Los operativos, ejecutados en la madrugada del miércoles, incluyeron 20 allanamientos que derivaron en 24 detenciones y el aseguramiento de 20 autos, según el reporte difundido por Reimberg en sus redes sociales. Las autoridades ecuatorianas reportaron además la inhabilitación de dos pistas de aterrizaje clandestinas, el aseguramiento de una avioneta, alrededor de 1 mdd en efectivo, quince armas —entre fusiles y pistolas—, 200 municiones de diversos calibres, chalecos antibalas, una tonelada de droga sin especificar el tipo y combustible de aviación.
En el mismo comunicado, el funcionario ecuatoriano detalló una segunda operación, denominada Jericó, resultado de un año de investigación, en la que se detuvo a otras 22 personas tras 16 allanamientos en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, esta última fronteriza con Colombia. En ese operativo se decomisaron 1.5 toneladas de droga —tampoco identificada por tipo— y dinero en efectivo. En conjunto, ambas acciones movilizaron a 300 elementos de policía y 36 fiscales ecuatorianos.
Reimberg calificó los resultados como "un trabajo coordinado con las diferentes agencias de los Estados Unidos" y "un gran golpe a estas estructuras criminales".
La DEA difundió un comunicado en el que respaldó las acciones y las calificó como "una victoria decisiva para la región". El texto, atribuido al general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, sostuvo que las operaciones "asestan un duro golpe a la logística, las finanzas y el liderazgo de una red ilícita regional que ha propagado la corrupción y la violencia en todo el hemisferio occidental".
Según la agencia estadounidense, los operativos también apuntaron contra organizaciones vinculadas a Los Choneros, grupo criminal ecuatoriano al que atribuye el tráfico de cocaína a través de Ecuador y su posterior distribución hacia Centroamérica, México y otros mercados internacionales. Los Lobos, Los Choneros y los Chone Killers fueron designados como organizaciones terroristas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de su política contra los grupos criminales que operan en la región.
De la lavandería financiera a las cortes de EU
El caso se suma a una serie de señalamientos recientes de autoridades estadounidenses contra presuntos operadores del CJNG en distintos puntos de América. En fechas cercanas, la justicia de EU acusó a un mexicano de presuntamente lavar al menos 750 mil dólares para el cártel jalisciense, mientras que una corte de Carolina del Sur imputó a 31 personas por su presunta pertenencia a una red vinculada a Los Zetas y al CJNG, con 59 cargos en total. Ninguno de esos procesos ha derivado, hasta ahora, en sentencias firmes.
El CJNG ha sido señalado en años recientes por autoridades mexicanas y estadounidenses como responsable de rutas de tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia EU, además de una expansión hacia rutas sudamericanas de cocaína. El gobierno de México ha mantenido una política de colaboración con Washington en materia de seguridad, aunque ha insistido públicamente en el principio de no intervención y en el respeto a la soberanía nacional frente a operativos o señalamientos extranjeros que involucren a ciudadanos mexicanos.
Ecuador vive desde enero de 2024 bajo la declaratoria de "conflicto armado interno" decretada por el presidente Daniel Noboa, que habilitó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior frente al avance de estructuras criminales ligadas al narcotráfico transnacional. La medida se dictó tras una escalada de violencia carcelaria y ataques armados que sacudió al país andino ese año.
Pese a esa estrategia, Ecuador cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar alrededor de nueve mil 300 casos, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior ecuatoriano, lo que ilustra la persistencia de la violencia asociada al crimen organizado pese al despliegue militar y policial sostenido durante los últimos dos años.
Un patrón de cooperación que viene de lejos
La coordinación entre agencias estadounidenses y gobiernos latinoamericanos en operativos antinarcóticos no es un fenómeno nuevo: desde la década de 1980, EU ha mantenido programas de cooperación en la región. En el caso mexicano, ese esquema se articuló primero en la Iniciativa Mérida, vigente entre 2008 y 2021, y después en el Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad, salud y desarrollo económico, suscrito por ambos gobiernos en 2021. El actual caso ecuatoriano se inscribe en esa lógica hemisférica de operativos respaldados por la DEA y el Comando Sur.
Por lo pronto, se desconoce si México solicitará información oficial a Ecuador sobre la identidad y situación jurídica de los dos connacionales detenidos, un procedimiento que, de acuerdo con los protocolos consulares vigentes, correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su representación diplomática en Quito. Tampoco ha trascendido si los detenidos cuentan con antecedentes penales en México o si enfrentan procesos judiciales previos vinculados a organizaciones criminales.
La ruta procesal en Ecuador dependerá ahora de la formulación de cargos por parte de la Fiscalía ecuatoriana y de las eventuales audiencias que definan su situación jurídica. En paralelo, cualquier gestión mexicana quedaría condicionada a que la cancillería active la protección consular de los detenidos, un trámite que, de producirse, marcaría el primer pronunciamiento oficial de México sobre un caso que hasta ahora solo ha sido narrado por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses.