secuestrador pide sentarse a negociar como si fuera parte, y no causa, del conflicto.
La cronología desarma cualquier lectura caritativa. El ataque a la patrulla salvadoreña ocurrió el domingo 18 de octubre; los cuatro militares, integrados en la GSF, siguen sin aparecer. La carta de Lanmò San Jou llega diez días después, cuando Washington y San Salvador ya habían subido el tono y el presidente Nayib Bukele había advertido a las bandas para que entregaran a sus hombres. El documento no busca la paz que dice invocar: busca contener la respuesta que su propio ataque provocó.
Ahí está la frase que delata la intención real del texto. Joseph sostiene que las "amenazas" de Bukele pueden derivar en más sangre y lo plantea como un ruego, cuando es él quien controla el territorio a punta de fusil:
«Nuestro país, profundamente castigado por la inseguridad y la pobreza, necesita diálogo, justicia y reconciliación, y no nuevas pérdidas humanas. En consecuencia, solicito respetuosamente el envío de una delegación de las Naciones Unidas a Haití con el fin de facilitar un proceso de diálogo y mediación entre las partes involucradas», señala la carta atribuida a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, jefe de la 400 Mawozo.
Nueve bandas, una recompensa de un millón
Conviene situar el tamaño real del interlocutor que algunos querrían sentar a una mesa. La 400 Mawozo es una de las nueve grandes bandas que, según la descripción disponible, se reparten Puerto Príncipe y se financian con secuestros, tráfico de armas, tráfico de drogas y extorsión. No es una guerrilla con programa político ni una facción negociadora: es una de varias franquicias del terror urbano, y la particularidad de Joseph es que EUA ofreció un millón de dólares por su captura por el secuestro de los misioneros. La carta llega, además, pocos días después de que la Policía Nacional de Haití informara de la muerte de "aproximadamente 20 miembros de bandas" en una operación en Arcahaie, al noroeste de la capital.
El Salvador conoce de memoria esta dramaturgia. La tregua pactada entre pandillas en 2012, mediada con intermediarios bajo el gobierno de Mauricio Funes, mostró cómo las estructuras criminales apelan al diálogo en momentos de presión para ganar tiempo frente al Estado; el saldo de aquel episodio sigue pesando en la salida de prisión de exfuncionarios por corrupción y en la memoria política del país. La diferencia ahora es que el interlocutor que se busca legitimar mantiene desaparecidos a militares de un país que integra la fuerza internacional desplegada en Haití.
Pedir mediación de la ONU no es, en sí, un gesto reprobable: la diplomacia existe para destrabar lo que las armas no resuelven. El problema no es el destinatario de la carta, sino el remitente. La reconciliación que invoca Lanmò San Jou tiene una condición previa que su texto no menciona: decir dónde están los cuatro militares salvadoreños.
