La transparencia como liturgia: cuando rendir cuentas se convierte en ceremonia

La proliferación de portales de transparencia, memorias de actividad e informes de rendición de cuentas en las administraciones públicas españolas no ha resuelto un problema estructural: que la cantidad de datos publicados no equivale a la comprensión real de en qué se gasta el dinero de los contribuyentes. El fenómeno afecta a todos los niveles de gobierno y convierte la obligación legal de transparencia en un ritual que, cumplido formalmente, puede blindar la opacidad de fondo.

Por qué importa más allá del dato

El nudo del problema no es técnico sino político: la transparencia se ha convertido en un indicador de legitimidad en sí mismo, desvinculado de su función original, que es permitir al ciudadano fiscalizar el poder y tomar decisiones informadas. Cuando rendir cuentas se reduce a publicar archivos voluminosos en formatos inaccesibles, sin jerarquía, sin explicación del contexto y sin posibilidad real de contraste, el ejercicio cumple la letra de la norma pero vacía su espíritu. La diferencia entre información y conocimiento no es menor: es la distancia entre un archivo de miles de líneas en formato PDF escaneado y una respuesta clara a la pregunta de cuánto cuesta un servicio público y qué resultado produce.

El marco legal y sus límites

España aprobó en 2013 la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obligó a las administraciones a publicar de forma proactiva un catálogo mínimo de información y creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano independiente de control. Desde entonces, el número de portales institucionales se ha multiplicado en el ámbito estatal, autonómico y local. Sin embargo, la norma no establece estándares de usabilidad, no exige que los datos sean procesables por máquina en todos los casos, ni impone sanciones efectivas por publicar información formalmente correcta pero funcionalmente ilegible. El cumplimiento, en consecuencia, puede ser impecable sobre el papel y estéril en la práctica.

La brecha entre publicar y explicar

Existe una distinción que los sistemas de rendición de cuentas más avanzados —como los del Reino Unido o los países nórdicos— han interiorizado y que en España permanece como asignatura pendiente: la diferencia entre volcar datos en un repositorio y narrar qué significan esos datos. Un presupuesto desglosado en miles de partidas sin indicadores de ejecución, sin comparativa histórica y sin vínculo con los objetivos declarados de cada política pública es, en la práctica, un documento que protege a quien lo publica más que al ciudadano que debería beneficiarse de él. La abundancia de información puede ser tan opacificante como su ausencia.

Liturgia y control real

El concepto de transparencia como liturgia describe con precisión un fenómeno reconocible: el cumplimiento ritual de formas que han perdido su contenido sustantivo. Las administraciones convocan actos de presentación de informes, actualizan portales con periodicidad puntual y exhiben sellos de calidad en transparencia, mientras que las preguntas concretas sobre contratos singulares, subvenciones discrecionales o costes reales de grandes proyectos siguen requiriendo un esfuerzo de investigación desproporcionado para el ciudadano medio o incluso para el periodista especializado. El control efectivo del gasto público en democracias parlamentarias descansa sobre tres pilares —parlamento, organismos independientes de auditoría y sociedad civil informada— y los tres necesitan datos procesables, no ceremonias.

Precedentes y organismos de control

El Tribunal de Cuentas, como órgano fiscalizador supremo del Estado español según el artículo 136 de la Constitución, y la Intervención General de la Administración del Estado ejercen funciones de control interno y externo del gasto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada en 2013 al amparo de la normativa europea de estabilidad presupuestaria, añade una capa de evaluación de las previsiones macroeconómicas y del impacto de las políticas. Sin embargo, sus informes, técnicamente rigurosos, están orientados a expertos y rara vez encuentran traducción accesible para el público general. La cadena de control existe; el problema es que está diseñada para hablar consigo misma.

La responsabilidad del receptor

El análisis de la transparencia como problema unilateral —culpa exclusiva de quien publica— omite una parte del diagnóstico. La demanda ciudadana de información verificable y accesible sobre el gasto público sigue siendo baja en comparación con otros países europeos con mayor tradición de accountability. La educación cívica en torno a los presupuestos públicos, la fiscalidad y la evaluación de políticas no forma parte del debate político ordinario. Esa baja presión social reduce el incentivo para que las instituciones vayan más allá del mínimo legalmente exigible. La transparencia efectiva, en este sentido, no es solo una obligación de quien gobierna: es también una exigencia que debe articularse desde quien es gobernado.

Qué determina el escenario próximo

El debate sobre la calidad de la transparencia está lejos de cerrarse. La Unión Europea impulsa estándares de datos abiertos y reutilizables que presionarán a los Estados miembros hacia formatos más exigentes. Al mismo tiempo, la creciente complejidad de los instrumentos de gasto —fondos europeos con múltiples capas de gestión compartida, encomiendas a entidades del sector público instrumental, convenios con terceros— multiplica los vectores por los que el dinero público puede moverse fuera del escrutinio ordinario. Si la respuesta institucional es añadir más portales con más datos sin mejorar su inteligibilidad, la liturgia se habrá perfeccionado. El control, no.