El operativo se originó a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos —conocido por sus siglas en inglés, NCMEC—, organismo que colabora de forma habitual con autoridades mexicanas para identificar sitios y direcciones IP donde presuntamente se aloja material de abuso sexual infantil. A partir de esa alerta, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación que derivó en el mandamiento judicial cumplimentado este jueves.
Durante el desahogo del cateo, los elementos de la Vicefiscalía aseguraron teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras, dispositivos que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar el contenido almacenado y su posible vinculación con otras carpetas de investigación. Entre los indicios asegurados también figuran un chaleco balístico, insignias y credenciales a nombre del detenido de un supuesto ministerio internacional de derechos humanos, cuya autenticidad y función serán motivo de indagatoria adicional por parte de la autoridad ministerial.
«Hasta este momento se cuenta con información de que Óscar Adrián ‘N’ presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que se configura en la comisión de un delito», señaló el fiscal González de los Santos en rueda de prensa. El funcionario precisó que la línea de investigación se centra por ahora en la presunta compra de ese material, conducta tipificada tanto en el Código Penal Federal como en la legislación penal del Estado de Jalisco.
El fiscal adelantó que las pesquisas continuarán «para determinar si el imputado participaba en otros ilícitos como la distribución de material de las mismas características, incluso otros delitos que afectan la integridad de niñas, niños y adolescentes». La propia Fiscalía difundió en sus canales oficiales que el detenido fue capturado bajo la hipótesis de trata de personas en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil.
Tras su detención, Óscar Adrián «N» fue puesto a disposición del juez de control que había librado la orden en su contra, autoridad que deberá resolver en las próximas horas su situación jurídica en la audiencia inicial correspondiente, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa diligencia, el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba recabados hasta ahora —incluidos los dispositivos asegurados en el cateo— para que el juzgador determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al detenido y, en su caso, fije una medida cautelar.
En el sistema penal acusatorio vigente en México desde su implementación plena en 2016, el imputado conserva la presunción de inocencia y el derecho a designar defensor de su elección o a que el Estado le asigne uno de oficio.
El caso se inscribe en una colaboración creciente entre fiscalías estatales mexicanas y organismos internacionales dedicados a la protección infantil en internet. El NCMEC, con sede en Virginia, EU, opera como punto de contacto para plataformas tecnológicas que detectan contenido de abuso sexual infantil y canaliza esos reportes a las autoridades del país donde se ubica la dirección IP correspondiente, un mecanismo que en los últimos años ha derivado en detenciones en distintas entidades del país.
El expediente se suma a una serie de investigaciones recientes en Jalisco vinculadas a delitos contra menores de edad, en un contexto en el que la entidad ha reforzado las capacidades de su Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes para atender denuncias relacionadas con explotación sexual infantil, tanto en su modalidad presencial como en entornos digitales. La coordinación internacional en la materia tiene antecedentes en operativos como los desarrollados desde la década pasada por la entonces Procuraduría General de la República contra redes de distribución de este tipo de material en el país.
La Fiscalía jalisciense subrayó que la investigación permanece abierta y que no se descartan nuevas diligencias, cateos o detenciones conforme avance el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados. La definición de la situación jurídica del imputado se resolverá en las próximas horas ante el juez de control, quien fijará, en su caso, los plazos del cierre de la investigación complementaria.