El Gobierno que no quiere que le pregunten

Empecemos por lo obvio: ningún presidente está obligado a asistir a cada sesión de control del Senado, y los compromisos internacionales son una razón legítima para ausentarse. Dicho esto, hay una diferencia cualitativa entre la ausencia puntual de un ministro por un viaje diplomático y la ausencia coordinada de 14 de los 22 miembros del Consejo de Ministros en una misma sesión. La primera es gobernanza; la segunda es estrategia de evasión. Lo que hace el Gobierno de Sánchez este martes no es gestionar una agenda imposible —gestionar agendas imposibles es exactamente para lo que se paga a un presidente— sino enviar un mensaje: el Senado no merece nuestro tiempo. Es un mensaje peligroso, no porque el Senado sea una institución perfecta —no lo es, y su reforma es una asignatura pendiente de la democracia española—, sino porque el control parlamentario es la herramienta más básica que tiene la ciudadanía para exigir explicaciones a quienes gobiernan en su nombre. Cuando el Gobierno lo vacía deliberadamente, no insulta al PP ni a Vox: se insulta a sí mismo.

La coincidencia con el caso Koldo merece una reflexión separada porque revela un patrón que se ha repetido con variaciones a lo largo de los últimos meses. Cada vez que el juicio entra en una fase de especial intensidad mediática, la agenda del Gobierno se llena de compromisos internacionales, cumbres, viajes y reuniones que imposibilitan la presencia de los ministros en las cámaras. Puede ser coincidencia; puede ser planificación estratégica. Lo que no puede ser es irrelevante. Cuando Ábalos admite ante el Supremo que las visitas de Aldama a la planta noble de Transportes 'no eran normales', cuando Pardo de Vera revela que un empresario sin cargo público tenía una acreditación de acceso permanente al ministerio, cuando la defensa de Koldo retira cuatro testigos alegando presiones de Moncloa, la ciudadanía tiene derecho a que su Gobierno responda preguntas en un hemiciclo, no en un comunicado de prensa redactado por un gabinete de comunicación. La respuesta presencial, en tiempo real, con la incomodidad del directo, es insustituible. Y el Gobierno lo sabe, que es exactamente por lo que la evita.

Barcelona ofrece el contrapunto perfecto para entender la lógica del Gobierno. La cumbre del GPM es, objetivamente, un éxito diplomático: reunir a 15 países en torno a una declaración común contra el populismo global es un logro que ningún presidente español había conseguido hasta ahora. Pero el éxito diplomático no anula la obligación democrática. Sánchez puede presidir cumbres y responder preguntas en el Senado: las dos cosas no son incompatibles salvo que se decida que una de ellas es prescindible. La decisión de vaciar la bancada azul del Senado el mismo martes en que el juicio del caso Koldo alcanza su punto de máxima tensión revela una jerarquía de prioridades en la que la proyección exterior vale más que la rendición de cuentas interior. Es una jerarquía legítima desde el punto de vista estratégico, pero corrosiva desde el punto de vista democrático.

El argumento del Gobierno —cada ausencia tiene una justificación individual— es formalmente correcto pero políticamente falso. Cuando un ministro falta por un viaje oficial, es un ministro. Cuando faltan 14, es un sistema. La acumulación de justificaciones individuales no produce una justificación colectiva: produce una evidencia de coordinación. Y la coordinación en la ausencia es tan reveladora como la coordinación en la presencia. Lo que el Gobierno ha coordinado para el martes no es una agenda dispersa sino un vaciamiento organizado, una decisión colectiva de que el coste de responder preguntas sobre Koldo, sobre Aldama, sobre las acreditaciones de la planta noble, sobre los testigos retirados por presiones, supera el coste de ser acusado de huir del Senado. El cálculo puede ser correcto en el corto plazo —la foto de Barcelona será más amable que la foto del Senado—, pero en el largo plazo erosiona la legitimidad democrática del ejecutivo.

La defensa de Koldo García, al retirar cuatro testigos alegando que están 'controlados por Moncloa', ha añadido este viernes una capa adicional de toxicidad al relato. Que la alegación sea verdadera o falsa es algo que determinará la investigación judicial; que sea creíble es algo que determina el clima político. Y es creíble precisamente porque el Gobierno ha construido un patrón de comportamiento —vaciar el Senado, evitar las preguntas, controlar los tiempos mediáticos— que alimenta la sospecha de que ejerce un control excesivo sobre las instituciones que deberían fiscalizarlo. La transparencia no es solo un valor abstracto: es una herramienta de autoprotección para el poder. Un Gobierno transparente habría ido al Senado el martes, habría respondido las preguntas incómodas, habría encajado las acusaciones del PP con datos y habría salido reforzado por la prueba de fuego del escrutinio público. El Gobierno de Sánchez ha elegido el camino contrario: la cámara acorazada de la agenda internacional. Es su derecho. Pero el precio será alto.

Hay un elemento adicional que merece atención en este editorial: la posición de Yolanda Díaz. La vicepresidenta sí asistirá al Senado el martes, una decisión que sus fuentes justifican por 'responsabilidad institucional' pero que funciona también como un mensaje político: Sumar no se esconde. El contraste entre una Díaz que afronta las preguntas y un Sánchez que las esquiva puede ser accidental o puede ser el primer indicio de que la fractura entre los socios de coalición no se limita a la crisis con Junts sino que alcanza la concepción misma de lo que significa gobernar en democracia. Es una fractura sutil pero profunda: no se trata de si el decreto social se aprueba o no, sino de si el poder debe exponerse voluntariamente al escrutinio o puede elegir cuándo y dónde rinde cuentas. Díaz, con su presencia, responde una cosa. Sánchez, con su ausencia, responde otra.

El Gobierno de Sánchez lleva ocho años demostrando una capacidad de supervivencia que ha desafiado todos los pronósticos. Ha sobrevivido a mociones de censura, a crisis de coalición, a escándalos judiciales, a pandemias y a guerras. Pero cada supervivencia tiene un coste acumulativo que no se mide en escaños sino en confianza. Cuando un Gobierno vacía el Senado mientras se juzga a sus excompañeros, no pierde una sesión de control: pierde un poco más de la legitimidad que lo sostiene. Y la legitimidad, a diferencia de los escaños, no se recupera con pactos de última hora ni con cumbres internacionales. Se recupera en los hemiciclos, respondiendo preguntas, afrontando críticas, mirando a los ojos a los representantes de los ciudadanos. El martes, esos ojos mirarán a un banco vacío. Y el vacío, en democracia, nunca es neutro: siempre significa algo. Lo que significa este martes es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Barcelona vale más que el Senado, que Lula vale más que Ábalos, y que la foto vale más que la respuesta. Es una elección legítima. Pero es una elección que los españoles tienen derecho a conocer, a juzgar y, llegado el momento, a recordar.

Decía Pierre Mendès France que gobernar es elegir, y que elegir es renunciar. Sánchez elige Barcelona y renuncia al Senado. Elige la geopolítica y renuncia al control. Elige la narrativa y renuncia a las preguntas. Son elecciones que definen no solo un martes sino un estilo de gobierno, una filosofía del poder que subordina la rendición de cuentas a la gestión de la imagen. España merece un Gobierno que haga las dos cosas a la vez. Porque gobernar no es solo elegir: es también responder por lo elegido.