Conviene precisar los hechos. Tras los comicios andaluces del 19 de junio, PP y Vox se sentaron por primera vez para negociar la gobernabilidad de la Junta, según la cobertura de esta semana. En paralelo, en Extremadura el PSOE ha anunciado que condicionará su apoyo a las cuentas de 2026 a que Vox abandone el Ejecutivo autonómico. Son dos escenarios distintos, pero ambos colocan el funcionamiento ordinario de una administración a merced de una condición de partido.
Los presupuestos no son un favor que un grupo concede a otro. Son el instrumento con el que una comunidad financia su sanidad, su educación y sus servicios sociales durante un ejercicio. Subordinar su aprobación a la composición de un Gobierno equivale a tomar como rehén el gasto público para dirimir una pugna entre formaciones.
Del mismo modo, una investidura es el acto en que una cámara dota de legitimidad a quien la presidirá. Que se resuelva mediante el reparto de áreas y la imposición de vetos recíprocos resta a ese acto su carácter institucional y lo reduce a una transacción.
No es un fenómeno nuevo en la democracia española. El precedente más claro es el de las legislaturas autonómicas posteriores a 2015, cuando la fragmentación parlamentaria multiplicó los pactos de gobierno y los presupuestos prorrogados se volvieron habituales. La Comunidad de Madrid llegó a disolver su Asamblea en marzo de 2021 sin haber aprobado cuentas nuevas, en una crisis abierta entre socios de coalición.
Más atrás, la moción de censura que llevó a Adolfo Suárez a perder ascendiente sobre su propio grupo, o las negociaciones presupuestarias de los Gobiernos en minoría de Felipe González en 1993 y de José María Aznar en 1996, mostraron que la estabilidad puede construirse sin convertir cada votación en una amenaza existencial. La diferencia es de método y de respeto a las reglas.
Los datos describen la dimensión del problema. Según el INE, las comunidades autónomas gestionan en torno a un tercio del gasto público total y concentran las competencias de mayor impacto cotidiano sobre los ciudadanos. Bloquear sus presupuestos no es un gesto simbólico: afecta a la prestación efectiva de servicios esenciales.
Este periódico no entra a valorar la legitimidad de que un partido prefiera no compartir Gobierno con otro. Esa es una decisión política amparada por el resultado de las urnas. Lo que cuestionamos es el procedimiento: usar la institución como instrumento de presión, en lugar de separar la formación del Ejecutivo del cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.
La transparencia exige que las negociaciones se expliquen ante quien las paga. Cuando se anuncia una línea roja o un veto, debería detallarse qué consecuencias tendría su mantenimiento sobre el gasto y los servicios. La opacidad con que suelen desarrollarse estas conversaciones impide al ciudadano evaluar quién asume el coste de un bloqueo.
En Andalucía, los actores hablan de cordialidad y de líneas rojas a la vez. Esa ambivalencia es reveladora: la cordialidad sirve para la fotografía y las líneas rojas para la negociación real. El elector merece saber cuáles de esas líneas afectan a la gestión y cuáles son posición de partida táctica.
En Extremadura, condicionar las cuentas a una recomposición del Gobierno traslada a los servicios públicos el coste de un desacuerdo entre formaciones. Si el desacuerdo es legítimo, también lo es exigir que se resuelva sin prórrogas presupuestarias que penalizan a quien nada decide en estas mesas.
La solución no es técnica, sino de cultura institucional. Los reglamentos parlamentarios permiten tramitar presupuestos y mociones por vías separadas; depende de la voluntad de los grupos no fundir ambas cosas en un único pulso. Esa voluntad es lo que este periódico echa en falta esta semana.
Apelamos, por tanto, a las cámaras autonómicas y a sus mesas a preservar la distinción entre el gobierno de una comunidad y su financiación. Las instituciones existen para sobrevivir a las legislaturas y a los partidos que las ocupan temporalmente. Convertirlas en rehenes de la aritmética es hipotecar precisamente aquello que se dice defender.
