El duelo de Huelva lo domina todo. La muerte de dos guardias civiles en la persecución de una narcolancha no es un accidente de tráfico ni un suceso aislado: es la consecuencia directa de un modelo de lucha contra el narcotráfico que exige a los agentes arriesgar su vida con medios insuficientes, protocolos obsoletos y una dotación presupuestaria congelada desde hace un lustro. Germán y Jerónimo no murieron por mala suerte; murieron porque perseguían a una planeadora de mil doscientos caballos con lanchas que llevan ocho años sin renovarse, de noche, sin apoyo aéreo y a ochenta millas de la costa. Pedir unidad contra el narcotráfico, como han hecho Sánchez y Feijóo, está bien. Pero la unidad sin presupuesto es retórica, y la retórica no salva vidas.
A cuarenta millas de Canarias, el Hondius avanza lentamente hacia un desenlace que nadie puede predecir con certeza. La evacuación del lunes será la primera operación de este tipo en la historia de España, un ejercicio de coordinación entre la Armada, Sanidad, la OMS, el Gobierno de Canarias y una docena de instituciones más que, si funciona, pasará desapercibida, y si fracasa, marcará una generación. La presencia de Tedros en Tenerife es a la vez tranquilizadora y alarmante: tranquilizadora porque indica que la OMS se toma el brote en serio; alarmante porque la OMS no envía a su director general a supervisar operaciones rutinarias.
El caso Koldo, visto para sentencia, ha entrado en ese limbo judicial que la política española detesta: el silencio. Los magistrados deliberan, los partidos especulan, los medios llenan columnas con conjeturas y el electorado andaluz se prepara para votar el 17-M sin saber si el exministro que repartió mascarillas será condenado a veinticuatro años de cárcel o si la sentencia quedará aplazada sine die. Es legítimo que la justicia se tome su tiempo, pero también lo es que los ciudadanos se pregunten si ese tiempo está calculado para respetar la ley o para esquivar el calendario electoral.
Begoña Gómez ha respondido a Peinado con un recurso que es, al mismo tiempo, una defensa jurídica y una declaración de guerra procesal. Veintiocho páginas en las que Camacho acusa al juez de mantener una causa general prohibida, de denegar pruebas esenciales y de insistir en un jurado popular incapaz de valorar la complejidad del caso. Tiene razón en algunos puntos, probablemente se excede en otros, pero lo que resulta incontestable es que este procedimiento judicial ha dejado de ser una instrucción para convertirse en un ring de boxeo donde cada parte busca el golpe mediático antes que la verdad procesal.
Trump, mientras tanto, ha decidido que el 4 de julio es una buena fecha para un ultimátum. La amenaza del veinticinco por ciento a los coches europeos no es nueva, pero la fijación de una fecha concreta le da una urgencia que la UE no puede ignorar. Von der Leyen habla de conversaciones excelentes, Sefcovic exige respeto al acuerdo de Turnberry, el Parlamento Europeo prepara salvaguardas y la industria alemana cuenta los empleos que podría perder. Europa, una vez más, responde a las amenazas de Washington con declaraciones, reuniones y comunicados, herramientas legítimas pero insuficientes cuando al otro lado del Atlántico gobierna alguien que mide el éxito en aranceles impuestos, no en diálogos mantenidos.
Los mercados han cerrado la semana con el IBEX en diecisiete mil ochocientos ochenta y nueve puntos, una cifra que refleja la incertidumbre mejor que cualquier discurso. El Brent a noventa y tres dólares, el oro en máximos, el euríbor apuntando al tres por ciento: los indicadores dibujan un escenario de tensión contenida donde cualquier chispa, ya sea un fracaso en la evacuación del Hondius, una escalada arancelaria o una sentencia inesperada, podría provocar una corrección significativa. Los inversores, como los ciudadanos, están cansados de vivir en estado de alerta permanente.
Y Andalucía, que debería estar en plena efervescencia electoral, está congelada. La campaña del 17-M, suspendida por el luto de Huelva, perderá al menos dos de los ocho días que le quedan, un tiempo que en condiciones normales estaría lleno de mítines, debates y promesas. El PP de Moreno llega como favorito pero sin la certeza de la mayoría absoluta; el PSOE de Espadas arrastra la peor encuesta de su historia en la comunidad; Vox crece entre quienes creen que la inmigración y la seguridad son las prioridades; y la izquierda fragmentada intenta sumar lo que las encuestas insisten en restar. El luto no cambiará los resultados, pero sí cambiará el tono de una campaña que ya no podrá ser la misma.
Siete duelos en un solo sábado. Siete frentes abiertos que compiten por la atención de un país que, como el gato de las viñetas de este periódico, ya no maúlla: solo observa, con la esperanza de que el lunes traiga alguna respuesta. Pero los lunes, en la España de 2026, suelen traer más preguntas.

