La comparecencia llega tras el requerimiento que la ciudad autónoma ha cursado a Sánchez por vía administrativa para que en el plazo de un mes resuelva y ejecute todos los expedientes de expulsión pendientes vinculados a la llegada de migrantes. Ese requerimiento fija el trasfondo inmediato de la crisis que el presidente traslada al estrado de Nueva York.
Ceuta ha sido en los últimos meses uno de los puntos de fricción migratoria más visibles de la frontera sur española, junto con Melilla y las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico hacia Canarias. La presión sobre la ciudad autónoma, de apenas 19 kilómetros cuadrados y fronteriza con Marruecos, ha reactivado la disputa competencial entre la Administración local y el Gobierno central en materia de extranjería.
Según el planteamiento del Ejecutivo, Sánchez emplea también su intervención para defender el modelo económico español, que combinaría crecimiento del PIB, creación de empleo y subida del SMI en los últimos ejercicios. El Gobierno sostiene que esa combinación distingue a España de otras economías europeas en fases de estancamiento o ajuste fiscal más severo.
El marco que rige las expulsiones y los expedientes de extranjería en Ceuta se apoya en la legislación española de extranjería y en los acuerdos bilaterales con Marruecos, además de la normativa europea sobre retorno y asilo. La ciudad, que no forma parte del espacio Schengen en los mismos términos que la península, presenta particularidades jurídicas que han generado litigios recurrentes entre las autoridades locales y La Moncloa.
El uso de Naciones Unidas como escaparate de la política interna no es inédito. Distintos presidentes españoles han utilizado la Asamblea General para proyectar mensajes dirigidos tanto a audiencias internacionales como nacionales, especialmente en años de tensión migratoria o económica. La cita coincide con un contexto marcado por conflictos abiertos como la guerra en Ucrania, que ha llevado a medios como El País a organizar un foro de seguridad centrado en su quinto año.
El respaldo al multilateralismo que Sánchez lleva a Nueva York coincide con un momento de cuestionamiento a varios organismos internacionales por parte de sus propios miembros. Venezuela ha pedido a la ONU que cierre la misión que investiga violaciones de derechos humanos en el país, un episodio que ilustra las tensiones sobre los mecanismos de supervisión de Naciones Unidas.
El requerimiento administrativo cursado por Ceuta fija un plazo de un mes para que el Gobierno resuelva y ejecute los expedientes de expulsión pendientes, el horizonte inmediato de la disputa competencial entre la ciudad autónoma y el Ejecutivo central.
