De confirmarse en los próximos reportes oficiales del BCR, el saldo representaría uno de los niveles más altos de la serie histórica de deuda pública salvadoreña, en un contexto en el que el Órgano Ejecutivo ha sostenido una política de financiamiento apoyada tanto en colocaciones de eurobonos en mercados internacionales como en instrumentos de deuda interna. La deuda previsional, que rondaría los $11,700 millones según la misma fuente, equivaldría a cerca de un tercio del total.
Esa obligación con las pensiones tiene su origen en la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2017, que creó los Certificados de Inversión Previsional como mecanismo para que el Estado asumiera de forma gradual el costo de las pensiones del sistema público que fue trasladado a las AFP en la reforma de 1998. El saldo se ha ido acumulando año con año conforme el Estado emite nuevos certificados para cubrir compromisos previsionales, un pasivo que se arrastra desde hace casi tres décadas.
Una reforma que alivió, pero no detuvo el pasivo
El precedente más relevante para dimensionar el problema es la propia crisis de la deuda previsional que desembocó en la reforma de 2017. Entonces, la Asamblea Legislativa —con el respaldo de las principales fracciones legislativas de aquel periodo— aprobó cambios orientados a aliviar la presión sobre las finanzas públicas mediante la extensión de plazos y el ajuste de las tasas de rendimiento de los CIP. Aquella modificación fue presentada como una solución de mediano plazo; sin embargo, la deuda asociada al sistema de pensiones ha continuado en ascenso desde entonces.
El comportamiento del endeudamiento salvadoreño ha sido motivo de atención constante de los organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus revisiones periódicas del programa de facilidad ampliada acordado con El Salvador, ha señalado en distintos informes la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal y de avanzar en reformas estructurales, entre ellas las vinculadas al sistema previsional. El indicador que habitualmente emplean el BCR y el FMI para evaluar esa sostenibilidad es la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB).
En esa medición, El Salvador ha figurado en años recientes entre las economías centroamericanas con mayor carga de endeudamiento en proporción a su PIB, por encima de Guatemala y en un rango cercano al de Costa Rica y Honduras, según las comparaciones regionales que el propio FMI difunde en sus informes de Artículo IV. El peso del servicio de la deuda condiciona el margen fiscal del Órgano Ejecutivo para el gasto corriente y la inversión.
El financiamiento externo ha sido una vía recurrente en los últimos años, con colocaciones de eurobonos y acuerdos con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estas operaciones requieren, en la mayoría de los casos, la aprobación de la Asamblea Legislativa conforme al artículo 148 de la Constitución, que exige mayoría calificada de los diputados para la contratación de empréstitos voluntarios. La Corte de Cuentas de la República, como ente fiscalizador de los fondos públicos, tiene entre sus competencias la revisión de la ejecución presupuestaria y del endeudamiento, aunque sus informes suelen conocerse con meses o años de rezago frente a los datos que el BCR publica de forma continua.
Réplica pendiente y posiciones enfrentadas
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) ha reclamado en años anteriores mayor transparencia en la publicación desagregada de la deuda, un señalamiento que la organización ha reiterado en sus análisis fiscales.
En sesiones plenarias anteriores, diputados de oposición han cuestionado la falta de detalle sobre el destino de los recursos obtenidos mediante nueva deuda, mientras que voceros del Órgano Ejecutivo han defendido que buena parte del financiamiento se ha dirigido a honrar compromisos previsionales heredados y a sostener el gasto social y la inversión pública, en particular en seguridad bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.
El impacto de la deuda previsional recae de forma directa sobre los cotizantes y pensionados del sistema de AFP, que en los últimos años han visto ajustes en la fórmula de cálculo de pensiones y en los mecanismos de garantía estatal contemplados en la reforma de 2017. Organizaciones de la sociedad civil han insistido en que la sostenibilidad del sistema depende en gran medida de que el Estado cumpla puntualmente con el pago de los CIP a los fondos administrados por las AFP.
De cara a los próximos meses, el Ministerio de Hacienda deberá presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, ejercicio en el que habitualmente se detallan las proyecciones de servicio de deuda y las necesidades de financiamiento del Órgano Ejecutivo. Ese debate presupuestario suele ser el escenario donde se conocen con mayor precisión las cifras actualizadas de deuda pública y previsional, y donde las distintas fracciones legislativas fijan posición sobre el rumbo fiscal del país.
