El problema no es nuevo, pero su normalización sí preocupa. Cuando una dirección nacional de partido instruye a sus cuadros para frenar un acuerdo regional con el fin de presionar en otra mesa de negociación, el votante de esa comunidad queda reducido a un instrumento de cálculo ajeno. La representación territorial deja de servir al territorio.
Conviene recordar el diseño constitucional. El artículo 152 de la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía atribuyen a cada asamblea legislativa la facultad de investir a su presidente. Esa competencia es propia, no delegada, y no admite tutelas externas que la subordinen a equilibrios fijados en Madrid.
El coste de la parálisis es medible. Cuando una comunidad funciona con un gobierno en funciones, queda limitada para aprobar presupuestos, comprometer inversión plurianual o desarrollar normativa sectorial. El presupuesto prorrogado, según la práctica habitual recogida en las leyes de hacienda autonómicas, congela partidas en cifras del ejercicio anterior, ignorando necesidades sobrevenidas.
No se trata de una abstracción jurídica. Áreas como la sanidad, la educación y los servicios sociales dependen de la capacidad de cada ejecutivo autonómico para ejecutar y reprogramar gasto. El Eurostat sitúa el gasto público subcentral español entre los más elevados de la Unión en proporción al total, lo que mide hasta qué punto el día a día del ciudadano transita por estas administraciones.
La historia democrática ofrece precedentes que invitan a la prudencia. En 1987, los pactos tras las elecciones autonómicas y municipales se gestionaron con una lógica de coordinación estatal que generó gobiernos cuya lógica respondía más al reparto nacional que al resultado local. Aquella experiencia mostró que los acuerdos importados rara vez resisten una legislatura completa.
Más recientemente, los repetidos bloqueos en la formación de gobierno tras varias citas electorales, incluida la repetición de comicios generales en 2016 y 2019, dejaron una enseñanza: la incapacidad para pactar tiene un precio reputacional para todas las partes, no solo para quien obstruye.
La cuestión de fondo es de transparencia. Cuando los términos reales de una negociación territorial se ocultan tras consignas genéricas, el ciudadano no puede evaluar qué se está intercambiando ni a cambio de qué. La opacidad sobre las condiciones de un pacto es, en sí misma, un déficit democrático.
Los partidos tienen legitimidad para coordinar estrategias entre sus distintos niveles. Lo que resulta difícil de justificar es que esa coordinación se imponga sobre la deliberación de una cámara autonómica hasta el punto de impedir cualquier gobierno viable surgido de sus números.
Existe además un riesgo de contagio. Si el chantaje cruzado se acepta como herramienta legítima, cada nueva negociación incorporará la amenaza de bloqueo recíproco como punto de partida. La negociación deja de buscar el acuerdo y pasa a administrar el daño mutuo.
Las instituciones disponen de instrumentos para acotar este deterioro. Los reglamentos de las asambleas autonómicas prevén plazos para la investidura y, agotados estos, la convocatoria automática de nuevas elecciones. Ese mecanismo, pensado como último recurso, no debería convertirse en la consecuencia previsible de una estrategia diseñada lejos del territorio afectado.
Este periódico no juzga las preferencias programáticas de quienes negocian. Reclama que la decisión sobre quién gobierna cada comunidad se resuelva con los datos de cada elección y no como contrapartida de operaciones ajenas a ese electorado.
La pregunta que las direcciones de los partidos deben responder no es a quién benefician estos bloqueos, sino qué confianza dejan en pie. Cada semana de gobierno aplazado por motivos importados es una semana en que la representación territorial sirve a otros que a quienes la eligieron. Corresponde a las asambleas autonómicas, y a quienes en ellas tienen escaño, recuperar la competencia que la ley les reconoce.
