Un mecanismo europeo rutinario
El procedimiento que ha permitido conocer esta contradicción se repite cada año: la Comisión Europea invita a los Estados miembros a remitir una contribución escrita sobre el grado de cumplimiento de los estándares de Estado de Derecho, un insumo que Bruselas describe como «fuente clave de información» para redactar su informe anual. España, como el resto de socios, entregó su documento en los meses previos a la publicación del pasado viernes. En su plantilla de consulta, la Comisión advierte de que «pueden seguir más preguntas específicas» para completar la información, como ocurrió en años anteriores.
Un plan penal presentado como logro
En el capítulo de «otros aspectos» —los que exceden las recomendaciones específicas dirigidas a España—, el Gobierno destacó su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que incluye, según su propia descripción, una reforma del Código Penal para «endurecer las sanciones y adoptar nuevas medidas anticorrupción», así como mecanismos para «garantizar la protección efectiva» de quienes informan sobre irregularidades. Ese desarrollo normativo enlaza con la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protección de personas que informan de infracciones del Derecho de la Unión, cuya transposición a la legislación española se completó con la Ley 2/2023.
La condena a Ábalos y las críticas internas
Ese mensaje de firmeza institucional convivió, con el malestar de dirigentes del Gobierno por la sentencia impuesta a Ábalos: 24 años de prisión en la trama de compra de mascarillas durante la pandemia. Su ex asesor Koldo García recibió 19 años, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con suspensión de la ejecución de la pena por haber colaborado con la justicia, una figura contemplada en el Código Penal para delitos de corrupción cuando el colaborador aporta pruebas decisivas.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó tras conocerse la sentencia un mensaje en el que comparó el caso mascarillas con el asesinato de la política leonesa Isabel Carrasco, de quien afirmó que «le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León». Acompañó el texto con una imagen de las penas impuestas en aquel caso —Montserrat González, 22 años como autora; Triana Martínez, 20 como cooperadora necesaria; Raquel Gago, 14 como cómplice— y remató: «Que cada cual saque sus propias conclusiones». El ex alcalde de Valladolid buscaba así ilustrar lo que consideraba una pena excesiva para Ábalos.
El mensaje equipara un delito de sangre con una condena por corrupción y malversación de fondos públicos, un paralelismo que sitúa la reacción del Ejecutivo frente a una sentencia dictada por la vía penal ordinaria. Ábalos fue secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Sánchez en la etapa posterior a las primarias de 2017, lo que añade una dimensión política a la controversia sobre las críticas internas a la resolución judicial.
Lo que dice Bruselas sobre la contratación pública
El informe de la Comisión Europea, elaborado bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, no se limita a recoger la versión gubernamental. En el capítulo dedicado a España, el Ejecutivo comunitario advierte de que la contratación pública «sigue siendo un ámbito vulnerable a los riesgos de corrupción», una valoración que sustenta en las «quejas de las partes interesadas» consultadas durante la elaboración del documento.
El dato que ilustra esa vulnerabilidad es concreto: según el informe, el 34% de los procedimientos de contratación pública licitados en España en 2025 tuvieron una sola oferta —uno de cada tres—, frente a una media comunitaria del 27%, es decir, uno de cada cuatro. Una licitación con un único ofertante limita la competencia y dificulta comprobar que el precio final responde a condiciones de mercado, un riesgo recurrente en la fiscalización de la contratación pública española.
El informe europeo identifica además las infraestructuras críticas y la financiación de los partidos políticos como los otros dos sectores «más vulnerables a la corrupción» en España, en línea con las advertencias que Bruselas viene formulando en ediciones anteriores sobre la necesidad de reforzar la fiscalización de las cuentas de los partidos.
El derecho de réplica de las partes
El Gobierno defiende en sus sucesivas contribuciones que las reformas legislativas emprendidas —incluida la actualización del Código Penal en materia de corrupción y la transposición de la directiva europea de protección de denunciantes— sitúan a España en la senda de cumplimiento de los estándares comunitarios, una posición que previsiblemente reiterará ante las preguntas adicionales que la Comisión anticipa en su plantilla de consulta. La oposición, por su parte, ha convertido las críticas de miembros del Ejecutivo a la sentencia en munición parlamentaria, al considerar que deslegitiman una resolución del alto tribunal.
Precedentes del mecanismo europeo
El Informe sobre el Estado de Derecho es un instrumento que la Comisión Europea puso en marcha en 2020 como seguimiento anual de la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios y los equilibrios institucionales en los Veintisiete. España ha recibido recomendaciones en ediciones previas, señaladamente por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se prolongó más de cinco años por falta de acuerdo entre PP y PSOE hasta su desbloqueo en 2024, y que el propio informe europeo citó reiteradamente como ejemplo de debilidad institucional.
Próximos pasos y escrutinio pendiente
El calendario europeo prevé que el diálogo entre la Comisión y el Gobierno continúe en los meses posteriores a la publicación del informe, con la posibilidad de que Bruselas formule preguntas específicas de seguimiento de cara al informe de 2027. En paralelo, la condena del caso mascarillas no es firme hasta que se resuelvan los recursos, un trámite que en procedimientos de esta envergadura suele prolongarse varios meses. La coincidencia entre la reivindicación gubernamental ante la UE y las críticas internas a la sentencia mantendrá el foco sobre la coherencia del discurso institucional español, un contraste que otro medio, único medio que ha informado hasta el momento del episodio, seguirá fiscalizando.
