Rubio Santini contaba con orden de aprehensión por el feminicidio de Lozano, quien falleció el 17 de abril a consecuencia de un disparo de arma de fuego que recibió el 6 de abril, cuando viajaba junto a él —entonces su pareja— en una camioneta Toyota a la altura del cantón Omoha, en el municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala. El agresor huyó del lugar y los familiares de la joven la encontraron hasta la mañana siguiente, cuando ya recibía atención médica en un hospital de la región.
García Harfuch señaló que la detención fue resultado de una acción conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y la fiscalía estatal. El funcionario sostuvo que la captura representa un paso importante para esclarecer el caso y evitar que el crimen contra la estudiante universitaria quede impune, y agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, por el respaldo del gobierno estatal en la ejecución de la aprehensión.
La FGE de Chiapas había ofrecido una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien aportara información que permitiera ubicar el paradero de Rubio Santini, quien figuraba entre los objetivos prioritarios de la dependencia por este caso. Hasta el momento no se han precisado las circunstancias exactas de la captura en territorio sinaloense ni si el detenido opuso resistencia.
El caso ha estado marcado desde abril por los señalamientos de la familia contra las autoridades locales. El padre de la víctima, Benigno Lozano Sánchez, acusó desde que ocurrió la agresión lo que describió como desinterés de la fiscalía estatal por no actuar con la rapidez y la diligencia debidas, y condenó que las órdenes de cateo y de aprehensión se liberaran varios días después del ataque contra su hija, lapso que —a su juicio— facilitó al presunto feminicida evadir la justicia.
De la detención a la vinculación a proceso
Con la aprehensión, el siguiente paso procesal corresponde a la audiencia inicial ante un juez de control, en la que el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba que sustenten la imputación por feminicidio. Será en esa fase cuando se determine si Rubio Santini queda vinculado a proceso, conforme al artículo 19 de la Constitución, y si se le impone prisión preventiva como medida cautelar mientras avanza la investigación. El proceso continuará en los tribunales de Chiapas, donde corresponderá al Poder Judicial del estado resolver sobre la vinculación y, en etapas posteriores, sobre una eventual acusación formal.
El feminicidio está tipificado de manera autónoma en el Código Penal Federal desde la reforma de 2012, que lo incorporó como delito específico cuando la privación de la vida de una mujer se comete por razones de género. La legislación penal de Chiapas contempla también este tipo penal, con agravantes cuando el agresor mantenía una relación sentimental con la víctima, como en este caso.
La captura se inscribe en un contexto de casos de violencia contra mujeres que han motivado protestas de colectivos feministas y de estudiantes de la Unach, que han exigido protocolos más ágiles de búsqueda y sanciones para servidores públicos que incurran en negligencia durante las investigaciones. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas se ha mantenido entre las entidades con incidencia de feminicidios en los últimos años.
El reclamo de la familia Lozano remite a un patrón recurrente en la procuración de justicia mexicana, donde casos de alto impacto han derivado en cuestionamientos por la lentitud institucional en las primeras horas tras una agresión. La respuesta de las autoridades ante feminicidios ha sido objeto de escrutinio público desde hace más de una década, especialmente a partir de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez en los años noventa y dos mil, que colocaron el tema en la agenda nacional e internacional.
La detención se produce en un despliegue reforzado de seguridad en el sur del país, donde el gobierno federal ha priorizado la captura de objetivos con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, en coordinación con gobiernos estatales, como parte de la estrategia de seguridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La FGR y la fiscalía chiapaneca no han precisado si Rubio Santini enfrenta cargos adicionales derivados de otras líneas de investigación ni si su detención guarda relación con hechos ocurridos fuera de Chiapas durante el periodo en que permaneció prófugo.
El desarrollo del proceso dependerá ahora de los plazos de la audiencia inicial, que la ley marca dentro de las horas siguientes a la puesta a disposición del detenido, y de la resolución sobre la vinculación a proceso, en un caso que la familia de la víctima y organizaciones civiles han anunciado seguir de cerca como referente de la respuesta institucional ante los feminicidios en la entidad.