Un inmueble comprado en plena Guerra Civil
El caso reconstruido por otro medio gira en torno a un edificio adquirido en 1937 por sociedades cuya vinculación con el PNV no quedó plenamente acreditada, según los técnicos de Patrimonio. El inmueble ha albergado durante décadas la sede del Instituto Cervantes en París, la institución pública encargada de la promoción del español y la cultura hispana en el exterior. El expediente arranca de una solicitud oficial de restitución que el partido presentó el 27 de enero de 2023.
El informe que archivó la petición en mayo de 2024
Según la documentación consultada por otro medio, la propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2024, concluyó que las diligencias de instrucción habían puesto de manifiesto «la insuficiencia de la prueba inicialmente aportada» por el PNV. El órgano remitió un requerimiento de documentación adicional al partido que preside Aitor Esteban, que según el expediente no obtuvo respuesta. La propuesta declaraba que concurría «la causa de finalización del expediente consistente en la imposibilidad material sobrevenida de continuar su tramitación», y que resultaba «materialmente imposible concluir que concurren los elementos necesarios para la adopción de una resolución».
Qué exige la Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, dispone la devolución de los bienes incautados en el extranjero a los partidos políticos cuando se acredite que su titular estuvo vinculado a la formación solicitante «con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica». Es precisamente esa vinculación fiduciaria la que, según el informe de mayo de 2024, no pudo probarse en el caso del palacete parisino. El texto de Patrimonio advertía además de «la ambivalente condición (como miembros o simpatizantes del EAJ-PNV, y como agentes del Gobierno Vasco) de los principales actores que intervinieron en la adquisición y posterior gestión del inmueble».
El giro de diciembre y el cambio de vía
Siete meses después del archivo, el Gobierno aprobó la cesión mediante un real decreto-ley de carácter ómnibus, una norma urgente que agrupa múltiples materias no relacionadas entre sí y que permite eludir los trámites ordinarios de un proyecto de ley. Ese decreto justificó el traspaso «de conformidad con los principios inspiradores de la legislación sobre Memoria Democrática» y «en atención a la vinculación histórica del edificio» con el partido., esa motivación no coincide con el criterio técnico que había fundamentado el archivo meses antes, y en el expediente no consta que el PNV aportara pruebas posteriores que acreditaran la relación fiduciaria exigida por la ley.
Dos informes contradictorios
El diario también accedió a un informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que avala la versión del PNV y sostiene que los fondos empleados para adquirir el inmueble «fueron recaudados en 1936 y gestionados por parte» del partido. Ese documento está fechado un 7 de septiembre, sin especificar el año, y contrasta frontalmente con las conclusiones de Patrimonio, que había subrayado la insuficiencia probatoria y la doble condición de los actores implicados en la operación de los años treinta.
El traslado de competencias en el mismo decreto
El mismo real decreto-ley que aprobó la cesión retiró a la Dirección General del Patrimonio del Estado la función de instruir estos expedientes de restitución y la encargó al departamento competente en políticas de memoria democrática. En la legislatura actual esa competencia recae en la secretaría de Estado de Fernando Martínez, integrada en el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres. El movimiento, según la reconstrucción de otro medio, se produjo justo después de que Patrimonio hubiera propuesto archivar la petición del PNV por falta de pruebas, de modo que el órgano técnico dependiente de Hacienda dejó de decidir sobre estas restituciones en favor de una secretaría de Estado con orientación política hacia la memoria democrática.
El silencio del Gobierno
El Ejecutivo no respondió a las preguntas formuladas por otro medio sobre cómo se produjo el cambio de criterio ni sobre por qué se decidió sacar el traspaso de la vía administrativa y técnica —la Dirección General de Patrimonio— para resolverlo por la vía política de un decreto-ley urgente. Del PNV no ha trascendido una versión oficial sobre las discrepancias entre ambos informes, más allá de la solicitud formal de restitución cursada en enero de 2023; el partido no ha realizado declaraciones públicas conocidas sobre el proceso.
Este relato de los hechos —fechas, contenido de los informes y motivaciones atribuidas a cada órgano— se sostiene por el momento en una única fuente periodística, otro medio, que asegura haber tenido acceso directo al expediente de restitución y a la comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros al PNV. No consta hasta ahora una corroboración independiente de esa documentación por otro medio.
Precedentes y dificultad probatoria
La Ley de Memoria Democrática ha permitido revisar expedientes relacionados con bienes incautados a partidos, sindicatos y particulares durante la Guerra Civil y la dictadura, en una línea que enlaza con las sucesivas leyes de memoria aprobadas desde 2007 y, más atrás, con el proceso de restitución de patrimonio incautado abierto durante la Transición. La devolución de inmuebles situados en el extranjero plantea dificultades probatorias específicas, derivadas de la antigüedad de las transacciones —en este caso, de 1937— y de la ausencia de registros públicos equivalentes a los españoles. El del palacete de París resulta singular por tratarse de un edificio que alberga una institución pública de proyección internacional como el Instituto Cervantes.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
Los reales decretos-leyes deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de treinta días desde su publicación, según el artículo 86 de la Constitución, un trámite que en este caso ya se habría cumplido al remontarse la aprobación a diciembre de 2024. La revelación de otro medio abre no obstante la puerta a que la oposición reactive el debate parlamentario sobre la tramitación por decreto-ley de una cuestión previamente archivada por la vía administrativa, así como a la eventual solicitud de comparecencias de responsables de Patrimonio y de la secretaría de Estado de Memoria Democrática y a preguntas formales al Gobierno sobre los criterios aplicados a la restitución de patrimonio incautado durante la Guerra Civil.
