La iniciativa plantea que toda persona que haya asumido de forma libre y voluntaria la responsabilidad compartida del cuidado de uno o varios «seres sintientes de compañía» se convierte en corresponsable de su bienestar integral. Según el articulado, ni la separación, ni el divorcio, ni la terminación del concubinato ni el cese de la convivencia extinguen esa obligación.
El concepto de manutención que propone la reforma es amplio: alimentación, alojamiento, atención médico-veterinaria, medicamentos, rehabilitación y cualquier otro cuidado indispensable según la especie, edad, estado de salud, condiciones físicas y necesidades etológicas del animal. La obligación, precisa el texto, puede cumplirse mediante el ejercicio directo del cuidado o mediante el pago de una pensión.
«En caso de conflicto respecto de la forma de ministrar la manutención, corresponde a la jueza o al juez fijarla, según las circunstancias del caso, privilegiando en todo momento el interés superior del ser sintiente», señala el documento. La propuesta añade que el monto deberá calcularse conforme a la capacidad económica de las personas obligadas y a las circunstancias particulares de cada caso.
Ledesma fundamentó su iniciativa al recordar que la Ciudad de México ya cuenta con la conocida como Ley «¿Quién se queda con el perro?», que resuelve el dilema de la permanencia del animal tras una ruptura, pero sostuvo que hasta ahora no existe una regulación clara sobre quién debe sufragar los gastos una vez decidida esa permanencia. Con la reforma, dijo, se busca establecer «reglas claras sobre el sostenimiento de los animales», incluida su alimentación, las consultas veterinarias y otros gastos.
La legisladora relató el caso de Lucas, un husky que —según explicó ante la Comisión Permanente— llegó a un hogar y se convirtió en un integrante más de la familia hasta que la pareja que lo cuidaba se separó. «Porque Lucas seguía teniendo hambre, seguía necesitando consultas veterinarias, seguía solicitando medicamentos y seguía necesitando cuidados. Porque cuando una pareja termina, la vida de un ser sintiente continúa», afirmó.
De acuerdo con el relato de la diputada, un juzgado familiar determinó en ese caso que quienes habían compartido el cuidado del animal debían seguir compartiendo esa responsabilidad, y ordenó el pago de una pensión alimenticia además de la cobertura proporcional de los gastos veterinarios. «Más allá del monto fijado, lo verdaderamente importante fue el mensaje: los seres sintientes no pueden convertirse en las víctimas invisibles de una separación», sostuvo.
De bien mueble a ser sintiente
La iniciativa se inscribe en una tendencia legislativa que ha ido incorporando el concepto de sensibilidad animal al marco civil capitalino. La propia Ley «¿Quién se queda con el perro?» reconoció a los animales de compañía como seres sintientes para efectos de su custodia tras una separación, apartándose de la lógica que históricamente los trataba como bienes muebles sujetos a reparto patrimonial. El Código Civil vigente en la capital regula desde hace décadas las pensiones alimenticias entre cónyuges e hijos tras un divorcio, pero no contempla de manera expresa la manutención de animales de compañía como obligación jurídica autónoma.
El Congreso de la Ciudad de México ha discutido en años recientes otras iniciativas ligadas al bienestar animal, entre ellas reformas en materia de maltrato y regulaciones sobre tenencia responsable, en un proceso que ha involucrado a distintos grupos parlamentarios más allá de las diferencias partidistas. La propuesta de Ledesma buscaría insertar la nueva figura dentro del capítulo dedicado a las obligaciones derivadas de la disolución del vínculo familiar.
Los siguientes pasos en San Lázaro local
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso capitalino para su análisis y eventual dictamen, paso previo obligado antes de que pueda discutirse y votarse en el pleno. No existe, por el momento, un plazo definido para que las comisiones emitan dictamen, y su avance dependerá de los acuerdos que alcancen las distintas bancadas representadas en la legislatura local.
De prosperar en comisiones, el texto tendría que discutirse y votarse en el pleno antes de poder integrarse al Código Civil local. Su destino dependerá del respaldo que logre entre el resto de los grupos parlamentarios de la actual legislatura, así como del análisis técnico que realicen las comisiones dictaminadoras sobre su viabilidad jurídica y su eventual impacto en los juzgados familiares de la capital.