La decisión del alto tribunal supone un giro sobre una obligación que hasta ahora se interpretaba como de naturaleza más política que estrictamente justiciable. El artículo 134.3 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos ante las Cortes Generales al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, un plazo que en los últimos ejercicios se ha ido diluyendo sin que ningún tribunal entrara a valorar las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.
Fuentes del Ejecutivo admiten que la fecha límite del 30 de septiembre no se cumplirá «a la espera de avanzar en la negociación política». El propio Gobierno había anunciado en reiteradas ocasiones su intención de presentar unas cuentas nuevas para 2027 que sustituyeran definitivamente a las vigentes, sin que ese calendario se haya traducido en un registro efectivo ante el Congreso.
Las cuentas públicas siguen prorrogadas desde 2023, la vigencia más prolongada de un presupuesto sin sustitución por unas nuevas desde la aprobación de la Constitución. La prórroga técnica mantiene automáticamente las partidas del último ejercicio aprobado, un mecanismo previsto en el propio artículo 134.4 para evitar el vacío presupuestario cuando no hay cuentas nuevas en vigor.
El retraso se produce en un contexto marcado por la tensión social derivada de la crisis de la vivienda y por la emergencia en Ceuta, dos frentes que según fuentes del Ejecutivo han desplazado en la agenda gubernamental la negociación presupuestaria de las últimas semanas. Esa circunstancia añade presión sobre un calendario ya condicionado por la fragmentación parlamentaria y por la necesidad de recomponer mayorías para tramitar las cuentas en el Congreso.
La admisión a trámite del recurso abre la puerta a que el Tribunal Constitucional determine por primera vez si la reiteración del retraso constituye una infracción constitucional con consecuencias más allá del reproche parlamentario. El alto tribunal ha aceptado estudiar, por primera vez, el incumplimiento del deber del Ejecutivo de presentar ante las cámaras unas nuevas cuentas cada año, como exige la Carta Magna.
El escenario de prórroga prolongada no es inédito en democracia: los Presupuestos de 2018, aprobados con el Gobierno de Mariano Rajoy, se mantuvieron prorrogados durante todo 2019 tras el bloqueo parlamentario y la convocatoria electoral, sin que se tramitaran cuentas nuevas hasta 2021. La actual prórroga, iniciada en 2023, encadena ya varios ejercicios sin presupuesto propio.
La actualidad de los tribunales españoles registra estos días otros procedimientos de calado. La Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel para dos hombres acusados de agredir sexualmente a una compañera de okupa en una vivienda de Palma, mientras la Abogacía del Estado ha acusado a Vox de buscar la revocación de nacionalidades concedidas al amparo de la conocida como ley de nietos.
