Las viviendas se repartirán entre dos promociones gestionadas por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. La primera, en la parcela FR-81, entre las calles Casiopea e Hydra, contará con 71 viviendas en alquiler, además de locales, trasteros y garaje. La segunda, de mayor envergadura, se levantará en la parcela FR-63 con 178 viviendas, también en régimen de alquiler protegido, junto con locales comerciales y aparcamiento.
Los convenios establecen que las viviendas deberán mantenerse destinadas al alquiler durante un mínimo de 20 años. El 75% de ellas quedará reservado a residentes de Móstoles que acrediten al menos diez años de empadronamiento continuado en el municipio, un requisito que prioriza a la población local. El acceso queda condicionado además a un tramo de renta: podrán solicitarlas personas o unidades de convivencia con ingresos anuales entre 1,5 y 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), según las condiciones fijadas en los convenios.
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado la iniciativa como parte de una estrategia municipal más amplia frente a la escasez de vivienda asequible. «En Móstoles, la vivienda es una de las grandes preocupaciones de la familia, y aquí seguimos dando pasos para encontrar las mejores opciones», ha explicado en un vídeo difundido por el consistorio.
«Gracias al compromiso con Móstoles por parte de la Comunidad de Madrid, estas promociones suponen un importante paso para incrementar la oferta de vivienda con algún tipo de protección en nuestra ciudad», ha manifestado Manuel Bautista, alcalde de Móstoles.
Bautista ha relacionado además el desarrollo residencial con las infraestructuras de transporte previstas para la localidad. «La movilidad mejorará. La línea 10 de metro llegará a Móstoles. Y la conexión con la R-5 está en camino», ha revelado el regidor, en referencia a dos proyectos que el gobierno municipal presenta como complementarios a la expansión del parque de vivienda.
Las 249 viviendas de Móstoles Sur forman parte de un plan municipal que incluye los planes parciales SUS R1 y SUS R4, capaces de activar más de dos millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Junto con el Plan Parcial SUNC-4, estos desarrollos permitirían construir más de 13.000 viviendas en el municipio, de las cuales el 60% contaría con algún tipo de protección oficial. El Ayuntamiento ha puesto en marcha también este año un Plan Especial para el cambio de uso de locales a vivienda, con el que prevé incorporar hasta 3.000 pisos adicionales aprovechando espacios comerciales cerrados o sin actividad.
La tensión en el mercado de la vivienda no es exclusiva de Móstoles: en Baleares, el propio PSOE balear reconoce que Mallorca no puede más tras la creación de 115.000 plazas turísticas, mientras que en Madrid capital el PP trata de resolver el conflicto del llamado ático de Chamberí antes de las próximas autonómicas. El régimen de vivienda de protección pública en alquiler que aplican estos convenios se rige por la normativa autonómica madrileña, que fija los topes de renta ligados al IPREM y los plazos de calificación protegida.
El problema de fondo tiene una dimensión estadística que trasciende lo local: el estudio 'El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014-2025', elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), calcula que unos 1,95 millones de personas sufrían en 2025 lo que denomina «pobreza oculta», es decir, hogares que no son pobres por su nivel de renta pero caen bajo el umbral una vez descontado el coste de la vivienda.
