La instalación no puede clavarse en el suelo porque debajo persiste una membrana impermeable que sella la basura enterrada y que, según la información técnica difundida del proyecto, no debe alterarse. Por ese motivo, las estructuras descansan sobre losas de hormigón apoyadas en superficie, un sistema que la agencia ambiental estadounidense (EPA) y el laboratorio NREL recomiendan en su guía técnica para este tipo de terrenos, donde los anclajes van lastrados o clavados sin penetrar la cubierta protectora.
La propia naturaleza del subsuelo condiciona el diseño: la basura enterrada se asienta con los años, por lo que resultan más adecuadas las estructuras fijas que las que giran siguiendo la trayectoria del sol. En Annapolis, según esa misma información técnica, la totalidad de los paneles son fijos, con una inclinación de unos 12 grados y orientación sur.
Los 52.416 paneles suman 18 megavatios de potencia máxima en corriente continua, que los inversores convierten en un tope de 12 megavatios en corriente alterna para inyectarlos a la red. La diferencia responde a que los paneles solo alcanzan su rendimiento máximo unas pocas horas al día, por lo que la instalación se sobredimensiona respecto a la capacidad de conexión disponible.
El ayuntamiento calculaba una horquilla de entre 23,8 y 27,4 gigavatios hora anuales, cifra de la que los 22,9 gigavatios hora registrados en 2025 quedan ligeramente por debajo. La planta rinde así en torno al 22% de lo que produciría funcionando a máxima capacidad las 24 horas del día, un porcentaje habitual en la fotovoltaica, que no genera electricidad durante la noche. Esos 12 megavatios equivalen a menos de lo que aporta un solo aerogenerador de 20 megavatios.
Reparto entre condado, ayuntamiento y escuelas
El proyecto arrancó en agosto de 2015 con un contrato de alquiler del terreno por veinte años, y el 28 de julio de 2017 el entonces alcalde Michael Pantelides, el responsable del condado de Anne Arundel, Steve Schuh, y los representantes del consejo escolar y de la empresa BQ Energy firmaron los acuerdos de compra de electricidad. La obra dio trabajo a más de un centenar de personas.
La producción se reparte de forma tasada entre las tres administraciones: el condado se queda con el 50%, el ayuntamiento con el 33% —unos 7.000 megavatios hora al año— y el consejo escolar con el 17% restante, sin que los vecinos puedan comprar directamente esa electricidad, reservada a contratos administrativos a largo plazo. El municipio pagó 7,75 centavos de dólar por kilovatio hora el primer año (unos 6,7 céntimos de euro), con subidas anuales del 2%, mientras el consejo escolar abonó 8,471 centavos.
A cambio, el ayuntamiento obtiene unos 150.000 dólares anuales (130.500 euros) y cubre alrededor del 40% del consumo eléctrico de sus edificios municipales, según sus propios cálculos, con un ahorro estimado de 13.000 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar 2.800 vehículos de la circulación.
El caso de Annapolis no es aislado: el programa RE-Powering de la EPA impulsa la instalación de renovables sobre terrenos contaminados, minas abandonadas y vertederos clausurados, aprovechando que suelen ser de titularidad municipal, carecen de sombras y cuentan con la red eléctrica próxima. Según el último recuento de la agencia, cerrado en diciembre de 2024, existen 624 instalaciones de este tipo con 4.368 megavatios de potencia conjunta, el 88% fotovoltaicas, de las cuales 332 ocupan antiguos vertederos con 1.010 megavatios. La reconversión de suelo degradado en generación limpia entronca con el debate sobre dónde ubicar renovables sin competir con usos como la vivienda protegida.
El ayuntamiento de Annapolis prevé además aprovechar el espacio libre entre las filas de paneles para crear una pradera de polinizadores con algodoncillo, equináceas y rudbeckias, un diseño que estaba terminado en junio de 2025 y que solo aguarda una revisión ambiental antes de plantarse.
