Concedamos también la segunda premisa, que es la de enfrente. Feijóo tiene razón cuando dice que un asunto en el que más de setenta mil personas cruzan una frontera en dos días merece explicaciones. No es una cifra que uno pueda archivar en el cajón de lo rutinario. Si el Estado tiene un servicio de inteligencia, y lo tiene, es precisamente para anticipar lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio en el Tarajal. Que la oposición pregunte qué se sabía, cuándo se supo y qué se hizo no es un mitin: es la descripción literal de para qué existe una oposición. Aceptado esto también.
Ahora bien, tenemos dos verdades que conviene poner una junto a la otra, porque juntas dicen algo que ninguna dice por separado. La primera: lo del CNI es tan reservado que no puede contarse en el Senado. La segunda: el propio ministro ofreció esta semana un balance detalladísimo. Nos dijo que el noventa por ciento regresó a Marruecos en cuarenta y ocho horas. Nos dijo que se han devuelto más de doscientos que habrían cometido actos contra la ley, que más de cincuenta renunciaron al asilo, que desde el 10 de agosto más de tres mil doscientas personas retornaron voluntariamente. Nos dijo, incluso, que entre cuatro mil y cuatro mil quinientas siguen durmiendo al raso. Un nivel de detalle admirable.
Sigamos concediendo. El ministro nos explicó que las previsiones de segunda y tercera oleada no se produjeron. Fíjese usted en la frase: había previsiones. Alguien previó. Y previsión es exactamente la palabra con la que se define el trabajo de la casa que no puede venir a explicarse. De modo que sabemos que hubo alertas, sabemos que se manejaron oleadas hipotéticas, sabemos el porcentaje de retornos con dos decimales de conciencia administrativa. Lo único que no podemos saber, por razones de seguridad nacional, es de dónde salió toda esa información que ya nos han contado.
Y aquí la premisa más delicada, que también aceptamos. El Gobierno ha evitado esta vez vincular la crisis a una represalia diplomática de Marruecos. Muy prudente. En 2021 entraron más de ocho mil personas en Ceuta en cuarenta y ocho horas y todo el mundo entendió que Rabat había relajado los controles como respuesta política a la acogida sanitaria de Brahim Ghali. Aquello se contó. Esto se calla. La diferencia entre entonces y ahora no es el número —este verano fue mucho mayor— sino el silencio. Concedamos que el silencio también es una forma de política exterior responsable.
Escribió Quevedo aquello de que «poderoso caballero es don Dinero», pero para este caso viene mejor otra costumbre suya: llamar a las cosas por su nombre hasta que el nombre incomoda. Porque aquí la pregunta socrática se cae por su propio peso. Si el dato es tan sensible que compromete la seguridad del Estado, ¿cómo es que el ministro lo administra por titulares y el servicio de inteligencia no puede administrarlo ante una comisión reservada? Y si el dato no es tan sensible, ¿por qué no puede la directora del CNI decir en sede parlamentaria lo mismo que el Ejecutivo ya ha dicho en rueda de prensa?
Aquí es donde el razonamiento revienta solo, sin que nadie lo empuje. La conclusión a la que nos conduce la lógica oficial es esta: existe un secreto de Estado que consiste en confirmar oficialmente lo que ya sabe cualquiera que leyera un periódico en mayo de 2021. Lo confidencial no es la información; es la firma. Se puede saber, se puede intuir, se puede contar en cifras redondas con dos decimales, pero no se puede reconocer con sello. El bien jurídico que se protege no es la seguridad nacional: es la comodidad de no tener que decirlo en voz alta ante quien pregunta. La casta no defiende el secreto; defiende el derecho a decidir a quién se lo cuenta.
Y la oposición, que tendría a mano el sitio exacto donde preguntar todo esto —esa comisión reservada del Congreso que existe precisamente para materia reservada—, prefiere anunciar que estudia vías judiciales. Prefiere que un tribunal de lo contencioso-administrativo dirima algo sobre lo que, nos advierten, no hay pronunciamiento consolidado en la práctica parlamentaria española. Es decir: en lugar de usar la puerta reservada que tienen, piden la comparecencia pública que no pueden forzar, y cuando no la consigan irán al juez a preguntar si podían. El club funciona así: uno guarda la llave, el otro reclama otra puerta, y usted, que pagó la casa entera, mira el pulso desde la acera de Ceuta, donde cuatro mil personas siguen durmiendo al raso mientras se decide quién explica qué a quién y con qué sello. Todo el ruido institucional, recuérdelo, no ha movido una sola manta.
De modo que la pregunta queda colgada, y no es retórica, porque tiene respuesta y un nombre. Si lo que hay que explicar ya se ha explicado por partes, y solo falta juntarlo en una sala con acta, ¿quién decide exactamente que el lugar donde se junta no puede ser la comisión reservada que la propia ley diseñó para esto: el ministro Torres, que la considera innecesaria, o el líder de la oposición, Feijóo, que prefiere el juez a la puerta que ya tiene abierta?
