El real decreto que aprobó aquella estrategia, siete meses después de la crisis migratoria de 2021, instaba en su Línea de Acción número 12 a elaborar un Plan Integral de Seguridad para las dos ciudades autónomas, al considerar que su "situación geográfica" y la "especificidad de la frontera" exigen "una especial atención para garantizar la seguridad". El texto reclamaba también dotar a España de "una capacidad de disuasión creíble" ante amenazas que van "desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional".
Cinco años después, la crisis vivida en Ceuta —cuya gestión Sánchez defenderá en Naciones Unidas— ha puesto en cuestión hasta qué punto ese plan se ha llegado a aplicar. El almirante de la Armada en la reserva Juan Rodríguez Garat sitúa el debate en el terreno de la disuasión más que en el del despliegue masivo de tropas.
"La disuasión es lo que justifica que tengamos a 30 o 40 soldados en el peñón de Vélez de la Gomera. Está claro que no serían suficientes para defender esa plaza frente a una brigada mecanizada, pero si Marruecos toma el Peñón matando a dos de nuestros soldados, evidentemente sabe que estaría declarando la guerra a España", explica Rodríguez Garat, quien extiende ese razonamiento a Ceuta y Melilla: ni una guarnición de 3.000 soldados podría resistir un ataque a gran escala, de modo que la clave, sostiene, es que España mantenga superioridad militar sobre Marruecos.
El general de brigada de infantería en la reserva Salvador Sánchez Tapia coincide en que la función disuasoria no es solo militar. "Las unidades militares y de orden público desplegadas en Ceuta y Melilla son el primer elemento disuasorio porque son las primeras que están en condiciones de actuar en caso de necesidad, pero la función disuasoria es un esfuerzo que compromete a todas las Fuerzas Armadas y ni siquiera es exclusivamente militar, sino que implica coordinar todas las capacidades del Estado en materia de defensa, desde los servicios de inteligencia y contrainteligencia a la diplomacia", afirma.
Las avalanchas como guerra híbrida
Sobre las oleadas migratorias que Rabat habría utilizado como presión —un episodio durante el cual Sánchez pasó 23 días en La Mareta—, Rodríguez Garat considera que España dispone de margen de respuesta sin necesidad de recurrir a medidas encubiertas en la llamada zona gris.
"El Gobierno no necesita recurrir a acciones oscuras en la llamada zona gris, sino que le basta con adoptar decisiones contundentes en el terreno de la economía, de la energía y de la diplomacia. Tenemos cartas suficientes para convencer a Marruecos de que no le conviene volver a repetir lo que acaba de hacer y que ya hizo en 2021. Para ganar esta guerra híbrida, solo necesitamos que nuestro Gobierno sea firme y convenza al de Marruecos de que sus actos tienen consecuencias", sostiene Rodríguez Garat.
Cuando la disuasión falla, entra en juego la defensa efectiva. El Cuaderno de Estrategia 234 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, organismo adscrito al Ministerio de Defensa y firmado por el teniente general Ramón Armada Vázquez —hoy al mando de la misión de la OTAN en Irak—, subraya que los puertos de Ceuta y Melilla son "clave para el sostenimiento de las ciudades y de las Fuerzas Armadas que las guarnecen" y los define como "nodos estratégicos para la seguridad y defensa", especialmente necesarios para la entrada y salida de capacidades militares dada la condición extrapeninsular de ambos territorios.
Un campamento en infraestructura crítica
Esa consideración estratégica del puerto ceutí choca, según los analistas consultados, con la instalación de un campamento para acoger a un millar de inmigrantes en ese mismo recinto, decisión gubernamental que ya han criticado los sindicatos policiales y que se enmarca en el pulso administrativo por el que Ceuta ha requerido a Sánchez resolver en un mes los expedientes de expulsión.
"No estamos en guerra con Marruecos, ni es probable que lo estemos, pero sí estamos sufriendo ataques híbridos y concentrar a todas esas personas en el puerto presenta muchos problemas de seguridad y control porque los puertos deben estar protegidos frente a sabotajes, actos terroristas y ese tipo de actividades", advierte Rodríguez Garat. Sánchez Tapia matiza que desconoce el detalle del despliegue de las carpas, pero coincide en que "potencialmente pueden suponer un riesgo para la seguridad" de una infraestructura que resulta clave para el refuerzo naval procedente de la península.