El reporte de la corporación capitalina detalla que a la detenida se le aseguraron 81 billetes falsos de moneda nacional, con un valor facial que suma 41,500 pesos, cifra que corresponde a la denominación impresa en los ejemplares intervenidos y no a un monto validado por el Banco de México, la institución facultada por ley para emitir dictámenes periciales sobre autenticidad de papel moneda en el país.
Entre los objetos asegurados también se contabilizaron 11 hojas con imágenes de billetes de 100 dólares, además de 10 tarjetas con logotipos de diversas instituciones sin datos personales impresos y 16 sellos de golpe con distintos logotipos institucionales, herramientas que suelen emplearse para simular las estampas de autenticidad de documentos oficiales. La SSC no ha precisado si esos materiales formaban parte de un proceso de impresión ni si la mujer operaba sola o dentro de una red.
El hallazgo de documentación apócrifa fue extenso: los policías reportaron 20 hojas con el relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México, 13 pasaportes, seis credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y tres tarjetas de circulación, todos identificados como falsificados. La corporación no ha ofrecido la identidad de la detenida, su edad ni si cuenta con antecedentes, información que correspondería difundir a la Fiscalía capitalina en caso de que el asunto se judicialice.
Cómo se dio la detención
De acuerdo con la SSC, los policías en campo fueron requeridos por la trabajadora del negocio, quien les indicó que una mujer había intentado pagarle con varios billetes que identificó como falsos por carecer de sellos de seguridad. La denunciante señaló la dirección por donde se retiró la sospechosa y los uniformados le dieron alcance metros adelante, donde practicaron la revisión que derivó en el aseguramiento. La mujer fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación a través del Ministerio Público, deberá establecer si existen elementos suficientes para vincular a proceso a la detenida y determinar el destino de los billetes, sellos y plantillas, que quedarán resguardados como evidencia mientras avanza la indagatoria.
El marco legal aplicable
La legislación mexicana contempla como delitos distintos, aunque con frecuencia conexos, la falsificación de documentos y la de moneda. El Código Penal Federal tipifica en su artículo 234 el delito de falsificación de moneda, sancionable con penas de prisión, mientras que el uso de documentos apócrifos como actas de nacimiento, pasaportes o credenciales de elector puede derivar en responsabilidad penal federal o local, según la institución cuya documentación haya sido falsificada.
En el caso de las credenciales del INE, el instituto ha sostenido que la falsificación de la credencial para votar constituye un delito electoral previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y que su clonación o alteración pone en riesgo tanto la certeza de los procesos comiciales como la seguridad de identidad de las personas cuyos datos pudieran ser usurpados. La credencial para votar es, en la práctica, el documento de identificación de mayor uso en el país, lo que la convierte en objetivo recurrente de la falsificación.
La producción de documentos apócrifos no es un fenómeno inédito en la capital. El primer cuadro del Centro Histórico ha sido señalado por autoridades de seguridad como zona de concentración de talleres clandestinos de impresión de credenciales, actas y pasaportes, utilizados tanto para trámites irregulares como para fraudes. La detención de vendedores de documentos falsos en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo —tradicional punto de impresores en la Ciudad de México— ha sido documentada por las corporaciones locales en distintos operativos de años recientes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana ubica este aseguramiento dentro del despliegue permanente de policías en campo que mantiene en el Centro Histórico, zona de alta afluencia comercial y turística donde la corporación coordina con comerciantes la atención de reportes de fraude, robo y venta de mercancía o documentos falsificados.
La investigación seguirá su curso en la Fiscalía General de Justicia capitalina, que deberá resolver si formula imputación ante un juez de control por los delitos de falsificación de moneda y de documentos. De judicializarse, corresponderá al Ministerio Público solicitar la vinculación a proceso y, en su caso, las medidas cautelares que estime pertinentes dentro de los plazos que fija el sistema penal acusatorio.