La discrepancia entre las cifras del Ejecutivo autonómico y las que aporta el Ministerio del Interior ha vuelto a aflorar tras el encuentro entre Vivas y Marlaska. Mientras el presidente ceutí eleva a 9.000 el número de migrantes que permanecerían en la ciudad, Interior sitúa la cifra en torno a la mitad. Vivas trasladó su malestar por lo que considera falta de concreción del ministro sobre los plazos de actuación: «No me ha dicho cuándo volverá la normalidad», lamentó, según su relato de lo tratado en la reunión. La demanda del Gobierno autonómico, reiterada desde hace meses, pasa por un calendario claro para la descongestión de los centros de acogida y el traslado de migrantes a la península.
La ciudad autónoma dispone de una capacidad estructural limitada para absorber flujos migratorios sostenidos. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, diseñado para una ocupación de referencia muy inferior a las cifras actuales, ha operado en los últimos años con sobreocupaciones puntuales que han obligado a habilitar espacios alternativos, como polideportivos o instalaciones militares en desuso. Esa discordancia estadística, recurrente en episodios anteriores de presión en la frontera de Ceuta y Melilla, dificulta cualquier diagnóstico compartido sobre la magnitud del problema y, por extensión, sobre la respuesta que requiere.
La cuestión de los menores extranjeros no acompañados añade una capa de complejidad jurídica y política. El Partido Popular ha pedido aplicar de forma estricta el acuerdo bilateral firmado por España y Marruecos en 2007, que contempla el retorno asistido de menores marroquíes no acompañados a su país de origen, circunscrito a lo que el texto denomina «casos contados» y sujeto a garantías de reagrupación familiar o de protección del interés superior del menor. La aplicación efectiva de ese convenio ha sido históricamente escasa, lastrada por la lentitud de los trámites consulares y por las dificultades para verificar la identidad y el entorno familiar de los menores.
El marco normativo que rige la acogida de menores extranjeros no acompañados en España se apoya en la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros y en la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, que otorgan a las comunidades y ciudades autónomas la tutela automática de estos menores mientras se determina su situación. Ese régimen de tutela, unido a la prohibición de expulsión sin garantías reforzadas, limita el margen de maniobra de cualquier Gobierno para ejecutar retornos rápidos, con independencia del color político de quien ocupe Interior.
La sombra de la crisis de 2021
La tensión entre Ceuta y el Gobierno central por la gestión migratoria no es un fenómeno inédito. La crisis de mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas cruzaron la frontera de forma irregular varios miles de personas tras la relajación temporal de los controles marroquíes, marcó un precedente que obligó al despliegue del Ejército y a una intensa actividad diplomática entre Madrid y Rabat. Aquel episodio, vinculado a la crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, evidenció hasta qué punto la política migratoria en la frontera sur depende de la relación bilateral con Marruecos, más que de la capacidad de gestión unilateral española.
Esa dependencia estructural de Rabat como socio en el control fronterizo constituye una de las claves de fondo del conflicto actual. Marruecos ejerce como guardián de facto de la frontera terrestre, en virtud de acuerdos de cooperación policial y de readmisión que España ha reforzado en los últimos años, especialmente tras la normalización de relaciones alcanzada en 2022 en torno a la posición española sobre el Sáhara Occidental. Cualquier variación en el nivel de vigilancia marroquí en la zona del Tarajal o en el perímetro fronterizo repercute de forma casi inmediata en la presión migratoria sobre la ciudad autónoma.
Interior ha defendido en anteriores episodios que la gestión de los flujos en Ceuta y Melilla exige coordinación con la Unión Europea, dado que ambas ciudades constituyen frontera exterior del espacio Schengen. En esa línea, el Gobierno español ha reclamado en foros europeos un reparto más equitativo de la responsabilidad migratoria y recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Los mecanismos de solidaridad obligatoria pactados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, contemplan plazos de aplicación progresiva, lo que limita su efecto inmediato sobre la situación en la ciudad autónoma.
Vivas, que preside la ciudad autónoma desde 2001 y ha atravesado ya varias crisis migratorias de distinta intensidad, ha convertido la petición de un marco de excepcionalidad en una constante de su discurso ante el Gobierno central, con independencia del partido que lo haya ocupado. Su reclamación actual se centra en acelerar los traslados a la península, agilizar los expedientes de asilo y reforzar la dotación de plazas de acogida, tanto para adultos como para menores.
El Ministerio del Interior no ha desmentido públicamente la cifra de 9.000 personas aportada por Vivas, aunque fuentes del departamento han insistido en ocasiones anteriores en que sus registros oficiales, basados en los recuentos de la Delegación del Gobierno y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, arrojan cifras inferiores. Esa discrepancia recurrente entre administraciones alimenta un debate paralelo sobre la transparencia de los datos migratorios en las ciudades autónomas, cuya homogeneización mediante un registro único y auditable han reclamado en varias ocasiones organizaciones del tercer sector.
A partir de ahora, el foco se traslada a si Interior concreta un calendario de traslados y si se convoca una nueva reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento entre el Gobierno central y el autonómico, mecanismo previsto para coordinar la respuesta a episodios de presión migratoria en la ciudad. La falta de acuerdo sobre las cifras de partida, sin embargo, augura que la discusión sobre la magnitud real del problema seguirá condicionando cualquier negociación sobre los recursos que finalmente se destinen a Ceuta.
