El contraste en el discurso oficial marca la controversia. En las primeras horas de la crisis, el Ejecutivo situó lo ocurrido en Ceuta en el terreno de la seguridad nacional, con expresiones que apelaban a la soberanía del país. Semanas después ese mismo episodio habría pasado a describirse puertas adentro como un fenómeno estacional, coincidiendo con el periodo vacacional del presidente en el archipiélago canario.
La ciudad autónoma reclamaba una respuesta distinta desde el primer momento. Su Gobierno requirió a Sánchez por vía administrativa que resolviera en el plazo de un mes los expedientes de expulsión pendientes, una petición formal que evidencia la distancia entre la gestión local, desbordada por la llegada de migrantes, y el ritmo con el que Moncloa habría abordado el asunto durante el verano.
La actitud del Ejecutivo habría derivado, ya esta semana, en un intento de desentenderse del asunto con una respuesta que remitía la cuestión al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, resumida en un «eso, a Vivas». El viraje se produce después de que Vivas hiciera públicas las peticiones de ayuda que, según sus revelaciones, el Gobierno central habría desoído durante tres días, incluida la solicitud de declarar el estado de alarma ante el colapso de los recursos ceutíes.
El estado de alarma es un mecanismo previsto en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, que permite al Gobierno central asumir competencias extraordinarias en situaciones de crisis que superen la capacidad de respuesta ordinaria de las administraciones. Su declaración exige una decisión política que en este caso no se habría materializado en los plazos reclamados desde Ceuta, según las revelaciones de Vivas.
El precedente de los cayucos de 2006
La gestión de la frontera sur ha generado fricciones recurrentes entre el Gobierno central y los territorios afectados. La crisis de los cayucos de 2006, cuando la llegada masiva de migrantes a las costas canarias puso a prueba la coordinación entre Madrid y las administraciones locales, entonces bajo gobiernos de distinto signo, marcó un antecedente de esa tensión competencial que reaparece en Ceuta.
El papel de Marruecos añade otra capa a la controversia. Según ha trascendido, Marruecos bloqueó el regreso de 800 menores a territorio marroquí antes de la crisis, y tampoco acogió a los 88 fallecidos registrados en el intento de cruce, un dato que ha reavivado las críticas sobre la cooperación bilateral en materia migratoria.
Frente a las acusaciones de gestión tardía, el Ejecutivo defendió su actuación en el traslado de migrantes desde Ceuta y calificó de «irresponsable» la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según su defensa pública del operativo. La confrontación política sobre la crisis migratoria se suma así a las dudas sobre el manejo de la información y los tiempos de respuesta durante las semanas centrales del verano.
La controversia sobre el relato de los solicitantes de asilo también ha entrado en el debate. Una letrada ceutí ha atribuido a organizaciones no gubernamentales la instrucción de relatos «idénticos» entre solicitantes de asilo, una denuncia que se suma al conjunto de cuestiones abiertas sobre la gestión de la crisis en la ciudad autónoma durante estas semanas.