La tarde de las cinco sentencias

La primera sentencia la ha dictado el Tribunal Supremo, y es la más grave porque es la más irreversible. Marchena ha cerrado la deliberación sobre prevaricación con la misma unanimidad que consiguió ayer sobre malversación, lo que significa que José Luis Ábalos entrará el jueves en la categoría de los exministros condenados por los tribunales. La sentencia aún no se ha publicado, pero su contenido ya es público en todo lo que importa: penas severas, condena unánime y un mensaje institucional que dice, en la lengua fría del derecho penal, que el poder se ejerció para servir a intereses privados y no a los ciudadanos.

La segunda sentencia la ha dictado el Congreso, y es la más paradójica. Albares ha defendido al Gobierno durante cinco horas con una competencia técnica que nadie le discute y con una soledad política que todos han notado. El ministro de Exteriores ha salido del hemiciclo habiendo aprobado nueve de once decretos-ley — un balance objetivamente positivo — pero habiendo perdido la batalla narrativa en los tres frentes que importaban: Delcy, Israel y Ormuz. El PP tiene material para meses de presión, Sumar tiene excusa para mantener la tensión dentro de la coalición y los socios independentistas tienen un compromiso sobre el Ingreso Mínimo Vital que utilizarán como moneda de cambio en las próximas negociaciones. Albares ha ganado la sesión pero ha perdido la tarde.

La tercera sentencia la ha dictado la OMS, y es la más silenciosa pero potencialmente la más peligrosa. Al elevar la alerta del Hondius a nivel «alto» para puertos europeos, la organización sanitaria ha reconocido implícitamente que la cepa Andes del hantavirus tiene una capacidad de transmisión persona a persona que no se conocía y que los protocolos existentes podrían ser insuficientes. España ha respondido con eficacia operativa — el avión A-400M, la cuarentena en el Gómez Ulla, el cierre perimetral de Granadilla —, pero la crisis ha desnudado una carencia estructural que lleva seis años sin resolverse: la Agencia de Salud Pública que Sánchez prometió tras la pandemia sigue sin sede, sin estatutos y sin presupuesto.

La cuarta sentencia la ha dictado Bruselas, y es la más técnica pero la que tiene consecuencias a más largo plazo. Las diligencias informativas por el desvío de fondos Next Generation no son todavía un expediente sancionador, pero son la antesala de uno. España tiene treinta días para convencer a la Comisión de que utilizar dinero europeo para pagar pensiones corrientes fue un acto de «excepcionalidad presupuestaria» y no de «ingeniería contable». La distinción puede parecer semántica, pero es la diferencia entre un apercibimiento discreto y una crisis de credibilidad que condicionaría las negociaciones financieras de España con la UE durante la próxima década.

La quinta sentencia la ha dictado el propio PSOE, y es la más dolorosa porque es autoinfligida. Las ocho federaciones provinciales del PSOE andaluz han respaldado unánimemente el congreso federal, Ximo Puig se ha sumado al bloque crítico y Sánchez se ha recluido en Moncloa sin agenda pública. El socialismo español está haciendo lo que no hizo en 2016: procesar su crisis en tiempo real, sin esperar a que los acontecimientos decidan por él. Es un ejercicio de honestidad brutal que puede salvar al partido o destruirlo, dependiendo de cómo se gestione. Lo que no puede hacer es ignorarse.

Lo que hace único a este martes no es la gravedad de cada crisis individual — todas ellas tienen precedentes — sino su convergencia simultánea. Cinco instituciones han emitido hoy su veredicto sobre cinco aspectos distintos del estado de España, y los cinco veredictos apuntan en la misma dirección: las estructuras que sostenían el statu quo están agotadas. El modelo de financiación pública depende de fondos europeos cuyo uso se ha desviado. La política exterior está desbordada por una acumulación de frentes que ningún ministerio puede gestionar solo. El sistema judicial está dictando sentencias que reconfiguran el mapa político. La sanidad pública carece de las instituciones que necesita para afrontar emergencias. Y el principal partido de gobierno está fracturado desde dentro.

El editorialista que escribe estas líneas no tiene la pretensión de ofrecer soluciones a problemas que desbordan la capacidad de análisis de cualquier columna. Pero sí tiene la obligación de señalar algo que los protagonistas de esta jornada parecen haber olvidado: las crisis convergentes no se resuelven con respuestas compartimentadas. No se puede gestionar la sentencia de Koldo sin tener en cuenta su impacto sobre la crisis del PSOE. No se puede defender el waiver de Delcy sin calcular su efecto sobre las negociaciones arancelarias. No se puede evacuar el Hondius sin preguntarse por qué la Agencia de Salud Pública no existe. Y no se puede prorrogar los presupuestos por tercer año consecutivo sin asumir que, tarde o temprano, alguien mirará cómo se han pagado las facturas.

Mañana miércoles, España se despertará con la certeza de que el jueves traerá una sentencia y el viernes una resolución sobre Begoña Gómez. En Mascate, Trump se sentará frente a la delegación iraní con el destino del Brent en las manos. En Sevilla, el comité del PSOE-A votará sobre el congreso federal. Y en el puerto de Granadilla, los 14 españoles del Hondius esperarán su turno para subir al avión que los lleve a Madrid. Este martes no ha sido el final de nada. Ha sido el principio de una semana que determinará si España puede gestionar cinco crisis a la vez o si alguna de ellas, al desbordarse, arrastra a todas las demás.