Hay algo revelador en la fe que el delito menor sigue depositando en la impunidad del barrio. Corado Núñez golpeó, arrebató y, de acuerdo con la Policía, se fue a su casa en el cantón El Ranchador como si un teléfono robado fuera un objeto sin señal. No contaba con que el aparato llevaba encima su propio auditor: un GPS que registra movimientos sin que nadie se lo pida y que llevó a los agentes hasta la puerta de su vivienda, donde hallaron el dispositivo todavía en su poder.
El dato merece una pausa. Fue la geolocalización del propio teléfono, no un operativo de inteligencia ni una pesquisa prolongada, la que puso a los agentes frente al señalado. La tecnología de consumo resolvió en el día lo que el expediente judicial suele estirar durante meses. Da para pensar qué ocurriría si el aparato estatal persiguiera con la misma rapidez otros robos, menos visibles y más costosos para el erario público, que casi nunca terminan frente a la puerta de nadie.
Ahí asoma la ironía del caso: el objeto del delito terminó siendo el principal testigo de cargo. La cartera cayó al suelo, el golpe se asestó en la boca y la cabeza —así lo detalla la Policía—, y aun así fue el celular, no la violencia ejercida contra la víctima, lo que activó el rastro. Un recordatorio incómodo de que a veces se localiza mejor un dispositivo electrónico que a la persona que lo porta.
Corado Núñez será remitido por los delitos de robo y lesiones, la fórmula jurídica para consignar que alguien decidió que el valor de reventa de un teléfono justificaba agredir a una desconocida. La respuesta en el territorio contrasta con las prioridades que ocupan las agendas oficiales: mientras dos ministros salvadoreños regresan de un foro internacional sin un solo proyecto bajo el brazo, un agente de calle resuelve con una señal de GPS un caso que no saldrá en ningún comunicado de Casa Presidencial.
La escala importa, pero el mérito no se invalida por ser modesto. La gestión pública se mide tanto en los foros de Panamá como en el cantón El Ranchador, y conviene no confundir el brillo de unos con la eficacia discreta de otros. Capturar a un señalado tampoco equivale a condenarlo: el expediente apenas inicia su recorrido por el sistema judicial, y la calificación definitiva la fijarán los tribunales, no el parte policial.
Que un robo con lesiones de la vida cotidiana —de esos que no generan debate en el Salón Azul ni editoriales encendidos— tenga una respuesta rápida y verificable debería ser la vara con la que se mida el resto del aparato de seguridad, no la excepción que se celebra como milagro. Por ahora, lo único que consta es lo que recoge la Policía: un hombre capturado frente a su propia vivienda, con el celular robado todavía en su poder.
